En la Conferencia de Copenhague probablemente no habrá acuerdo internacional legalmente vinculante, como se pretende, sino un mero pacto político general sobre políticas climáticas. Es previsible que la Unión Europea vuelva a quedar aislada en estas negociaciones. “La última oportunidad para salvar al planeta de un cambio climático catastrófico” se malogrará, afortunadamente.
El 7 de diciembre de 2009 se inaugurará en Copenhague la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, llamada COP 15 en la jerga del sector. Las sesiones se prolongarán durante dos semanas, hasta el día 18. Participarán representantes de los 192 Estados que han firmado o ratificado la Convención Marco (UNFCCC) de Río de 1992, esto es, prácticamente la totalidad de los miembros de la ONU. Casi ningún otro tratado internacional ha obtenido un respaldo análogo, universal.
La especial atención suscitada por esta conferencia quedará malograda
Más que cualquier otra de las muchas cumbres que la ONU celebra cada año sobre esta materia, la Conferencia de Copenhague ha suscitado una gran expectativa internacional durante los pasados años. Para su preparación, se han celebrado más de una decena de encuentros internacionales de altos funcionarios de los 192 países; la última, en Barcelona a comienzos de noviembre 2009, la anterior en Bangkok un mes antes, a finales de septiembre en la sede de la ONU en Nueva York una cumbre de cerca de cien Jefes de Estado y de Gobierno, en junio 2009 otro encuentro en Bonn.
Durante estos frenéticos dos años se han sucedido declaraciones de muchos altos dignatarios mundiales diciendo que diciembre de 2009 “es la última oportunidad para salvar al planeta de un cambio climático catastrófico” y que “no puede haber un plan B para Copenhague”. ¿Y cual era el Plan A para evitar la anunciada catástrofe mundial?
El núcleo del Plan A era el establecimiento de un conjunto de compromisos nacionales cuantificados de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con fechas de cumplimiento (ante todo, para el cercano año 2020), que al quedar recogidos en un tratado internacional (normalmente, refrendados por los respectivos parlamentos) serían legalmente vinculantes para los Estados. Además, para garantizar su respeto el tratado debería instituir unos mecanismos de verificación y sanción efectivos. Este sistema internacional sustituiría al Protocolo de Kioto, firmado en 1997 y cuya vigencia se extinguirá a finales de 2012.
El acuerdo previsto para Copenhague sería más exigente que el Protocolo de Kioto
Ahora bien, para Copenhague el cometido es muchísimo más exigente que el previsto en el Protocolo de Kioto. Éste, por un lado, sólo fijaba obligaciones para 37 países industrializados y, por otra parte, su reducción de emisiones debía ser tan sólo de 5% en 2012, con respecto a los niveles de 1990. Dichos objetivos de Kioto, al figurar en un acuerdo internacional son en principio legalmente vinculantes, pero en realidad el Protocolo carece de mecanismos coercitivos para hacerlos respetar.
A los países en desarrollo, incluso las grandes economías emergentes como China, India o Brasil, no se les fijó en Kioto ningún compromiso cuantificado de reducción; de otro modo, no habrían suscrito el Protocolo. Únicamente se esperaba de ellos que hicieran “los esfuerzos que estén a su alcance”.
Estados Unidos ha permanecido al margen del sistema de Kioto. El Presidente Clinton y su Vicepresidente Al Gore no se atrevieron a presentar al Congreso para su ratificación el Protocolo de Kioto que ellos habían firmado. Después, George Bush anunció abiertamente su intención de no dar los pasos para su ratificación, mientras que las grandes economías emergentes no asumieran también compromisos vinculantes de reducción, lo que nunca hicieron.
Dicha exigencia no carece de sentido, ya que son los países emergentes los que más rápidamente están incrementando sus emisiones de GEI desde los años 80 y van a seguir haciéndolo a lo largo de muchas décadas. En 2009 China ha superado a EE.UU. como el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero.
China e India siguen basándose en los combustibles fósiles
Tanto China como India están basando su rápida industrialización en la misma fuente de energía que emplearon los países occidentales durante el siglo XIX y comienzos del XX: el carbón, que es el combustible más barato, más abundante en el mundo, pero el que más emisiones GEI produce (aparte de la polución propiamente dicha de dióxido de azufre –SO2– y óxidos de nitrógeno –NOx-, que son los únicos que afectan a la salud humana; los GEI son totalmente inocuos para las personas y las plantas).
Por consiguiente, China e India se oponen rotundamente a asumir compromisos de reducción de GEI que retrasarían seriamente su desarrollo económico, condenando a que siguieran en la pobreza cientos de millones de personas. La elevación del nivel de vida de sus ciudadanos y no la lucha contra el cambio climático es su prioridad y nadie puede pretender seriamente que inviertan dicha prioridad.
En conclusión, un sistema de lucha contra el cambio climático basado en la reducción de los GEI, únicamente podría ser efectivo si sus obligaciones fueran asumidas por la gran mayoría de los países emisores, incluyendo las economías emergentes como China e India.
Otros países desarrollados, como Australia, Japón, Rusia y Canadá, también estuvieron renuentes a ratificar el Protocolo de Kioto de 1997, hasta que la nueva Conferencia de Marrakech en 2001 (la COP 7) les concedió unas condiciones muy poco exigentes para asegurar su participación. De no haber sido por esta argucia el Protocolo nunca hubiera llegado a entrar en vigor, al requerir la ratificación de un mínimo de países y de un cierto porcentaje del total mundial de GEI.
La UE ya fracasó en Bali (2007) en conseguir apoyos
Volviendo a la exigente tarea que se ha venido fijado para Copenhague, hay que recordar que ya en diciembre de 2007 en la Conferencia sobre cambio climático celebrada en Bali (la COP 13), la Unión Europea -como principal impulsora de estas negociaciones internacionales- trató por todos los medios de que se fijasen compromisos de reducción de emisiones para los países industriales, concretamente entre el 25% y el 40% para 2020, respecto a 1990.
Las economías emergentes hubieran quedado nuevamente exentas de compromisos; según la UE su fijación se pospondría a Copenhague en 2009. Por tanto, Estados Unidos volvió a oponerse al planteamiento de la UE y los demás países desarrollados (Australia, Canadá, Corea, Japón…) se colocaron cómodamente tras las faldas norteamericanas, dejando aislada a la Unión Europea que cosechó en Bali un sonado fracaso.
Desde Bali, durante 2008 y 2009 China e India, con el respaldo de la totalidad de los países en desarrollo, han mostrado su completa negativa a asumir ningún compromiso cuantificado de reducción de sus emisiones. Por ello, los dirigentes europeos han acabado aceptando eximir a todos aquellos países de obligaciones cuantificadas y vinculantes.
Además, para incentivarlos a que adopten algunas medidas -voluntarias- de reducción de sus emisiones y, sobre todo, a que estén dispuestos a firmar el nuevo acuerdo internacional post-Kioto, se ha incorporado al texto la propuesta de que los países desarrollados se hagan cargo del coste total de las medidas de los PVDs contra el cambio climático mediante la transferencia de enormes cantidades de recursos financieros: cantidades crecientes, hasta alcanzar 100.000 millones de euros por año a partir de 2020, que se mantendrían durante varias décadas.
La UE intenta comprar el apoyo de China e India con más ayudas al desarrollo
Una vez que la UE les ha puesto la zanahoria delante y después de haberles anunciado grandes calamidades climáticas, no es de extrañar que ahora los países en desarrollo exijan que se doble aquella cantidad, que el mundo desarrollado asuma ya en Copenhague compromisos muy estrictos de reducción de sus emisiones, amenazando con retirarse de las negociaciones de no ver satisfechas sus demandas.
Los dirigentes europeos, enmarañados en las redes por ellos desplegadas, se han encontrado con el hábil pacto sellado en Peking a mediados de noviembre 2009 entre el Presidente Barack Obama y el Presidente de la República Popular China, Hu Jintao. En Copenhague no habrá acuerdo internacional legalmente vinculante, sino un mero pacto político general sobre políticas climáticas, nada de objetivos cuantificados vinculantes por países para 2020. Por lo tanto, estamos ya ante un Plan B para Copenhague.
Los demás países desarrollados volverán a guarecerse tras este pacto EE.UU.-China, dejando aislada otra vez a Europa, que insiste en su Plan A. Aunque en Copenhague se decidirá proseguir las negociaciones durante 2010, nada permite suponer que vaya a alcanzarse entonces el acuerdo que se ha venido preparando tan intensamente durante estos dos años. El muy probable fracaso de Copenhague conduciría con toda seguridad al fracaso de todo el proyecto, algo más adelante, aunque se intente ocultar con nuevas e inacabables negociaciones o aguando su contenido.
El malogramiento de la Conferencia de Copenhague pondría de manifiesto que la actual estrategia de control y reducción mundiales de las emisiones de gases de efecto invernadero es, cuando menos, políticamente inviable a nivel internacional.
Para la Unión Europea este proyecto, en lugar de suponer un campo de liderazgo internacional, como ha pretendido hacer, le está conduciendo hacia su aislamiento, descrédito y empobrecimiento.
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