El Presidente Trump con Hermanitas de los Pobres
el Día Nacional de Oración, 4 de mayo de 2017
“Uno de los episodios más lamentables de la Presidencia Obama fue su ataque contra las Hermanitas de los Pobres por su resistencia a cumplir la obligación [legal] a entregar anticonceptivos [a las empleadas de sus centros asistenciales, obligación] que había establecído [la Ley de asistencia sanitaria] Obamacare”. “Las hermanitas tuvieron que recurrir hasta el Tribunal Supremo para ver reconocida su libertad religiosa” y quedar exceptuadas de aquella disposición legal.
“Pero cualquiera que piense que esto [la sentencia -incompleta- del Supremo] va a salvarlas [definitivamente] es que subestima el imperialismo cultural de la izquierda estadounidense actual”. (Del editorial del diario Wall Street Journal, del día 18 de enero de 2019. Sólo se accede a su web mediante suscripción)
Y el principal diario nacional de derecha en EE.UU., prosigue su explicación: “La Administración Obama intentó forzar a las Hermanitas de los Pobres (the Little Sisters of the Poor) y a otras organizaciones religiosas a suministrar anticonceptivos a sus empleadas [de centros de asistencia social y sanitaria], en contra de sus creencias.
En 2016 el Tribunal Supremo anuló la amenaza de multas de varios millones de dólares que la Administración Obama se proponía imponer a las monjas, y desplazó el contencioso al tribunal inferior”, para que buscase una solución que respetase a las organizaciones religiosas a no ver violentadas sus creencias.
Aquella sentencia del Supremo fue unánime: 8 a 0, mientras permanecía vacante el noveno puesto, por la muerte aquel mismo año del excelente magistrado Antonin Scalia.
En Estados Unidos, a veces, el Tribunal Supremo no determina plenamente el contenido de una sentencia, sino que fija los criterios generales a seguir y encomienda al tribunal inferior la tarea de delimitar plenamente la sentencia.
Las multas de Obama contra las Hermanitas de los Pobres
La cuantía millonaria de aquellas multas hubiese provocado la bancarrota de la organización de las Hermanitas de los Pobres y de las otras organizaciones religiosas.
A pesar de este grave peligro, gestado voluntariamente por la Administración que tan buena imagen tiene en España, las monjas habían declarado que no estaban dispuestas a quebrantar sus creencias.
En aquel extraordinario país, no sólo las fuerzas políticas conservadoras se resisten denodadamente a dar por perdida una batalla legal o política, sino que la misma actitud de tenacidad es la de las monjas católicas y otras organizaciones cristianas.
Uno de los argumentos prácticos y de sentido común que viene aduciendo la defensa jurídica de las Hermanitas de los Pobres, es que la Administración federal cuenta con varias otras vías para hacer llegar anticonceptivos a las empleadas de organizaciones religiosas, al margen de sus empleadores.
El Departamento de Sanidad y de Servicios Sociales (HHS) ha encontrado que no serían más de 200 los empleadores que se podrían acoger a la excepción que solicitan las religiosas, y que tan sólo el 0,1% de las mujeres estadounidenses (que son 165 millones) dejarían de recibir anticonceptivos, por esta vía. Son unas 165.000 empleadas.
La Administración Trump les ha reconocido la libertad religiosa
En octubre de 2017 el nuevo Presidente Trump emitió una orden ejecutiva que, con carácter provisional, exceptuaba a las organizaciones religiosas de la obligación de entregar anticonceptivos a sus empleadas civiles.
El 7 de noviembre de 2018, el Departamento de Sanidad y Servicios Sociales (HHS, de las siglas en inglés) promulgó un reglamento dando validez permanente a aquella excepción.
Una declaración conjunta de la Conferencia de EE.UU. de Obispos Católicos y del presidente del Comité para la Libertad Religiosa, del 9 de noviembre, aplaudía la decisión de la Administración Trump de “adoptar una reglamentación de sentido común” sobre las empleadas civiles de organizaciones religiosas.
En mi artículo del 13 de noviembre de 2017 se abordaba con cierta amplitud los antecedentes de este contencioso desencadenado por la intolerancia de la Administración Obama.
La nueva ofensiva de la izquierda contra las Hermanitas de los Pobres
Se ha sabido ahora, que este pasado mes de diciembre los Fiscales Generales (esto es, los Consejeros de Justicia) de 13 estados y el del Distrito de Columbia (todos ellos, gobernados por la izquierda) recurrieron el nuevo reglamento del Departamento de Sanidad y Servicios Sociales, para impedir que la excepción acordada en favor de las organizaciones religiosas se aplique en aquellos 14 territorios, y que se mantenga la disposición original del Obamacare.
Entre aquellos estados se encuentran los de California (¡cómo no!), Nueva York (¡cómo no!), Connecticut, Vermont, Hawái, Maryland, Carolina del Norte, Pensilvania y otros más.
La base para realizar esta petición ha sido el carácter inconcluso de la sentencia del Tribunal Supremo de 2016, el cual -al estar incompleta su composición, por la muerte del magistrado Antonin Scalia- optó por limitarse a anular las posibles multas y echar el litigio al tribunal inferior para que ultimara la sentencia, que aún no se ha pronunciado.
El editorial del Wall Street Journal (WSJ) continúa diciendo que “Con los [nuevos] magistrados Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh ahora [formando parte del] Tribunal Supremo, el argumento de que la obligación de entregar preservativos es tan absoluta que incluso debe exigirse a las monjas, es poco probable que prevalezca”.
La izquierda no soporta que alguien ignore sus órdenes ideológicas
Esto lo saben muy bien los recurrentes, pero como expresa el editorial del WSJ: “los progresistas no pueden soportar que alguien, sea donde sea, no acepte sus órdenes ¨culturales¨”, o sea, sus órdenes ideológicas. Su soberbia e intolerancia, no tienen límite.
Quieren pasar como una apisonadora sobre las creencias y valores ajenos, por mucha que sea su verborrea sobre la “inclusividad” y otras mentiras progres. Si creyeran realmente en la tolerancia, no necesitarían inventar conceptos manipuladores como la dichosa “inclusividad”, noción también muy querida por la buenista Comisión Europea.
El 13 de enero de 2019, el día antes de que entrara en vigor el nuevo reglamento del Departamento de Sanidad, el juez federal Haywood Gilliam, de California, emitió un mandamiento judicial paralizando su aplicación (injuction) en los 13 estados y en D.C.
Al día siguiente, la juez federal Wendy Beetlestone, de Pensilvania, emitió una paralización para todo el territorio nacional.
Ambos jueces federales fueron nombrados hace unos pocos años por Barack Obama. El que realmente en EE.UU. haya independencia judicial, no impide que sucedan estas cosas con cierta frecuencia. No hay nada ilegal en ello, pero pone de manifiesto la gran importancia de nombrar a jueces cabales, no sectarios, como está haciendo la Administración Trump desde el primer día, en número de más de medio centenar en dos años.
Estas alianzas, de facto, entre jueces de izquierda y gobernadores de la misma cuerda, son frecuentes. Lo mismo puede decirse del otro lado del pasillo político, claro.
Un futuro presidente demócrata podría reemprender el ataque a las Hermanitas de los Pobres
Que nadie crea que esto lo hace la izquierda por pura pataleta. Tras los actuales mandamientos judiciales el litigio tendrá que volver al Tribunal Supremo, para que realmente juzgue sobre el fondo del asunto.
Pero, si dentro de dos años aún no hay una sentencia firme, quizá un demócrata esté ocupando la Casa Blanca y anule administrativamente el nuevo reglamento del Departamento de Sanidad -desde ahora paralizado-, lo que suspendería el pronunciamiento del Alto Tribunal.
Y vuelta a empezar. Las Hermanitas de los Pobres tendrían que seguir gastando dinero (mucho dinero) en pleitear con la nueva Administración de izquierda.
En todo caso, algo estaría ya meridianamente claro: las Hermanitas de los Pobres y las otras organizaciones cristianas seguirían sin doblegarse, por muy izquierdista que fuese el nuevo presidente de la izquierda, si eso es lo que llega a ocurrir en 2020.
Por cierto, no tendrían razón quienes argumentaran que el radicalismo de izquierda del -eventual- nuevo presidente demócrata sería el producto del radicalismo de Donald Trump. ¿Acaso no fue Barack Obama quien, antes de que Trump llegase a la Casa Blanca, puso en marcha la ofensiva contra la libertad religiosa?
La polarización política de la sociedad estadounidense se fue fraguando lentamente desde hace bastante tiempo, pero fue la presidencia de Barack Obama (2009 – 2016) la que catalizó el radicalismo de izquierda en EE.UU., el peor en mucho más de medio siglo.
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