James Comey, exdirector del FBI
Hace un par de semanas (el 29 de agosto) concluyó una prolongada investigación de un organismo federal independiente sobre James Comey, quien fue nombrado director del FBI por Barack Obama en 2013 y confirmado, luego, por el Presidente Donald Trump en enero de 2017.
El informe sobre el exdirector del FBI
Dicho informe, de 61 páginas de extensión, concluye inapelablemente que el exdirector del FBI infringió numerosas normas del FBI.
El propósito de James Comey, cabe añadirse, fue obstaculizar -ilegítimamente- el arranque de la presidencia de Donald Trump y -de resultar factible- provocar su pronta recusación (impeachment), aun en ausencia de verdaderas causas objetivas para ello, a través de un complot de las fuerzas políticas y mediáticas del progresismo.
En este enlace se accede a la nota de prensa del Departamento de Justicia, donde se puede consultar el informe completo (al final de dicha nota).
Las frases tachadas (redacted) en los anexos, se debe a la necesidad de no desvelar otras investigaciones en marcha, los procedimientos empleados, los posibles informadores, ni datos clasificados como secretos. Existen detallados protocolos del Departamento de Justicia sobre esta cuestión.
El servicio informativo de la cadena televisiva de centro-izquierda ABC News, relató que en una carta del I.G. Michael Horowitz a un comité del Senado, éste declaraba que su equipo “había revisado más de un millón de ficheros y llevado a cabo más de 100 entrevistas” como parte de su encuesta oficial.
Oficina del Inspector General (I.G.)
En la Administración federal estadounidense existe la figura del Inspector General (que se escribe igual en inglés) en cada uno de los 15 Departamentos federales (ministerios) y en las -poderosas- agencias federales (como la NASA, la CIA, etc.).
En el asunto que nos ocupa, ha sido el I.G. correspondiente al Departamento de Justicia quien ha dirigido esta encuesta interna: Michael Horowitz.
Horowitz fue nombrado I.G. en 2012, por el Presidente Obama. Cuando Trump llegó a la presidencia en 2017 le confirmó en el puesto, en el que aún permanece.
El I.G. inició esta investigación hace mucho tiempo, antes de marzo de 2018; más de 18 meses, en total.
En comparación con los servicios de inspección existentes en varios de los ministerios en España, las Oficinas de los Inspectores Generales en EE.UU. presentan al menos dos grandes diferencias:
A) Además de buscar una mayor eficacia en la aplicación de las políticas públicas de cada departamento, persiguen activamente la erradicación del fraude y de otras ilegalidades, hasta los niveles más altos de la dirección;
y, B) ostentan una capacidad y autonomía de actuación mucho mayor que en España. Un Secretario (esto es, un ministro) debe tener mucho cuidado en no obstaculizar una pesquisa del I.G. y valorar con sumo cuidado si se propone destituirle en mitad de una indagación que pueda afectarle personalmente. Aquellas Oficinas disponen de un amplio equipo de personal, un presupuesto relativamente intocable y demás medios. Casi todas sus investigaciones se inician motu propio, no por órdenes superiores.
Por estos motivos, las Oficinas de los Inspectores Generales se consideran organismos administrativos independientes, gozando de un considerable prestigio.
La decisión del Inspector General (I.G.)
La Oficina del I.G. concluye en su informe que no encuentra indicios de delito, por cuanto no solicita el procesamiento penal del exdirector del FBI James Comey.
El Secretario de Justicia, William Barr, nombrado por Donald Trump, ha sido de la misma opinión.
Ahora bien, el informe critica severamente a James Comey.
Concretamente, le censura por haber “establecido un precedente peligroso… para los 35.000 actuales empleados del FBI” al “no haber salvaguardado la información delicada resultado de su trabajo en el FBI y al emplearla para montar una presión pública para [desencadenar] una acción política”.
(Ver la pág. 60, de conclusiones, del Informe del I.G., al que se accede al final de la nota de prensa)
Detalles sobre esas críticas del informe
A) Mal uso de documentos oficiales del FBI.- Según informa el diario conservador The Washington Times, “James Comey quebrantó las normas del FBI en su manejo de [7] documentos de notas [que Comey había elaborado] sobre sus conversaciones privadas con el Presidente Trump”.
El exdirector del FBI se llevó los originales de dichos memorándums a su vivienda y no mencionó su existencia a los agentes del FBI que se personaron en su domicilio cuando Trump le destituyó. No debía haberlos sacado de las oficinas de la agencia y, desde luego, debió entregarlos al perder su cargo, no conservando ninguna copia.
(Ver las págs. 52 a 59, del Informe del I.G., al que se accede al final de la nota de prensa)
La pretensión de Comey de que dichos documentos de notas eran de su propiedad, es totalmente rechazada en el informe del I.G.: como parte de su trabajo, pertenecen únicamente al FBI.
Intervención en la acción política por parte del director del FBI
B) Utilizar dicha información confidencial para promover una presión política contra el ya Presidente Trump.- Como parece obvio, los jefes del FBI no deben -nunca- utilizar sus puestos para intervenir en la lucha política nacional. Pero James Comey sí lo hizo.
El informe del I.G. (en su pág. 56 y otras) ha verificado que el exdirector del FBI proporcionó al diario The New York Times -a través de una persona interpuesta- parte de la información confidencial contenida en el documento nº 4. El diario de izquierda extrema, inmediatamente hizo pública dichas informaciones, provocando una gran presión mediática sobre el Departamento de Justicia.
“La publicación del contenido de aquellos memorándums en mayo de 2017 -poco después de que Trump destituyese a James Comey- contribuyó a que se nombrara al fiscal especial” para investigar la supuesta connivencia de Donald Trump con las autoridades rusas durante la campaña electoral de 2016.
Finalmente, en marzo de 2019, el informe Mueller exoneró totalmente a Trump de la calumnia de cooperar con Rusia en las elecciones, como expliqué en este artículo.
Pero durante casi dos años la nueva Administración estuvo empantanada a resultas de este complot de la izquierda, sobre lo que me extendí en en un artículo.
Finalmente, en la primavera de 2019, se han puesto en marcha investigaciones sobre la conspiración que el exdirector del FBI y varios de sus próximos colaboradores, el anterior director de la CIA (John Brennan), varios congresistas del Partido Demócrata, el Comité Nacional Demócrata (al encargar el dossier Steele), la Secretaria del Departamento de Justicia -nombrada por Barack Obama- Loretta Lynch, etc.
El Presidente Trump tuvo suficientes razones de peso para destituir al exdirector del FBI
Toda la izquierda estadounidense organizó casi un motín cuando Trump destituyó a James Comey en mayo de 2017, tras conocer parte de sus ilícitos tejemanejes y manipulaciones políticas en su contra. E hicieron de Comey un héroe, víctima de su pretendido afán por “defender nuestro país”.
Acusaron a Trump -entre varios otros delitos- de obstaculizar la investigación sobre sus tratos con las autoridades de Rusia, aunque esos tratos nunca existieron.
Ahora, incluso sin entrar en engorrosos detalles que ya se han desvelado, puede comprobarse que el Presidente Donald Trump tuvo suficientes motivos legítimos para destituir a un desleal funcionario y un conspirador contra el presidente legítimamente elegido por los ciudadanos en noviembre de 2016.
Dentro de poco tiempo el I.G. concluirá una segunda investigación sobre James Comey
Esta investigación comenzó también antes de marzo de 2018. Su campo de indagación es el embuste y manipulación del FBI, bajo James Comey, al tribunal especial sobre actuaciones de contraespionaje, denominado Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC o FISA).
El FBI le ocultó al tribunal que el Dossier Steele contenía informaciones no verificadas, que el Comité Nacional del Partido Demócrata había encargado a un exespía británico del MI6, para tratar de inculpar al candidato Donald Trump de colusión con las autoridades de Rusia de cara a las elecciones de 2016.
Actualmente, dicho dossier está totalmente desacreditado, como un simple ejercicio de desinformación promovida por el Partido Demócrata.
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