La confederación de empresarios europeos, BusinessEurope, ha advertido a los negociadores de la UE en la Cumbre de Copenhague, que el coste directo para Europa de reducir las emisiones de CO2 un 20% en 2020, sería de 90.000 millones de euros al año, desde 2012 y a lo largo de varias décadas. Además, se aceleraría la fuga de empresas de Europa a otras regiones.
La Unión Europea no debería aumentar del 20% al 30% su compromiso para recortar las emisiones en las negociaciones en curso en Copenhague para el cambio climático, a menos que todos los demás países desarrollados asumieran una obligación de análogo valor, lo que resulta prácticamente imposible hoy por hoy.
Este es el principal mensaje que la confederación patronal europea BusinessEurope ha transmitido el 7 de diciembre en una carta al primer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, quien hasta final de año ocupa la presidencia rotatoria del Consejo Europeo. El motivo de este pronunciamiento es la cumbre que la UE está celebrando en Bruselas los días 10 y 11 de diciembre, en preparación de la propuesta final que la UE presentará en la Conferencia climática que está teniendo lugar estos días en Dinamarca.
La carta está suscrita por Jürgen R. Thumann, presidente de la confederación que agrupa a 40 organizaciones patronales nacionales de los 34 países europeos, miembros o no de la UE, fundada en 1949, que engloba tanto a las empresas industriales como de servicios. De España, es miembro la CEOE.
Rematando la advertencia formulada en la carta a la que nos hemos referido, Jürgen R. Thumann, en declaraciones a los medios en Bruselas el día 8, se preguntaba: “¿Resulta suficiente la propuesta del Congreso de EE.UU. que conduciría en realidad a una reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero de 3% con respecto al nivel de 1990” (en comparación con el actual compromiso de la UE de recortar el 20%)? Y respondía con rotundidad: “Claramente, no”. Lo que le llevaba a repetir que, en estas condiciones, la UE no debe elevar en Dinamarca su compromiso al 30%.
Las preocupaciones de los empresarios europeos por la política climática a que se han lanzado los dirigentes políticos de la UE, “la más ambiciosa que hay en el mundo”, también estuvieron presentes en otra carta al primer ministro sueco del 23 de octubre pasado. “En caso de no alcanzarse en Copenhague un acuerdo equilibrado (de todos los países desarrollados y en desarrollo), las industrias (europeas) intensivas en energía y muchos otros sectores relacionados sufrirán con creciente intensidad (los efectos) del objetivo adoptado unilateralmente por la UE de reducir las emisiones un 20%”. Tratándose de una organización empresarial -que se expresan con suma cautela en el terreno político-, la advertencia no podía ser más clara.
Los impulsores de las políticas climáticas en Europa realizan los máximos esfuerzos para eludir abordar los costes que acarrean dichas medidas, pretendiendo que sólo producirán beneficios y que “la actual crisis climática supone en realidad una oportunidad que no se debe dejar pasar”. Las cifras, cuentan una historia muy diferente. La confederación de los empresarios europeos (en la conferencia del Sr. Thumann el 9 de noviembre 2009 ante el EPC -European Policy Centre-, en Bruselas) cifró en 90.000 millones de euros el coste directo en Europa (sin contar los países de la antigua URSS) de la reducción del 20%, referido tan sólo a un año, 2020 … y el incremento de costes comenzará ya en 2010 y se prolongaría durante varias décadas.
Por otro lado, BusinessEurope completa su posición en la misiva del 7 de diciembre 2009, recordando a los dirigentes de la UE que “para las empresas europeas únicamente podría considerarse exitoso un acuerdo global sobre el cambio climático si reúne” determinadas condiciones, de las que las principales son las indicadas a continuación:
— que “obligue a todos los países desarrollados a unos objetivos de reducción de las emisiones, legalmente vinculantes, de igual entidad”, de forma que las empresas europeas no queden sometidas a obligaciones y gastos muy superiores que los de sus directos competidores occidentales.
— que “se establezcan para los países en desarrollo (PEDs) objetivos o medidas legalmente vinculantes para la reducción de las emisiones en 2020”, lo que se refiere particularmente a las grandes economías emergentes como China, India, Brasil o Corea, que ya compiten en todos los mercados y sectores con las empresas europeas. BusinessEurope acepta, por tanto, que los PEDs en lugar de obligarse a conseguir unos porcentajes de reducción de sus emisiones, pudieran comprometerse en el acuerdo tan sólo a poner en práctica un conjunto de políticas energéticas y otras (reforestación …), siempre que estén suficientemente definidas y cuantificadas.
— que “se cree un régimen universal para la supervisión, informe y verificación (de los compromisos que asuman todos los países), que sea transparente y eficaz”, de modo que las empresas en otras partes del mundo no eludieran sus obligaciones, mientras que en Europa se harían cumplir de manera estricta.
— que “se cree un terreno de juego mundial nivelado (semejante para todos los países) para los productos objeto de comercio internacional” que, mediante ajustes fiscales en frontera o por otros mecanismos compense el mayor esfuerzo y costes que asumirían las empresas de los países desarrollados respecto a las de países en desarrollo, con obligaciones climáticas mucho menos onerosas. En otro caso, se aceleraría el proceso de “fuga de carbono” (deslocalización de empresas en actividades intensivas en energía hacia PEDs, como China), que ya está en marcha. Esta es una demanda que se deriva de manera ineludible del actual planteamiento que se está debatiendo en Copenhague, que apoyan países como Francia, Alemania, EE.UU. y otros. No obstante, no hay que ocultar que encierra una grave amenaza para el sistema de libre comercio mundial, que ha costado 60 años construir y que ha promovido la más larga y próspera etapa de la economía mundial.
— que “se protejan los derechos de propiedad intelectual (patentes, etc.) de la imposición (de un sistema) de licencias obligatorias”, como están reclamando con mucha insistencia China y los demás países en desarrollo, como forma de efectuar una enorme transferencia gratis de tecnologías limpias a dichos países, lo que prácticamente acabaría con la investigación y el desarrollo de punta en todos los sectores relacionados con el cambio climático.
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