Dos altos funcionarios de Hacienda (IRS) testificando en el Congreso, bajo juramento, sobre el fraude fiscal del hijo del Presidente Biden, Hunter Biden. 19 julio 2023.
A mediados de este pasado mes de junio, el hijo del presidente, Hunter Biden (de 53 años de edad, un auténtico ¨bala perdida¨, en el peor sentido), llegó a un acuerdo con el fiscal encargado de la causa por el que él admite su culpabilidad (pleas guilty) en dos delitos, en su versión jurídica menos grave, viéndose casi exonerado de todo lo demás.
Los casos de los que ha venido siendo acusado, son los siguientes:
a) fraude fiscal. En 2017 y 2018 no reflejó en las declaraciones de su renta personal 200.000 $, procedentes de diversos negocios (un tanto turbios, dicho sea de paso); y,
b) posesión de una pistola, para lo que él no estaba autorizado legalmente por su condición continuada de drogadicto.
Este pacto “extrajudicial”, también denominado ¨acuerdo premiado¨ (plea deal), con el fiscal federal David Weiss, del estado de Delaware (lugar de la residencia privada de la familia Biden), evitaría la celebración del juicio, pero aún deberá ser ratificado -o no- por el juez del caso, el 26 de julio, dado el carácter penal de los delitos.
Hunter Biden, hijo del Presidente Biden.
Cuando en junio se hizo público este acuerdo se levantó un gran revuelo mediático, ya que sus términos son muy favorables para el hijo del presidente. Ante todo, Hunter Biden va a eludir el cumplimiento de una condena en prisión, como hubiera sido previsible. Además, el pacto prácticamente deja sin efectos la acusación -totalmente demostrada- de posesión ilegal de un arma, durante años, por ser drogadicto.
La investigación de este fraude fiscal comenzó en 2018
Además de lo beneficioso que resulta dicho acuerdo para el hijo del presidente, ha llamado la atención el larguísimo periodo de tiempo que ha requerido la investigación judicial: de 2018 a 2023.
En EE.UU. la agilidad de este tipo de actuaciones judiciales es incomparablemente mayor que, por ejemplo, en España. Habitualmente no duran más de 6 meses, pero para el hijo del actual presidente ha necesitado unos 5 años: de 2018 a junio de 2023.
Por ello, los congresistas republicanos, desde hace mucho tiempo vienen llamando la atención sobre lo que parecía una dilatación intencionada del procedimiento por parte de altos dirigentes políticos, por ejemplo, del ministerio (Secretaría) de Justicia.
Desde 2018 el fiscal federal encargado de esta causa contra Hunter Biden ha sido David Weiss, que es quien este pasado mes de junio cerró un acuerdo muy beneficioso para el hijo del presidente.
Como se está desvelando ahora, el fiscal David Weiss ha actuado como escudo de los jefes del Departamento de Justicia, aduciendo que él y solo él ha decidido el ritmo y el rumbo de la investigación. Pero, como veremos más adelante, han surgido ahora informaciones de que fueron los altos cargos políticos del departamento de Justicia quienes han controlado, en gran medida, en la sobra, el avance -o no- de la investigación judicial. En cualquier país democrático, esa ruptura de la separación de las tres ramas del poder del Estado resulta inaceptable.
¿Ayudó Joe Biden -de uno u otro modo- a los negocios dudosos o ilegales de su hijo Hunter u obstruye ahora su esclarecimiento judicial?
Lo más grave de todo esto sería que el propio Presidente Biden o, en el pasado, cuando era el vicepresidente bajo Barack Obama, hubiera intervenido -de una u otra manera- para facilitar los trapicheos internacionales de su hijo. Esta vertiente aparece una y otra vez en cada uno de los numerosos causas por los que se investiga al hijo del presidente, causas cuya tramitación progresan a la velocidad de un caracol.
Joe Biden siempre ha pretendido que “ni si quiera quiso hablar con su hijo” de sus actividades “empresariales”. Todo el equipo de la Casa Blanca repite mecánicamente la misma historia … pero poco a poco van apareciendo evidencias que demuestran lo contrario, incluidas algunas de las grabaciones contenidas en el laptop de Hunter Biden que el FBI viene “guardando” y en realidad, ocultando bajo cien candados desde hace años, desde 2019 … para evitar evidencias comprometedoras a Joe Biden. O sea, el FBI está actuando con una motivación política para favorecer a un presidente demócrata, infringiendo muchos de sus protocolos de actuación.
Naturalmente, una de las formas que puede tomar, teóricamente, la interferencia del Presidente Biden en los casos de su hijo, es que los ministros de su Gabinete -como el de Justicia- obstaculicen la investigación de los fiscales o intenten encauzarla por caminos sin salida, equivocados.
“Una justicia con doble rasero”
A diferencia de en España, en EE.UU. aquel tipo de pactos extrajudiciales a los que me referí relativo a Hunter Biden son relativamente frecuentes, pero lo que está en discusión es si Hunter Biden ha recibido un trato mucho más favorable que cualquier otro ciudadano en su situación.
En EE.UU., históricamente, se han venido tomando muy en serio eso de que ¨todos los ciudadanos son iguales ante la ley¨. Si, ahora, Hunter Biden hubiese recibido un trato mucho más beneficioso que el de los demás, resultaría un grave motivo de rechazo social y escándalo político.
Pero, además, esto resulta más llamativo en las presentes circunstancias políticas del país. Concretamente, el expresidente Donald Trump se juega ser condenado a cárcel, durante años … por posesión de documentos clasificados tras haber abandonado la Casa Blanca, entre otros varios cargos. Conviene aclarar que este tipo de situaciones se produce muy frecuentemente con los presidentes tras abandonar su cargo, ya se deba esto a una actuación intencionada o no. Pero nunca antes se había procesado a un expresidente por este tipo de conductas prohibidas.
El diario de centroizquierda The Washington Post lo ha expresado de este modo, recientemente:
“Los republicanos se han quejado de que la condena propuesta [para Hunter Biden] es muy tibia y, además, evidencia que existe una justicia de doble rasero al compararse con las posibles condenas penales a las que podrá tener que hacer frente Trump [que podrían comportar años de cárcel]”.
Tanto el propio Presidente Biden, como su Secretario de Justicia (o “Fiscal General” / Attorney General, como se le llama allí) Merrick Garland han afirmado rotundamente no haber intervenido para nada en los casos judiciales abiertos contra Hunter Biden. Lo mismo ha hecho el Director del FBI, Christopher Wray, en lo que a él le concierne.
Investigación del Congreso sobre los “negocios” de Hunter Biden
Desde hace años el nombre de Hunter Biden aparece periódicamente en los medios sobre unos u otros asuntos sospechosos. Cuestiones relativas siembre a obscuros negocios internacionales, a título personal (como ¨conseguidor¨ o algo parecido) …en Ucrania, China, Kazajistán y Rusia, esto es, en países un tanto raritos, por decirlo suavemente, plagados de corrupción y dinero sucio.
De hecho, ya durante el verano de 2020, cuando se acercaban las elecciones presidenciales en las que resultó triunfador Joe Biden, salió a la luz que éste, inopinadamente, había sido nombrado en 2014 miembro del Consejo de Administración de una de las principales compañías de energía de Ucrania, Burisma Holdings. Durante esos casi 6 años (hasta 2020), Hunter Biden estuvo cobrando 50.000 dólares US cada mes.
Lo extraño es el motivo por el cual una persona que carecía hasta entonces de experiencia en dicha región y que, además, desconocía totalmente el sector energético era pagado 600.000 $ cada año, por una empresa ucraniana de gas natural. Pero, no olvidemos que a lo largo de aquel periodo, desde 2009, el padre de Hunter Biden era el vicepresidente de EE.UU., bajo Barack Obama y que, además, Joe Biden había sido encargado por su jefe de supervisar las relaciones diplomáticas entre EE.UU y Ucrania, por cuanto tenía mucha influencia sobre las autoridades de aquel país.
Finalmente, en enero de este año 2023, los republicanos emprendieron desde el Congreso una investigación sobre el conjunto de las actuaciones sospechosas, internacionales, de Hunter Biden. El Comité de Supervisión de la Cámara Baja, cuyo presidente es el congresista GOP James Comer, es el que está realizando esta investigación parlamentaria.
Comparecen ante el Congreso dos altos funcionarios de la Hacienda (IRS) que denuncian al Departamento de Justicia
En el contexto de esta investigación del legislativo y tras diversas otras actuaciones, finalmente, el día 19 de julio han comparecido ante dicho Comité dos altos funcionarios de la agencia tributaria estadounidense -conocida como IRS, Internal Revenue Service-. Ambos funcionarios llevan en este caso desde hace unos 3 años. La foto de portada de este artículo muestra a estos dos altos funcionarios ante la Cámara Baja del Congreso.
Según informa el diario conservador The Wall Street Journal (WSJ), “En su testimonio ante el Comité de Supervisión, los dos altos funcionarios del IRS describieron lo que ellos califican como los esfuerzos desplegados por el Departamento de Justicia para entorpecer la investigación penal por la defraudación fiscal de Hunter Biden”.
En España es casi impensable -desgraciadamente- que mentir en una comisión parlamentaria acarree graves consecuencias para el declarante. Pero, en EE.UU. alguien que falte a la verdad en una declaración ¨bajo juramento¨ (lie under oath) en el Congreso comete perjurio lo que puede suponerle hasta cinco años de prisión o elevadas multas. Por lo cual, los declarantes -como estos dos altos funcionarios del IRS- han de ser sumamente cuidadosos en lo que afirmen, en que términos utilizan, en este tipo de audiencias en el Congreso.
Dirigentes de la cúpula del Departamento de Justicia obstruyeron la investigación judicial sobre el hijo del Presidente Biden
El diario de centroizquierda The Washington Post, que está totalmente volcado en defender al Presidente Biden y sus políticas izquierdistas, relata del siguiente modo la audiencia en el Congreso el pasado día 19 de julio:
“Los agentes especiales de la agencia tributaria [o IRS] Greg Shapley [quien se autodefinió como votante del Partido Demócrata] y Joe Ziegler [quienes llevan más de 3 años en este caso] han percibido una pauta de ¨muy lentos pasos en la investigación¨ sobre Hunter Biden”.
Volviendo a la crónica del WSJ: “el agente especial Joseph Ziegler afirmó que los fiscales asignados no parecían seguir –a lo largo del proceso- los modos normales de investigación, introduciendo la solicitud de autorizaciones [habitualmente] innecesarias y [otros] obstáculos [roadblocks]”. Por otro lado, mencionaron “irregularidades, como retrasar la adopción de resoluciones judiciales (warrants) [para hacer avanzar la investigación] o dar instrucciones a los investigadores para que eludieran ciertos aspectos [como la posible intervención del Presidente Biden]”.
A pesar de la sistemática negativa del FBI, finalmente, el GOP ha hecho público el documento sobre el eventual soborno a Joe Biden por 5 millones de dólares
En el editorial del WSJ, podemos leer lo siguiente: “[Los dos agentes especiales de la agencia tributaria, IRS] afirmaron que su equipo de investigación no pudo tener acceso al ordenador personal (laptop) de Hunter Biden” que está retenido por el FBI y que según es público, pero no está corroborado, contiene informaciones relativas al fraude fiscal del hijo del presidente, entre otras muchas otras informaciones.
El diario conservador New York Post, desvela muchas otras de las afirmaciones formuladas por los dos funcionarios en cuestión. Es especialmente chocante que “no se haya permitido acceso al equipo judicial investigador al formulario FD-1023 [redactado en junio de 2020], que recoge el testimonio -todavía no verificado por el FBI- de un informante que sostenía que “tanto Joe como Hunter [Biden] aceptaron [en 2016] un soborno de 5 millones de US$, cada uno, del gigante energético ucraniano Burisma”.
Durante años el director del FBI ha estado oponiéndose a desvelar, incluso a los congresistas, aquel documento FD-1023 de su propia organización.
Casualmente, hace escasos días, el Senador Chuck Grassley, republicano, ha tenido acceso a dicho documento del FBI –por sus propios medios-, haciéndolo público.
Se puede acceder a la versión parcialmente censurada (que es lo normal) del FD-1023, pinchando aquí y, luego, volviendo a pinchar en el vínculo con el título “the June 2020 document“, que aparece en los primeros párrafos del artículo.
Este documento confirma las acusaciones transmitidas a un informante del FBI por el propietario de la empresa Burisma, Mykola Zlochevsky, relativas a que en 2016 él organizó la entrega de 10 millones $ a Joe y a Hunter Biden. Sorprendentemente, tres años después de recibir este soplo de un informador habitual (en junio 2020), el FBI sostiene que “¡no ha verificado la verdad o falsedad de dicha información!” … Sin comentarios.
Varios otros posibles escándalos relacionados con Hunter Biden que están siendo investigados
En este artículo solo he querido tratar sobre uno de los graves asuntos que existen en torno al irresponsable e inmoral hijo del Presidente Biden (que quizá afecten también al propio presidente), aquel que más destaca en la actualidad: su defraudación fiscal y tenencia ilegal de un arma de fuego.
Pero lo cierto es que hay varias otras preocupantes cuestiones relacionadas con Hunter Biden -que salpican a su padre y a altos organismos públicos-, como la relativa a un antiguo ordenador portátil (laptop) de Hunter Biden, sobre el que el FBI viene mintiendo desde 2019; algunos aducen que es para “proteger” al actual presidente, que en 2020 fue el candidato demócrata a la Casa Blanca, cuya candidatura podría haberse visto malograda por este asunto. Dicho sea de paso, tanto Twitter como Facebook impidieron que esta denuncia pudiera ser compartida en sus redes antes de las elecciones de noviembre de 2020. Como compañías privadas no infligieron ninguna norma jurídica, pero su pretendido compromiso con la libertad de expresión ha quedado gravemente dañado … una vez más.
También existe la sospecha de que Hunter Biden o su padre recibieran en 2020 (cuando éste era el vicepresidente de EE.UU.) sobornos de 5 millones de dólares de parte de la empresa ucraniana Burisma para que presionara contra un fiscal de Ucrania que estaba indagando un caso de corrupción: Recordemos que el Vicepresidente Biden venía supervisando desde la Casa Blanca -por encargo de Barack Obama- las relaciones de EE.UU. con aquel país y, finalmente, dicho fiscal fue destituido, cerrándose su investigación.
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