Ambicioso proyecto de reforma fiscal de los republicanos

Acaba de ser presentado un avance de los principales elementos de una amplia reforma fiscal por parte de la Casa Blanca, que sería la primera gran reforma tributaria desde 1986. Los impuestos de sociedades y el de la renta de las personas físicas serían intensamente recortados, al tiempo que se eliminarían deducciones para compensar la pérdida de recaudación. El proyecto reforma fiscal EEUU aun debe someterse a una ardua tramitación parlamentaria.

 

El Presidente Donald Trump y los dirigentes republicanos del Congreso anunciaron el 27de septiembre un proyecto de reforma fiscal, que es uno de sus planes legislativos estrella para este año y que, en todo caso, debería ser aprobado antes de la próxima primavera ya que la proximidad de las elecciones a mitad de mandato de noviembre de 2018, dificultaría en extremo su aprobación en la segunda mitad de ese año.

Su principal objetivo es la reducción del tipo del impuesto de sociedades desde el actual 35% (que Reagan fijó en 1986) al 20%. El tipo del 35% está totalmente fuera de honda con el mundo occidental actual, en el que ningún gran país de la OCDE (salvo Francia, que no consigue despegar) mantiene tipos tan altos. Referido a las autoridades nacionales, Canadá tiene hoy el 15%, Alemania el 15,8%, el Reino Unido y Polonia el 19%, Japón el 23,4%, y España, Italia, Holanda y Austria el 25%.

No obstante, todo el mundo sabe que a lo largo de estas pasadas décadas los diversos sectores empresariales han ido consiguiendo un gran número de deducciones de todo tipo –específicas para sus actividades- para compensar el alto tipo en vigor (35%) y poder competir con sus competidores extranjeros. La reforma ahora anunciada se propone suprimir la mayor parte de aquellas ventajas fiscales sectoriales y específicas que complican el sistema y favorecen a las empresas con mayor capacidad de presionar a la Administración.

También afecta a las empresas el propósito anunciado de acelerar mucho la amortización de las inversiones en maquinaria y equipos (no en inmobiliario) que, durante los próximos cinco años, podría hacerse al tirón, el primer año tras efectuar la inversión. La nueva maquinaria y equipos precisarán de nuevos trabajadores que las manejen o controlen. Trump sabe muy bien que con el proyecto reforma fiscal EEUU ha de atender la creación de empleo.

Otro elemento de la reforma relativa a las empresas y de importancia para el conjunto de la economía, es la propuesta de ofrecer por una sola vez un tipo impositivo reducido (aún no concretado) para la repatriación a EE.UU. de un enorme volumen de beneficios (2,6 billones, continentales, de US$) que las multinacionales estadounidenses han ido acumulando en el exterior, a la espera de que pudieran beneficiarse de un tipo inferior al 35% actual. Esta situación responde a una absurda norma vigente en el país, según la cual las empresas deben declarar y pagar impuestos en EE.UU. por sus beneficios obtenidos en cualquier país (a lo que en jerga técnica se denomina un sistema impositivo de base mundial). En su lugar, se pasaría a un sistema de base territorial por el que a partir de un cierto momento (posiblemente 2019) sólo pagarían por los beneficios relativos sólo a EE.UU.

La repatriación de buena parte de aquella astronómica cifra (equivalente a 2/3 partes de la producción anual de bienes y servicios de Alemania) permitiría financiar en su totalidad el plan federal de inversiones en infraestructuras para 10 años que ofreció Trump en la campaña electoral u otras iniciativas.

Un segundo gran objetivo de la reforma propuesta consiste en recortar la imposición sobre la renta de gran parte de las personas físicas que, conforme a los republicanos, beneficiaría especialmente a las clases medias y a la mayoría de los trabajadores. El tipo marginal bajaría del 39,6% al 35%; los tramos impositivos se reducirían en número, de 7 a 3, con tipos del 12%, 25% y 35%; la deducción general para personas no casadas doblaría la actual de 12.000 US$ y para las declaraciones conjuntas de cónyuges se doblaría la de 24.000$, lo que simplificaría el actual sistema de cálculo de las deducciones, que es muy complejo; se incrementará la actual deducción de la cuota de 1.000 $ por cada hijo en una cantidad todavía no especificada; se crearía una deducción en cuota de 500$ por cada persona dependiente que no sea un niño (tal como los ancianos). Por otro lado, se suprimiría el impuesto de sucesiones (como sucede, de hecho, en la Comunidad de Madrid), lo que favorece a la gran mayoría de las familias (dado el nivel de sus patrimonios), aunque los más beneficiados serán las personas con más fortunas. No está asegurado que el proyecto reforma fiscal EEUU alcance este objetivo.

Además, se crearía un impuesto específico para los propietarios individuales (sole proprietorships) y las sociedades colectivas o en comandita (partnerships), que constituyen el 95% de los negocios en EE.UU. (y que aportan a la Administración federal la mayoría del ingreso por sociedades) cuyo tipo sería del 25%. Actualmente no se acogen al impuesto de sociedades sino que tributan por el marginal del impuesto personal del empresario, que puede llegar a ser del 39,6%. Como declaró Trump, “este impuesto proporcionaría a las pequeñas y medianas empresas el tipo marginal más bajo en 80 años”. Los importes dejados de pagar a la Administración federal activarían sus negocios y ampliarían su contratación laboral.

Se han previsto mecanismos para evitar que grandes hombres de negocio puedan beneficiarse de este nuevo impuesto (con un tipo del 25%) para los ingresos que puedan considerarse sueldo en lugar de lo que le correspondería por el impuesto de la renta de las personas físicas (que podría llegar al 35%).

La última vez que se produjo una gran reforma de la imposición de sociedades y de la renta de las personas físicas fue hace más de 30 años, en 1986 bajo Ronald Reagan. El tipo de sociedades fue recortado del 50% al 35%, que ha permanecido hasta la actualidad. El tipo marginal del impuesto de las personas físicas fue reducido del 50% al 28%, pero a los pocos años –durante los 90s (bajo Bill Clinton)- subió al 39,6%, que rige en la actualidad.

Este largo periodo de permanencia en lo básico del sistema vigente, no responde a la satisfacción general con el mismo sino que da idea de la dificultad de conseguir reformarlo con la intención de adaptarlo a las nuevas circunstancias. Durante el segundo mandato de Obama se intentó, sin obtener ningún resultado.

El Presidente Trump, que está muy disgustado con el fracaso cosechado hasta ahora en el intento de reformar el sistema sanitario (Obamacare), ha señalado respecto a la reforma fiscal que es imprescindible que se consiga aprobar en el Capitolio, a ser posible antes de fin de año. Si se consigue, lo que no es fácil por la división existente en el propio campo republicano, Trump podría dar por cumplido en gran medida su compromiso electoral con las clases medias y trabajadoras de rebajar el nivel de imposición que soportan, impulsar la actividad económica, favorecer la creación de empleos y la mejora salarial.

De todos modos, a pesar de la fuerte polarización partidista que sufre la política en Washington, es probable que varios senadores y sobre todo congresistas de izquierda que deban revalidar su escaño en noviembre de 2018 acaben votando a favor de la reforma. Votar en contra de una amplia bajada de impuestos poco antes de pedir el voto a los electores no mejora sus posibilidades, sino más bien lo contrario.

Tanto el Senado como la Cámara Baja de EE.UU. tienen unas complejas normas de funcionamiento. En este caso, por ejemplo, los republicanos están intentando incorporar el texto de la reforma fiscal a la ley del presupuesto federal para 2018, para lo que les sería suficiente una mayoría simple, no cualificada. La ley del presupuesto debe necesariamente ser aprobada antes de mediados de diciembre para evitar la paralización total de la Administración federal (o lo que algunos llaman, inapropiadamente, el “cierre del Gobierno”).

En el anuncio del día 27 de septiembre no se especificó cuál sería el monto de la reducción total neta de impuestos, pero el Comité de Presupuestos del Senado ha definido un plan (respaldado por el presidente) conforme al cual dichos ingresos no percibidos ascenderán a 1,5 billones (continentales, con 12 ceros) de dólares a lo largo de una década.

Para los congresistas republicanos esta medida de economía de oferta, al igual que planteó Ronald Reagan al adoptar su rebaja fiscal, impulsará un mayor crecimiento económico, lo que generará una mayor recaudación impositiva (a pesar de la rebaja de los tipos) que probablemente llegue a igualar el recorte de la recaudación, por cuanto la hacienda federal no debería perder muchos ingresos netos, ni añadir más importe a la deuda federal. Esta optimista conclusión es cuestionada por varios economistas.

En cualquier caso, sacar adelante una reforma fiscal de estas características sería un gran logro político que presentar a los electores en las elecciones de noviembre de 2018. Si tras el fracaso por el momento en reformar la sanidad, ahora no sacarán adelante la reforma fiscal los electores se preguntarían ¿para qué nos sirve que los republicanos ocupen la presidencia y tengan mayoría en ambas cámaras?

Además de la gran mayoría de los senadores y congresistas republicanos, han acogido bien este plan las empresas industriales, altos ejecutivos de otro tipo de empresas y grupos y asociaciones conservadores. Los demócratas lo han atacado desde el primer momento aduciendo que sobre todo beneficiará a las grandes fortunas, a pesar de que aún no se han hecho público elementos importantes que afectan a este selecto colectivo. Administraciones municipales e intermediarios inmobiliarios –que perderán ingresos o deducciones- se han pronunciado en contra.

El Presidente Trump viene insistiendo ante sus colaboradores que el tipo de sociedades quede situado en el 20% (no más alto) y que la reforma realmente mejore la condición de las clases medias.

Esta reforma fiscal constituiría un elemento muy importante para el objetivo general de la nueva Administración de retomar una senda de crecimiento económico nacional en torno al 3%, en lugar de la media desde el año 2007 de tan sólo 2% al año. Otra de las medidas decisivas para conseguir la aceleración del ritmo de crecimiento económico es una amplia desregulación de la economía que, ésta sí, se está llevando a cabo desde el mes de febrero ya que está entre las competencias ejecutivas del presidente y de numerosas agencias federales, como la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), el Departamento de Trabajo y la Oficina de Administración de las Tierras (federales, BLM, siglas en inglés), que está anulando muchos de los obstáculos que la Administración Obama levantó contra la explotación de gas natural mediante fracking en dichas tierras.

 

La deducción federal de impuestos estatales y locales (SALT)

Desde comienzos de año la nueva Administración y el Partido Republicano vienen demandando una medida fiscal (de elevación de ingresos) de gran alcance que no aparece en el bosquejo presentado el 27 de septiembre. Varios grupos conservadores y medios de comunicación como el Wall Street Journal presionan estos días para que aparezca en el texto de la proposición de ley que se presente al Capitolio dentro de pocas semanas. Se trata de una reforma demandada por las fuerzas de derecha desde hace décadas, que Ronald Reagan no logró sacar adelante en los 80s.

Esta medida consistiría en la supresión en la imposición federal de la renta de las personas físicas de la posibilidad de deducir de los ingresos brutos los importes pagados a las Administraciones estatales y municipales por una serie de impuestos. Por ejemplo, se pueden deducir los impuestos estatales sobre la renta personal y los municipales sobre la propiedad inmobiliaria (tipo IBI), pero no el impuesto estatal sobre las ventas (sales tax, algo aproximado al IVA). El correspondiente IBI en EE.UU. suele ser entre 4 a 7 veces superior al importe que en España. Puede decirse que el 95% de los impuestos pagados por las personas a aquellas dos Administraciones están exentos de la tributación federal.

La mayoría de la información sobre este tema procede del cuaderno divulgativo del centro de estudios Tax Policy Center de marzo 2017. Este centro de estudios está codirigido por la Brookings Institution y, por tanto, aunque se autodefine como no partidista, más bien se inclina hacia la izquierda.

Esta deducción, conocida por las siglas SALT (State and local tax), es la segunda mayor deducción a la que se acogen los declarantes en EE.UU. y su importe para 2017 se situará en torno a 96.000 millones de dólares.

Comoquiera que los diferentes Estados y municipios aplican sistemas impositivos muy distintos, esta deducción SALT da lugar a una redistribución de la carga fiscal de las personas de unos Estados y municipios (los que tienen una tributación más baja) en favor de los que la tienen más alta. Por ejemplo, de Tejas, las Carolinas y Florida hacia Estados como Nueva York, Massachusetts, California e Illinois-Chicago. De hecho, la SALT constituye un incentivo para que los Estados y municipios eleven su tributación y ofrezcan más servicios, porque sus residentes podrán descontar ese incremento de su declaración a la agencia federal, IRS (Internal Revenue Service). Las personas de Estados menos pródigos deben pagar más a la IRS (al ser más bajas sus deducciones) y no reciben servicios estatales extra.

Los demócratas son quienes más practican políticas de mayor crecimiento del gasto estatal y municipal, ampliando el sector público y por lo tanto, en general, gobiernan Estados y municipios como Nueva York, California, Los Angeles, etc. Lo contrario sucede, habitualmente, con los gobernadores y alcaldes republicanos.

Si en España se adoptara un mecanismo análogo, las comunidades autónomas y las principales ciudades no cesarían de expandir sus gastos, a costa de la recaudación de la Agencia Tributaria nacional.

Además, los Estados más gastadores son los que concentran a buena parte de los sectores multimillonarios progresistas, en el nordeste del país (Boston, Nueva York …), en la costa del Pacífico y en algún Estado de la zona central (del Midwest) como Illinois y Chicago.

En conclusión, la deducción SALT favorece principalmente a las familias más adineradas y desequilibra la recaudación de las diversas Administraciones. En 2014 el 88% de la tributación total no pagada a la Administración federal gracias a la SALT correspondió a los contribuyentes con ingresos superiores a los 100.000 dólares al año, conforme al Comité Conjunto de Asuntos Fiscales del Congreso.

Como se observa en el gráfico de abajo, el 90,7% de quienes declaran a la hacienda estadounidense más de un millón de dólares de ingresos, solicitan esta deducción y, por término medio, se benefician en 260.500 dólares. Por el contrario, las familias con ingresos anuales de entre 20.000 $ y 50.000 $ casi no solicitan esta deducción (el 17%), obteniendo de media 3.800 $.

Visto lo visto, es comprensible que los demócratas, casi unánimemente, se hayan opuesto de entrada a la supresión de esta deducción de ciertos impuestos estatales y locales, pero algunos congresistas republicanos de los Estados y ciudades que salen perjudicados (como Nueva York), que deben defender su escaño en noviembre de 2018, han expresado lógicas reticencias. Pero, como dijimos, el grueso de senadores y congresistas del Partido Republicano han expresado su firme respaldo a esta medida.

La supresión de esta gran deducción representa también una forma de contrarrestar sustancialmente el efecto del recorte fiscal sobre la recaudación y el déficit federales. 96.000 millones adicionales de recaudación, referido tan sólo a un año (2017) o 1,25 billones (millón de millones) de dólares en diez años, sería una importante ayuda para el éxito de la reforma fiscal general a lo largo de los próximos años.

Naturalmente, son posibles soluciones negociadas con algunos demócratas para, por ejemplo, mantener la deducción por adquisición de la primera vivienda para los contribuyentes de baja capacidad económica u otras fórmulas análogas, para sacar adelante el grueso de la reforma fiscal propuesta. Sólo así prosperará el proyecto reforma fiscal EEUU.