La aprobación del Presupuesto federal se ha hecho de forma que permitirá que la reforma y rebaja general de impuestos pueda aprobarse más rápida y fácilmente en el Congreso, quizá antes del final de este año. Menores impuestos deberían impulsar una mayor actividad económica en el país.
(Año reciente no identificado)
[Nota Posterior: No es cierto que en esta fecha se aprobará el Presupuesto federal de 2018. Se trató, únicamente, de un trámite previo. No obstante, este trámite previo tuvo mucha importancia porque abrió la puerta a que en diciembre se aprobara la reforma fiscal por un procedimiento más fácil para los republicanos]
El 19 de octubre el pleno del Senado aprobó, con los exclusivos votos de los republicanos (51 a 49), el proyecto de Presupuesto federal para el año fiscal 2018. Uno de los senadores republicanos (Rand Paul, que suele ir por libre y oponerse a casi todas los proyectos de su partido) votó en contra.
La Cámara de Representantes había aprobado su propio Presupuesto a mediados de septiembre, por cuanto en esos momentos había dos diferentes proyectos que, finalmente, deben reducirse a uno solo durante la tramitación.
Aquella misma noche la Casa Blanca emitió una declaración recogiendo el aplauso al Senado del Presidente Trump por sacar adelante dicha resolución y “haber dado un importante paso para poner en práctica la agenda legislativa de la Administración en favor del crecimiento económico y de la creación de empleos”.
Hoy, día 26 de octubre el pleno de la Cámara Baja ha votado, por un muy estrecho margen (216 a 212), el mismo Presupuesto federal que el Senado aprobó el día 19, culminando la unificación de ambos proyectos en uno solo, que ya es definitivo.
El Presupuesto puede abrir la puerta a la reforma fiscal
Este año, el Presupuesto federal acaba de adquirir una relevancia mucho mayor que de costumbre. Los republicanos del Congreso, en paralelo, están avanzando la redacción completa y detallada de una ley de reforma fiscal que modificaría profundamente la fiscalidad de sociedades y de la imposición personal –y otros varios aspectos- después de 30 años.
El líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, ha introducido en el proyecto de Presupuestos una disposición procedimental que puede permitir que la reforma fiscal prospere en el Senado con un mínimo de 50 votos (ellos tienen 52), eludiendo la necesidad de tener que ganar el voto de una serie de senadores demócratas para alcanzar la mayoría cualificada de 60.
Con la votación hoy de los republicanos de la Cámara de Representantes (dirigidos por el católico Paul Ryan), abandonando su proyecto de Presupuesto
Y haciendo suyo la totalidad del Presupuesto del Senado, por un lado ha quedado definitivamente aprobado dicho Presupuesto, evitando el largo proceso de conciliación entre los proyectos adoptados por sendas cámaras.
En segundo lugar, y lo que resulta mucho más trascendental, ha despejado el terreno para que el Senado pueda centrarse casi de inmediato en la discusión de la reforma fiscal desde los primeros días de noviembre, en cuanto los republicanos presenten su proyecto completo el día 1 de noviembre. A finales de septiembre hicieron público un borrador general de su reforma fiscal, carente aún de muchos de los detalles de la reforma.
Todo ello está siendo posible porque el proyecto de Presupuesto ha previsto la posibilidad de que a lo largo de los 10 próximos ejercicios se produzca una bajada de impuestos que totalice 1,5 billones (continentales, con doce ceros) de dólares. Este gran recorte en la recaudación fiscal (por la bajada de los tipos de la imposición directa sobre las sociedades y las personas físicas), sin embargo, irá acompañado casi con total seguridad de la eliminación o minoración de toda una serie de deducciones fiscales que actualmente obtienen muchas de las empresas y de las personas físicas. En términos netos sí que se reduciría la presión fiscal, pero no tanto como da a entender aquella previsión de los 1,5 billones de dólares. El déficit federal aumentaría, pero tampoco en esa cifra tan elevada. Además, la actual Administración tiene la convicción de que la reducida presión fiscal sobre las sociedades estimulará su inversión, incrementará la contratación de empleados y, en definitiva, generará un mayor crecimiento económico –más o menos sostenido, en el entorno del 3%-, trayendo consigo nuevos ingresos fiscales para la hacienda federal (la IRS).
El principal objetivo legislativo de los republicanos del Capitolio y del presidente Trump en estos momentos es precisamente sacar adelante la bajada de impuestos para fin de año o, como tarde, para comienzos de 2018, como su gran baza para las elecciones de noviembre de 2018.
“Aprobar este Presupuesto es decisivo para alcanzar la reforma fiscal, de forma que podamos fortalecer nuestra economía tras años de un lento crecimiento bajo la anterior Administración”, declaró el dirigente republicano del Senado, Mitch McConnell, tras la votación del Presupuesto la noche del día 19 de octubre.
El proceso legislativo del Presupuesto federal y de las auténticas leyes de apropiación (o de gastos)
El proceso en EE.UU. es especialmente prolongado, siete meses, en comparación con otros países occidentales.
Hay que recordar que en EE.UU. el año fiscal comienza el 1 de octubre, concluyendo el 30 de septiembre del siguiente año. Recibe el número del segundo de estos años, esto es, el ejercicio del que se está discutiendo ahora es el FY 2018 (FY significa año fiscal)
El proceso legislativo anual comienza a principios de febrero con el envío al Congreso del proyecto de Presupuestos elaborado por la Casa Blanca. Ahora bien, es preciso aclarar que este proyecto sirve principalmente de orientación en cuanto a las prioridades de la presidencia y, habitualmente, sufrirá importantes cambios hasta concluir su tramitación en el Congreso.
Para el 15 de abril los respectivos comités del Congreso deberían tener preparado el texto de una resolución fijando los techos de gasto para cada departamento y programa, que serían discutidos por los respectivos plenos durante el resto de la primavera y el verano, de forma que para el 1 de octubre todo el proceso legislativo estuviese concluido y entrasen en vigor los nuevos presupuestos de gasto.
A diferencia de lo que podría pensarse, el Congreso falla con frecuencia en cumplir los plazos establecidos, teniendo que recurrir a la extensión de los presupuestos del año en curso, cuando vence su periodo de validez. Esta es, por ejemplo, la situación que se vive en el Capitolio desde el 1 de octubre de este año y que Trump salvó llegando a un acuerdo con los demócratas para prorrogar los anteriores presupuestos hasta mediados de diciembre, evitando la paralización de la Administración federal.
Cuando ambas Cámaras del Congreso adoptan distintos proyectos de Presupuestos, hay dos posibilidades. La vía normal consiste en constituir un órgano de reconciliación, formado por representantes de las dos cámaras que durante varias semanas o meses negocian un único documento. La otra opción, cuando el tiempo apremia especialmente, es que una de las Cámaras renuncie a su proyecto y adopte el aprobado por la otra cámara.
No obstante, a diferencia de las prácticas habituales en Europa, el Presupuesto federal finalmente aprobado por el Congreso no llega a tener carácter de ley ni, por consiguiente, debe de ser firmado por el presidente, constituyendo una simple resolución del Congreso.
Los techos de gasto en él fijados no son de obligado cumplimiento, sino meramente orientativos de las posiciones predominantes en la colina del Capitolio cada año.
El Presupuesto aprobado por el Congreso, además de sus recomendaciones para el siguiente ejercicio, debe incluir las previsiones de gasto e ingresos para los siguientes 4 años, que se derivarían de las políticas propuestas en ese momento, de manera que ofrece una perspectiva a medio plazo de las políticas públicas.
El instrumento legislativo que determina los efectivos límites de gasto de los diversos órganos integrantes de la Administración federal son 12 leyes de apropiación (que en España podrían llamarse presupuestos de gastos) correspondientes a otras tantas ramas de la Administración que –más o menos- coinciden con los departamentos federales. Estas 12 leyes sí que han de ser firmadas (o vetadas) por el presidente, y deberían haber estado vigentes para antes del día 1º de octubre. El presidente tiene que aceptar o rechazar el conjunto de cada una de estas 12 leyes, no puede modificarlas parcialmente. El veto del presidente podría ser invalidado por el voto de los 2/3 de ambas cámaras legislativas, lo que no suele resultar fácil de conseguir.
Aquellas 12 leyes deben ser aprobadas por el Congreso tras la adopción de un único Presupuesto, pero suelen irse elaborando y negociando en paralelo, desde mayo o junio.
Desde la Ley de Control Presupuestario (Budget Control Act) de 2011, y hasta el FY 2021 (si no es derogada antes dicha ley), existe un último paso del proceso legislativo presupuestario, al que se conoce popularmente como el mecanismo del secuestro (sequestration).
Consiste en una serie de normas legislativas sumamente complejas que, con el propósito de limitar un excesivo crecimiento de los déficits presupuestarios federales y el consiguiente aumento de la deuda federal, fija una serie de límites a los gastos de tipo discrecional, de manera que si el Congreso trata de superarlos, el sistema del secuestro pone un tope de gasto insuperable cada año.
Este mecanismo opera automáticamente pero, como todo en Washington, permite una cierta negociación para su puesta en práctica entre la Casa Blanca y el Congreso.
Para concluir acerca de este sistema de autocontrol del Congreso, es importante recordar que hay una serie de gastos exentos del secuestro, lo que permite que sean fijados más o menos libremente, para no tener las manos atadas ante sucesos imposibles de prever. Son los gastos para hacer frente a “desastres naturales”, para otras “necesidades ante emergencias” y, cuestión importante, “contingencias de operaciones en el exterior y de la guerra contra el terror” (conocidas con las siglas OCOs, de su nombre en inglés), que pueden dar mucho juego.
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