El 1º gran acuerdo bipartidista de este Congreso
El 7 de febrero el Congreso alcanzó un gran acuerdo bipartidista definiendo las líneas maestras de los presupuestos federales EEUU para los ejercicios 2018 y 2019, dejando sin efecto año y medio el tope de endeudamiento. Hasta escasos días antes se estaba intentando negociar simultáneamente, y como parte del mismo paquete, la reforma de la ley de inmigración lo que seguramente habría hecho fracasar toda la negociación, por el gran número de difíciles cuestiones implicadas. La flexibilidad y pragmatismo por ambos partidos ha permitido alcanzar el más importante acuerdo legislativo entre los dos partidos políticos bajo la Presidencia de Donald Trump, despejándose este grave asunto de enfrentamiento hasta bien pasadas las elecciones de mitad de mandato (midterm elections), de noviembre de 2018.
En realidad, el presidente y los republicanos del Capitolio han conseguido una destacada victoria política, ya que el ala izquierdista del Partido Demócrata estaba empecinada en provocar una segunda paralización de la Administración federal (government shutdown) durante un cierto periodo de tiempo, si no se resolvía al mismo tiempo la futura estancia en EE.UU. del millón y medio de inmigrantes “dreamers” (traídos ilegalmente al país por sus padres, de pequeños).
El sonado fracaso de los demócratas al provocar un primer cierre de la Administración en enero, hizo entrar en razón al sector mayoritario de la izquierda parlamentaria. Los activistas más extremos de la izquierda, han rechazado sonoramente estos días el acuerdo en torno a los presupuestos federales.
A partir de aquella batalla política (la paralización de la Administración a mediados de enero), se ha abierto en la colina del Capitolio la posibilidad de sellar otros acuerdos entre ambos partidos, lo que es muy positivo para el país y para la Presidencia de Trump. El empecinamiento del ala izquierdista en bloquear todo acuerdo con la Administración Trump, ha quedado derrotado, por ahora. Pero tras las elecciones de noviembre próximo, ya se verá qué sucede.
La primera gran ley adoptada por este Congreso el pasado 24 de diciembre –la reforma fiscal-, no obtuvo el voto de uno solo de los congresistas demócratas.
Durante por lo menos 2018 (y quizá comienzos de 2019) ha desaparecido –prácticamente- la amenaza de una nueva paralización de la Administración federal (a lo que incorrectamente no pocos denominan un “cierre del gobierno”).
Para aquellos que se sorprendan de la rapidez con que –aparentemente- se ha alcanzado el acuerdo presupuestario del 7 de febrero y que sea para dos ejercicios, conviene recordarles que desde finales de septiembre de 2017 se viene discutiendo esta cuestión de forma casi ininterrumpida entre ambos partidos, aunque durante bastante tiempo no haya aparecido en los titulares.
En el acuerdo presupuestario del 7 de febrero los republicanos han conseguido aquello a lo que más aspiraban: incrementar la financiación de las fuerzas militares. La izquierda también ha logrado su prioridad: ampliar el gasto en programas sociales. En conjunto, el gasto total de los presupuestos de 2018 y 2019 se ha incrementado en 436.000 millones de dólares.
Este gran aumento del gasto ha sido posible porque el Congreso ha dejado sin efecto temporalmente el complejo mecanismo de limitación anual del presupuesto federal instaurado en 2011 (Budget Control Act), conocido popularmente como el sequester, superándose apreciablemente sus topes anuales de gasto.
Gastos de defensa
Los gastos de defensa aumentarán en 315.000 millones de dólares. 80.000 M$ en el año fiscal 2018 (que acaba el próximo septiembre), 85.000 M$ en 2019 y 140.000 M$ en un fondo especial de emergencia en caso de guerra.
Como ha explicado un editorial del Wall Street Journal, “los jefes militares … han explicado en la colina del Capitolio cómo bajos presupuestos y (que sean) carentes de proyección (multianual) están erosionando la preparación en todos los campos, desde los portaaviones a la munición. … Los accidentes y muertes en los entrenamientos se han incrementado en los pasados años por encima de las tasas normales”.
Como ya se examinó hace unos meses, el presupuesto de defensa de EE.UU. se vio reducido un 20% (en términos reales) a la largo de los ocho años de Barack Obama, que concluyeron en 2016. Trump y la derecha quieren recuperar cuanto antes los niveles anteriores y así lo proclamaron durante la campaña electoral, obteniendo el respaldo de los ciudadanos para llevar a cabo dicha política.
También han obtenido fondos otras prioridades del partido GOP, tales como el mantenimiento de los hospitales para los veteranos de guerra (unos 4.000 M$, en dos años).
Las siguientes constituyeron peticiones de ambos partidos.
6.000 M$ para hacer frente a la crisis del uso excesivo de los opiáceos, esto es, de los analgésicos narcóticos, a lo que se comprometió Trump hace unas pocas semanas en su discurso del Estado de la Unión.
Fondos de emergencia adicionales para las comunidades que se vieron perjudicadas por los huracanes en Tejas, Florida y otros territorios al comienzo del otoño; se destinarán nada menos que 90.000 M$, en dos años. La anterior cifra incluye 28.000 M$ para reparación de las infraestructuras comunitarias: viviendas, calles y carreteras, etc. mediante block grants.
Más fondos para la investigación médica de los National Institutes of Health; 2.000 millones, en dos años.
Gastos no militares
Los demócratas han logrado un aumento de 131.000 M$, para dos años. Algunos de estos gastos se han mencionado en los párrafos anteriores, habiendo también los siguientes:
— El programa de asistencia médica para niños y para algunas mujeres denominado Children’s Health Insurance Program (CHIP), ya había sido prorrogado por 6 años por una decisión bipartidista del Congreso en enero. La ley presupuestaria lo ha prorrogado 4 años más.
— Estos dos años se incrementará la financiación para los centros sanitarios de comunidad (community health centers. CHC), que prestan servicio (a coste subvencionado) en zonas rurales y en áreas urbanas de bajo nivel de renta.
— 4.000 M$ para ayuda financiera a universitarios.
— 20.000 M$ se emplearán para la mejora de infraestructuras viarias, de suministro de agua, instalación de banda ancha para internet en las zonas rurales y otras.
— Deducciones fiscales especiales para los afectados por los incendios en California.
La disyuntiva mantequilla o cañones en los presupuestos federales EEUU
A pesar del aumento conseguido por los republicanos para estos dos presupuestos de defensa, muchos de sus dirigentes siguen apuntando al problema de fondo, aún no resuelto.
Como puede observarse en el siguiente gráfico, anteriores presidentes -sobre todo los de izquierda (Bill Clinton, 1994 a 2000, y luego Barack Obama, 2009 a 2016)-, han ido extendiendo el gasto social y, en concreto las transferencias a las personas físicas, hasta alcanzar el 72,1% del gastos federal total. En 1993, último ejercicio de George Bush padre, ascendía a sólo 56,4%.
El concepto de trasferencias a las personas físicas (apenas manejado en nuestro país) comprende las producidas en programas como Medicaid, Medicare, la Seguridad Social, los sellos de alimentos y otras. En España corresponderían a partidas como pensiones, subsidio de desempleo y otras transferencias sociales, becas para educación y otras transferencias corrientes a otras administraciones. Quedan excluidos: pago de intereses de la deuda, gastos de personal federal, gastos y transferencias de capital (para infraestructuras, instalaciones sanitarias, educativas, etc.), los militares y otros.
Fuente: Office of Management and Budget. Casa Blanca
https://www.whitehouse.gov/omb/historical-tables/
Table 6.1 – Composition of Outlays. 1940 – 2023
Nota: Desde 2018 son previsiones.
En la etapa de Obama (2009 – 2016) la expansión de los gastos sociales se debieron enteramente a la puesta en marcha de la reforma parcial de la asistencia sanitaria denominada ObamaCare, puesta en práctica a partir de 2014.
Los gastos en defensa en la Presidencia de Obama no dejaron de contraerse (como porcentaje del gasto federal total) desde 2012 (tras la retirada total de Irak) hasta alcanzar un mínimo del 15% en 2017, bajo Trump pero debido a un presupuesto aprobado bajo Obama. En 2008 (el ejercicio anterior a la entrada de Obama) el gasto militar había alcanzado un máximo reciente de 20,7% (bajo George Bush).
A pesar de los incrementos acordados el 7 de febrero para el Pentágono en 2018 y 2019, su participación en el total apenas aumentará al 15,6% en 2019.
Dicho de otro modo, en tanto no se acometa la reversión de los mecanismo del constante ensanchamiento de los gastos sociales emprendida por Obama, no quedará espacio para financiar adecuadamente a las fuerzas armadas de la única gran potencia occidental, para que pueda hacer frente y contener la expansión mundial de China, la expansión en toda una serie de regiones por parte de Rusia y la interferencia de Irán en gran parte de Oriente Medio.
¿Se han olvidado de los déficits públicos?
Una seria consecuencia del aumento del gasto federal contemplado en los presupuestos para 2018 y 2019, será un gran incremento del déficit público en estos dos ejercicios. La totalidad de los 436.000 M$ de gasto adicional previsto para aquellos dos presupuestos incrementarán el déficit y, por tanto, la deuda pública federal en esa cantidad.
Hace ahora casi dos meses, el 22 de diciembre de 2017, el Presidente Trump y los congresistas republicanos aprobaron la ley de reforma fiscal que, a lo largo de una década, rebajará la recaudación fiscal en 1,5 billones (continentales) de dólares.
Según estimaciones independientes (de la CRFB), en 2019 se alcanzará un déficit público federal de 1 billón (continental) de dólares: one trillion, anglosajón. Déficit que estaba previsto que se alcanzase en 2022 (por el envejecimiento de la población). En el año fiscal 2017 (que acabó en septiembre pasado), el déficit ha sido de 666.000 M$.
En esta cuestión del peso del déficit federal sobre el valor del PIB, la Administración Obama –espoleada por la oposición republicana- dejó una situación bastante saneada. En 2009, el año de la crisis financiera, el déficit alcanzó la cifra máxima del 9,8%. Posteriormente fue disminuyendo, situándose en un saludable déficit de 2,4% del PIB en 2015. En 2017 subió, a un tolerable 3,4% del PIB. Para 2019 la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) prevé un 4,7% del PIB, incluso antes de considerar la reciente decisión del 7 de febrero, para 2018 y 2019.
No son pocos los economistas que han considerado que una vez aprobada la reforma fiscal y los presupuestos federales para estos dos años, la contención fiscal que han exigido los republicanos durante gran parte de la presente década, ha desaparecido. Por otro lado, como es sabido, el Partido Demócrata no ha sido casi nunca proclive a practicar el equilibrio presupuestario, como suele ocurrir con las fuerzas de izquierda respecto a los presupuestos federales EEUU.
Esta vía no puede tener un recorrido muy prolongado. Dentro de no mucho tiempo se estará forzado a aplicar una política correctiva.
Varios de los programas sociales puestos en marcha por Obama, y otros presidentes anteriores, no son gastos discrecionales (discretionary spending), para los que se fija un tope anual, insuperable, sino prestaciones obligatorias (entitlements) para las que simplemente puede estimarse una cifra de gasto. Si se acogen a dichos programas más personas de las previstas, o si su coste medio es superior al estimado, la Administración federal deberá hacer frente a cuanto gasto se produzca por estos conceptos de los presupuestos federales EEUU.
Según todo el mundo reconoce, son aquel tipo de prestaciones obligatorias las que están acelerando el incremento del déficit federal. Hasta el momento presente, la manera de intentar atenuar esa evolución era recortando los gastos discrecionales, que comprenden también los de defensa. El problema se ha ido agudizando ya que este tipo de gastos discrecionales representan únicamente una 1/3 parte del presupuesto total. Cabe vez había menos donde aplicar la poda.
La otra fórmula de afrontar esta cuestión, que el partido GOP va a intentar en algún momento, es rebajar las prestaciones obligatorias, enmendando sus respectivas leyes. No parece que vaya a hacerse ahora, con las elecciones de mitad de mandato (midterm elections) en noviembre. El año 2019 parecería la ocasión más propicia, si los republicanos mantienen sus mayorías en el Capitolio.
Finalmente, al provocar un fuerte crecimiento de la deuda federal ahora, en una fase avanzada del ciclo económico, cuando llegue la próxima crisis o por lo menos la siguiente desaceleración de la economía, el gobierno tendrá un margen muy estrecho para dejar operar los mecanismos de protección social, con el consiguiente aumento del gasto federal.
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