Obama reaccionó a la pérdida del control de la Cámara Baja extralimitándose en el ejercicio de los poderes ejecutivos. Además, durante sus dos mandatos, concentró poder en las agencias federales, el escrutinio de cuyas medidas no es tan estricto como para los departamentos ministeriales. En definitiva, Obama incurrió en sucesivos abusos de poder.
La reacción de Obama a su parcial pérdida de poder fue incurrir en abusos de poder
Desde las elecciones a mitad de mandato (midterm) de noviembre 2010 los demócratas perdieron el control de la Cámara de Representantes, en lo que constituyó el primer rechazo de los votantes a las políticas de Obama, a los 2 años de su elección. Ya no volvieron a recuperarlo bajo dicho presidente.
Una de las formas en que Obama reaccionó a esta situación de cohabitación política (divided goverment) fue extralimitándose (overreach) en el ejercicio de los poderes ejecutivos. Las órdenes ejecutivas del presidente son similares a un decreto-Ley en el ordenamiento español, con la decisiva diferencia de que en EE.UU. no requieren el posterior refrendo del parlamento.
Casi todos los presidentes han pasado por una cohabitación en alguno de los periodos de su mandato, y la tentación de dejar de lado al Capitolio estuvo presente. En el caso de Obama, la diferencia ha sido la frecuencia con que ha caído en dicha práctica y la importancia de los asuntos en que ha excedido sus atribuciones constitucionales. Pasó a constituir parte de su estilo de gobierno.
Referidos únicamente a los años 2015 y 2016 (años en que residí en el país), expongo a continuación cinco de estos casos.
Por otro lado, una crítica recurrente de los republicanos a la actual Presidencia ha sido la concentración de poder en las agencias federales, el escrutinio de cuyas medidas (como, por ejemplo, sus instrucciones informales) no es tan estricto como las adoptadas por los departamentos ministeriales.
Además, esa centralización ha erosionado a menudo las competencias de los Estados, que en EE.UU. forman una parte esencial del federalismo que preside el sistema político del país; los Estados fueron previos a la Unión, lo contrario que en España.
Intento de legalizar a millones de inmigrantes mediante un decretazo
1) En diciembre de 2014 Obama promulgó una orden ejecutiva presidencial (executive order), denominada DAPA (Deferred Action for Parents of Americans), concediendo entre otras cosas la casi legalización a unos cuatro millones de inmigrantes ilegales que ya residían en EE.UU., y que eran padres de ciudadanos o residentes legales. Varias de las principales disposiciones de la DAPA fueron paralizadas por un juez federal de Tejas en febrero de 2015, a petición del Estado de Tejas y otros 25 estados (todos ellos con gobernadores republicanos), por vulnerar los procedimientos administrativos federales (Administrative Procedure Act).
Esta decisión fue ratificada por un Tribunal de Apelación en noviembre de 2015. El asunto pasó al Tribunal Supremo, quedando suspendida la parte principal de los programas de esta orden.
En definitiva, lo que estaba en juego es que el Presidente Obama pretendía modificar -de hecho- la legislación federal de inmigración aplicable a varios millones de personas sin pasar por el Congreso, mediante la excusa de la falta de medios administrativos para aplicar la legislación en vigor.
Políticamente se justificaba en que anteriores Administraciones habían efectuado regularizaciones parciales, entre ellas la de Ronald Reagan en los 80s. No obstante, aquellas medidas habían tenido un alcance muy inferior a la que pretendía Obama; la de Reagan, por ejemplo, solo amparó a unas 250.000 personas, a pesar de que la actual Casa Blanca pretendió situar la cifra en un millón.
La mayor derrota judicial de la Administración Obama
Finalmente, el Tribunal Supremo aceptó la sentencia del tribunal inferior el 23 de junio de 2016, quedando paralizada definitivamente la mayor parte de la orden ejecutiva de Obama. El diario pro-demócrata Washington Post calificó este resultado como “la mayor derrota judicial de la Administración Obama”.
La nueva Administración emprenderá iniciativas legislativas en esta materia en una dirección muy diferente a la del actual presidente, por lo que la orden de diciembre de 2014 no tiene posibilidades de ser rescatada en modo alguno.
El Tribunal Supremo suspendió -provisionalmente- el decisivo Plan de Electricidad Limpia
2) El 2 de febrero de 2016 el Tribunal Supremo suspendió la aplicación de una serie de disposiciones clave del Plan de Electricidad Limpia (Clean Power Plan), que la Administración Obama adoptó en agosto de 2015.
Dicho plan había sido elaborado por la todopoderosa agencia medioambiental (EPA, Environmental Protection Agency), a iniciativa de la Casa Blanca.
25 Estados y varias organizaciones empresariales habían demandado suspender la puesta en práctica del plan por considerar que la EPA había excedido la autoridad que le concede la Ley del Aire Limpio (Clean Air Act), que es la principal norma que regula la calidad del aire y la contaminación atmosférica.
Otro motivo aducido por alguno de los magistrados es que en este (como en otros casos) se viene concediendo a algunas de las agencias federales implicadas la potestad de interpretar por sí mismas aspectos confusos de las leyes aprobadas por el Capitolio. Esto supone un abuso de poder, en menoscabo del legislativo. Este probela, que ya sucedía en ocasiones mucho antes de 2009, se ha intensificado bajo la Presidencia de Obama.
El Plan continuará suspendido hasta que el Tribunal Supremo juzgue el fondo del asunto
Esta suspensión estará en vigor hasta que el Tribunal Supremo decida sobre el fondo del litigio, esto es, la legalidad del plan.
El motivo de que el Tribunal Supremo decidiera suspender la aplicación del plan parece residir en el comportamiento abusivo de la EPA bajo Obama en anteriores litigios, en los que el tiempo que se precisó para alcanzar una sentencia permitió que la EPA introdujera casi todas las medidas prácticas que buscaba, que no habrían podido ser desmontadas en caso de una sentencia en contra.
En el litigio que nos ocupa, septiembre de 2016 era el plazo que los Estados tenían para presentar sus planes y, poco después, comenzar a ponerlos en práctica. El caso Michigan v. EPA es un ejemplo del comportamiento abusivo de la agencia medioambiental.
La política de hechos consumados ha sido practicada con cierta asiduidad por la Administración Obama, para dejar sin efectos las sentencias judiciales que pudieran resultar desfavorables para sus políticas.
El Clean Power Plan ordenaba a los Estados la puesta en marcha de planes mediante los que reducir las emisiones de CO2 de las centrales térmicas existentes un 32% en 2030, respecto a los niveles de 2005. Esta readaptación supondría muchas decenas de miles de millones de dólares por año de inversión, durante un periodo de 15 años.
La agencia medioambiental (EPA) realmente buscaba acabar con la minería del carbón
Esta política de la EPA iba encaminada a acabar prácticamente con la minería del carbón en ese país, la mitad de cuyas grandes empresas ya han debido cerrar a causa de otras medidas adoptadas por la Administración Obama, en lo que se ha denominado “la guerra contra el carbón”.
No es de extrañar que la casi totalidad de los principales Estados productores de carbón (4 de 5, Wyoming, West Virginia, Kentucky y Pennsylvania) votaron el 8 de noviembre a Donald Trump.
Las reservas recuperables estimadas de carbón de EE.UU. (255 miles de millones de toneladas. Fuente: EIA, 2016) permiten dos siglos y medio de explotación, al ritmo de los pasados años: mil millones de tn al año.
El Plan de la Electricidad Limpia suponía la principal medida para cumplir el Acuerdo de Paris
El Clean Air Plan representaba la primera medida efectiva que Estados Unidos iba a adoptar para limitar la emisión de gases de efecto invernadero por parte de las centrales eléctricas del país.
Dicho de otro modo, suponía la medida de mayor envergadura para tratar de combatir el calentamiento global, aparte del discutible programa de los biocombustibles, en vigor desde la Presidencia de Bush. La más que cuestionable política contra el cambio climático está siendo una de las principales obras de la Administración Obama y parte esencial del legado que este Presidente desea que perdure.
Pero sin las disposiciones suspendidas, los compromisos que Obama adquirió en la Cumbre del Cambio Climático en Paris en diciembre 2015, serían papel mojado y su legado se esfumaría.
El propio acuerdo internacional de Paris, está ahora tambaleándose. Sin la aportación de EE.UU. ningún otro país acometerá reformas de calado, reformas que en todo caso hubieran sido perjudiciales para la economía mundial y para los países en desarrollo.
La sentencia definitiva sobre el Clean Power Plan se espera para los primeros meses de 2017.
Con independencia de cuál vaya a ser la sentencia final, la nueva Administración ya ha anunciado que cambiará en profundidad la normativa aplicable a las centrales térmicas de carbón, lo que supondrá un gran impulso para aquellos Estados productores y la electricidad más barata que resultará será un impulso para el conjunto de la economía nacional durante un largo periodo de tiempo.
El Tribunal Supremo obligó a la agencia medioambiental (EPA) a tomar en cuenta los costes ocasionados por sus reglamentos
3) El 29 de junio de 2015 el Tribunal Supremo sentenció que la agencia medioambiental EPA pretendía regular la contaminación del aire sin tener en cuenta los costes que ocasionaría.
Se le conoce como el caso Michigan v. EPA, al haber sido promovido por aquel Estado y otros 20 más cuya generación de electricidad es muy dependiente del carbón, así como por varias organizaciones empresariales y compañías eléctricas.
Los demandantes aducían que los nuevos requisitos impuestos por la EPA supondrían unos costes anuales de unos 9.600 millones de dólares para las centrales térmicas del país, que son unas 600; dichos costes serían trasladados a los consumidores en las facturas de la electricidad.
La normativa de la EPA (denominado Mercury and Air Toxic Standards, MATS), fuertemente respaldada desde la Casa Blanca, imponía severas limitaciones a la emisión de mercurio y de otros elementos contaminantes por las centrales térmicas.
En toda la historia del país, ninguna Administración nunca había sentido la necesidad de establecer este tipo de restricciones; hasta aquel momento no había ningunos límites en vigor, ni bajos ni altos.
Los demandantes opinaban que los riesgos para la salud estaban siendo sobrestimados por la EPA y que el verdadero objetivo de la Administración Obama era acabar con la minería del carbón con este pretexto sanitario.
Según un artículo publicado en el Wall Street Journal, “la sentencia supone el último chispazo en el debate entre la Administración Obama, las compañías eléctricas y los republicanos sobre el equilibrio que debe haber entre la protección ambiental y de la salud y las condiciones necesarias para el crecimiento económico» del país.
La EPA pretendía causar 9.600 millones de dólares de costes al sector privado, sin evaluarlos
Por otro lado, este es el primer asunto de gran alcance (9.600 millones de dólares anuales) para el que la EPA no había efectuado un sistemático análisis de coste – beneficio. Los demandantes creían que si se dejaba pasar este caso, la EPA iría repitiendo este mal procedimiento.
En España no es infrecuente oír este tipo de argumento de “hay que hacerlo, cueste lo que cueste”, cuando se refiere a alguna política de la izquierda. Esto supone la ideología pasando por encima de la racionalidad y de un modo responsable de legislar.
El Tribunal Supremo de EE.UU. estableció lo contrario en su sentencia de junio de 2015. Con ello, redujo considerablemente la posibilidad de que ni la EPA ni ninguna otra agencia federal volvieran a intentar repetir la jugada de ignorar los costes de las regulaciones que adopten.
Tras esta sentencia la EPA analizó los costes, los presentó a un tribunal inferior que, de manera definitiva, aprobó la nueva normativa (MATS) de la agencia medioambiental en junio de 2016.
No obstante, tras esta aprobación, algunas de las empresas eléctricas cuestionaron ante los tribunales el modo empleado por la EPA para calcular los costes y los supuestos beneficios, litigio que sigue su curso.
Intento de arrebatar a los estados la gestión de 500.000 km2 de humedales y arroyos
4) El 9 de octubre de 2015 un tribunal federal de apelación bloqueó la puesta en práctica, en todo el país, de una reglamentación de la agencia medioambiental EPA, conocida vulgarmente como la “norma del agua” (water rule), que la agencia había emitido el anterior mes de mayo.
La normativa medioambiental trasladaría a la Administración federal (a la EPA) la supervisión de la calidad del agua referente a las cuencas de pequeños ríos y riachuelos, y a sus humedales que, hasta entonces venía correspondiendo a las Administraciones estatales.
La superficie total afectada excedería con mucho medio millón de kilómetros cuadrados, esto es, la superficie de España.
Según lo expresó la revista Forbes: “La Administración Obama ha sufrido hoy un nuevo contratiempo a su propósito de conseguir mediante una reglamentación [de una agencia federal] lo que no es capaz de sacar adelante como legislación” en el Congreso.
Esta gran ampliación de las competencias federales perjudicaría a un gran número de propietarios de aquellas tierras, a granjeros y a ganaderos. Por esa razón 18 Estados rurales del país recurrieron judicialmente, reclamando que dichos humedales y riachuelos permanezcan bajo la autoridad medioambiental de los Estados.
En diciembre 2016 continua en vigor la paralización judicial por lo que aquella norma pasará a ser sometida a la consideración de la nueva Administración y de la nueva dirección de la EPA, que podrían retirar el caso del Supremo, cediendo la competencia a los Estados.
Interferencia con las potestades escolares de los estados
5) El 22 de agosto 2016 un juez federal de Tejas suspendió la aplicación en todo el territorio nacional de las directrices de la Administración Obama para que los estudiantes transexuales de primaria y secundaria, en centros públicos, pudieran utilizar los baños y los roperos del sexo que –en algún momento- hayan elegido que es el que desean, en lugar de su sexo al nacimiento.
Los demandantes han sido los representantes de 13 Estados por vulnerar, entre otros preceptos, los procedimientos administrativos federales (Administrative Procedure Act), lo que constituye un abuso de autoridad.
Esta resolución judicial se produjo justo antes del comienzo del año escolar, por cuanto las directrices no han llegado a ser aplicadas en ningún centro que no deseara seguirlas.
Al igual que en el caso anterior, en diciembre 2016 continua en vigor la paralización judicial por lo que aquella norma pasará a ser sometida a la consideración de la nueva Administración. El fondo del litigio está pendiente de decisión en el Tribunal Supremo.
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