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La Administración Trump ha dado un nuevo e importante paso en su programa de liberalización (desregulation) de la economía, tras la excesiva introducción de normativas en los ocho años de la etapa Obama. El Congreso aprobó el 22 de mayo una ley de reforma sector financiero, con apoyo bipartito y Trump la firmó el día 24 de mayo, obteniendo una victoria política. Esta ley reforma muchos aspectos de la ley Dodd-Frank, que Obama sacó adelante en 2010, tras la crisis de 2008, pero no la desmantela, como deseaba Trump y muchos congresistas de derecha.
Según los congresistas republicanos (y medio centenar de sus colegas de izquierda) esta ley, al estimular la concesión de nuevos préstamos, ayudará a consolidar la actual reactivación de la economía de Estados Unidos y la creación de empleos que se está experimentando bajo la presidencia de Donald Trump.
El 22 de mayo la Cámara de Representantes aprobó ampliamente la ley, con apoyo bipartito: 258 – 159. Treinta y tres demócratas, principalmente moderados, se sumaron al proyecto, sobre el que venían negociando muchos meses.
El pasado 14 de marzo el Senado había aprobado su proyecto, de forma también bipartita. Diecisiete senadores demócratas votaron junto a todos republicanos. La votación fue también holgada, 67 a 31.
La normativa aprobada el 22 de mayo en la Cámara Baja, es el mismo texto del Senado, del pasado mes de marzo.
Que tantos congresistas de izquierda (cien) hayan respaldado la reforma bancaria, responde a que desde 2010 se han producido numerosos cierres de los pequeños bancos locales. Por ejemplo, en California, desde 2009, han desaparecido 137 bancos locales. Este subsector ha presionado a los congresistas de izquierda de sus distritos electorales.
La Ley Dodd-Frank de 2010, en palabras del diario de centro-izquierda The Washington Post, “supuso el mayor aumento de la supervisión pública sobre los bancos y las demás instituciones financieras desde la Gran Depresión” (de los años 30, del pasado siglo).
Los grandes bancos, pero del grupo de segunda fila, obtendrán los mayores beneficios, al dejar de estar sometidos al riguroso régimen de los bancos “que no pueden caer”. En EE.UU., a estas instituciones se les denomina “bancos regionales”, y no cubren todos los estados a pesar de su gran tamaño.
Ahora bien, los pequeños bancos locales (community banks) y las cooperativas de crédito (credit unions) -que totalizan unas 5.500 entidades- obtendrán también grandes ventajas.
La nueva ley facilitará la expansión de la actividad y de la red comercial de casi todos los bancos y, particularmente, de los pequeños y medianos.
El principal contenido de la ley, es el siguiente:
A) La ley Dodd-Frank creó un régimen de supervisión bancaria muy exigente, frecuente y costoso (llamada SIFI) para los mayores bancos. Hasta ahora se aplicaba a 38 grandes bancos, que con la nueva ley pasan a ser sólo 12. Los 26 que han quedado fuera, funcionarán con más agilidad, aumentando la competencia entre ellos y con los mayores.
B) Créditos hipotecarios.- Los bancos que solo concedan cada año 500 o menos hipotecas (en donde están comprendidos casi todos los bancos locales), quedarán exentos de rellenar (y remitir al regulador federal) unos engorros cuestionarios, por cada hipoteca.
Además, los bancos medianos y pequeños (los que cuentan con menos de 10.000 M$ de activos), quedarán exentos de las normas que la ley Dodd-Frank exige para el reaseguro de las hipotecas.
C) Por otro lado, los bancos medianos y pequeños (con menos de 10.000 M$ de activos), serán investigados por la Reserva Federal menos frecuentemente que hasta ahora, sus requerimientos de capital serán aliviados y recibirán varias otras ventajas. Todo esto deberá ayudar a los pequeños bancos a centrarse en prestar mejores servicios a sus clientes, en vez de a los reguladores federales.
D) La normativa que se les aplica a los 12 bancos gigantes (casi todos de ámbito nacional), es la que menos cambios experimenta en la nueva ley.
E) Protección de los consumidores.
— Para poder combatir los fraudes de identidad, la Administración de la Seguridad Social gestionará una base de datos en la que las instituciones financieras podrán consultar.
— La ley contiene medidas de protección para los arrendatarios inmobiliarios frente al desahucio de su vivienda en alquiler.
— También figuran formas por las que proteger a los empleados bancarios que llamen la atención de abusos a clientes de mucha edad.
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La Administración Trump ha dado un nuevo e importante paso en su programa de liberalización (desregulation) de la economía, tras la excesiva introducción de normativas en los ocho años de la etapa Obama. El Congreso aprobó el 22 de mayo una ley de reforma sector financiero, con apoyo bipartito y Trump la firmó el día 24 de mayo, obteniendo una victoria política. Esta ley reforma muchos aspectos de la ley Dodd-Frank, que Obama sacó adelante en 2010, tras la crisis de 2008.
Según los congresistas republicanos (y medio centenar de sus colegas de izquierda) esta ley, al estimular la concesión de nuevos préstamos, ayudará a consolidar la actual reactivación de la economía de Estados Unidos y la creación de empleos que se está experimentando bajo la presidencia de Donald Trump.
La nueva normativa se denomina: Ley de Crecimiento Económico, Alivio Regulatorio y Protección a los Consumidores (Economic Growth, Regulatory Relief, and Consumer Protection Act).
El 22 de mayo la Cámara de Representantes aprobó ampliamente la ley, con apoyo bipartito: 258 – 159. Treinta y tres demócratas, principalmente moderados, se sumaron al conjunto de los republicanos, con quienes llevaban negociando muchos meses.
El jefe de la Cámara Baja, Paul Ryan, es quien ha logrado esta victoria parlamentaria en su cámara, declarando: “Este es un importante paso para liberar nuestra economía de una sobrerreglamentación (del periodo anterior)”.
Desafortunadamente, a fines de este año Paul Ryan dejará su puesto y la política activa, al menos durante estos próximos años.
El pasado 14 de marzo el Senado aprobó su proyecto, de forma también bipartita. Diecisiete senadores demócratas votaron junto a todos republicanos, salvo uno de ellos (el extravagante e individualista Rand Paul). La votación fue también holgada, 67 a 31.
La Cámara Baja votó el 22 de mayo, por separado, dos proyectos: uno, el texto de reforma sector financiero que el Senado aprobó el pasado mes de marzo; además, un paquete propio de medidas de reforma adicionales.
El Congreso tan sólo remitió al Presidente Trump la semana pasada el proyecto del Senado de marzo, reteniendo las medidas adicionales para su intento de aprobación en el Senado a finales de este año, sin necesidad de nueva votación en la Cámara Baja, a lo que se ha comprometido el jefe del Senado –el conservador Mitch McConnell-.
De este modo, se ha sacado adelante enseguida la primera parte de la reforma, sin arriesgar que algunos de los 17 senadores de la izquierda cambiasen en este momento el sentido de su voto favorable de marzo.
Como sucede a menudo en EE.UU., varias importantes disposiciones de esta ley todavía habrán de ser desarrolladas por varias agencias federales, como la Reserva Federal, la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission- SEC) y otras.
Que tantos congresistas de izquierda (cien) hayan respaldado la reforma bancaria, no solo responde a la necesidad de algunos de ellos (que habrán de ser reelegidos en noviembre) de poder presentar resultados de su actual mandato. Como ha dicho el consejo editorial del Wall Street Journal, aquello es expresivo de “el Senado es el régimen Dodd-Frank”, que ha forzado a cerrar numerosos bancos locales en las circunscripciones de aquellos congresistas. Por ejemplo, “en California, desde 2009 han desaparecido 137 bancos locales”.
Además, para aquellos congresistas esa decisión no ha sido fácil, ya que la izquierda del Partido Demócrata les ha venido atacando repetidamente por este asunto, hasta el presente. En marzo, en el Senado, la senadora izquierdosa Elizabeth Warren –principal diseñadora de la ley Dodd-Frank en 2010- criticó ásperamente a sus colegas en el pleno de la cámara, lo que es muy inusual.
Por su parte, los senadores y congresistas de derecha y el Presidente Trump, también han tenido que dejar de lado su propósito de hace un año de derogar completamente la ley Dodd-Frank, conformándose con una reordenación parcial del sistema financiero.
Dos de los puntales de la normativa Dodd-Frank –la posibilidad de que la Administración federal se haga con el control de bancos en situaciones de emergencia, y las normas para los productos derivados-, entre otros asuntos, permanecerán como hasta el presente y, probablemente, permanezcan en vigor muchos años.
La Ley Dodd-Frank de 2010, en palabras del diario de centro-izquierda The Washington Post, “supuso el mayor aumento de la supervisión pública sobre los bancos y las demás instituciones financieras desde la Gran Depresión” (de los años 30, del pasado siglo).
A quien favorecerá más la presente ley
Nadie discute que los grandes bancos, pero del grupo de segunda fila, obtendrán los mayores beneficios, al dejar de estar sometidos al riguroso régimen de los bancos “que no pueden caer”. En EE.UU., a estas instituciones se les denomina “bancos regionales”, para diferenciarlos de los realmente mayores, que operan en todo el territorio nacional y en el extranjero. Son bancos como el BB&T, SunTrust, Keycorp, American Express y Fifth Third.
Ahora bien, los pequeños bancos locales (community banks) y las cooperativas de crédito (credit unions) -que totalizan unas 5.500 entidades- obtendrán también grandes ventajas.
Estos pequeños bancos, no los más grandes, son los que más han sufrido los rigores regulatorios de la ley Dodd-Frank desde 2010. Los grandes cuentan con una enorme capacidad para hacer frente a las exigencias reglamentarias, a diferencia de los bancos locales.
El consejo editorial del Wall Street Journal llama la atención a que “los tres mayores bancos – J.P. Morgan, Wells Fargo y el Bank of America- han pasado de acumular en 2007 el 20% del valor depositado, al 32% en la actualidad”. Añadiendo que “alrededor del 45% de las nuevas cuentas de 2017 se abrieron en uno de aquellos tres mayores bancos”. Concluyendo que “la ley Dodd-Frank fue un verdadero regalo para los gigantes bancarios”, al dificultar la competencia a otros mucho menores.
El bufete de abogados Ropes & Gray, de ámbito internacional y con sede central en Boston, en su nota informativa sobre la nueva ley para sus clientes, afirma: “ … las modificaciones incluidas en la (nueva) ley, generalmente tendrán su mayor impacto en los bancos pequeños”.
A fin de cuentas, la nueva ley facilitará la expansión de la actividad y de la red comercial de casi todos los bancos y, especialmente, de los pequeños y medianos.
No obstante lo anterior, la demagogia de la izquierda estadounidense no deja de repetir que esta ley está destinada casi exclusivamente a favorecer a los bancos más grandes.
Contenido de la reforma sector financiero
A continuación se expondrá, de forma resumida, el principal contenido del proyecto, pero el detalle puede consultarse en el Senado, ya que la nueva ley es exactamente igual al proyecto que el Senado aprobó en marzo.
A) La ley Dodd-Frank creó un régimen de supervisión bancaria muy exigente y costoso para los mayores bancos, conocido como SIFI (Systemically important financial institutions). Este régimen incluye, entre otros requisitos, la realización de stress-tests anuales (para comprobar si podrían sobrevivir a una nueva crisis) y la actualización frecuente de planes de disolución, en caso que se encuentren algún día en situación de bancarrota.
Hasta ahora afectaba a 38 grandes bancos (nacionales y regionales), que con la nueva ley han pasado a ser sólo los 12 mayores. Entre ellos figuran los siguientes: J.P. Morgan, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup Inc., Capital One Financial Corp. y PNC Financial Services Group Inc.
Veintiséis grandes bancos (de carácter regional) acaban de salir de aquel régimen, por tener menos de 250.000 M$ de activos. La ley de 2010 fijó este límite mucho más bajo, en 50.000 M$.
Estos 26 bancos funcionarán en adelante con más agilidad y eficacia, aumentando la competencia entre ellos y con los doce mayores. Esta mayor competencia beneficiará a sus clientes, particulares y empresas.
B) Créditos hipotecarios.- Los bancos que solo concedan cada año 500 o menos hipotecas (en donde están comprendidos casi todos los bancos locales), quedarán exentos de rellenar (y remitir al regulador federal) la mayor parte de los numerosos aspectos sobre las mismas que figuran en los extensos formularios que estableció la ley Dodd-Frank, salvo que se demuestre que estén discriminando contra minorías raciales y otras.
Además, los bancos medianos y pequeños (los que cuentan con menos de 10.000 M$ de activos), quedarán exentos de las normas que la ley Dodd-Frank exige para el reaseguro de las hipotecas, siempre que las conserven en lugar de venderlas en Wall Street.
C) Por otro lado, los bancos medianos y pequeños (con menos de 10.000 M$ de activos), serán investigados por la Reserva Federal menos frecuentemente que hasta ahora, sus requerimientos de capital serán aliviados y recibirán varias otras ventajas. Por ejemplo, han quedado eximidos en la nueva ley de la llamada norma Volcker , que prohíbe a los bancos comerciales tomar excesivos riesgos contra su capital.
Los editorialistas del Wall Street Journal, el 23 de mayo, concluían diciendo que “todo esto deberá ayudar a los pequeños bancos a centrarse en prestar mejores servicios a sus clientes, en vez de a los reguladores (federales)”.
D) La normativa que se les aplica a los 12 bancos gigantes (casi todos de ámbito nacional), es la que menos cambios experimenta en la nueva ley.
— Les facilitará la adquisición de bonos emitidos por entidades estatales y locales, que hayan recibido calificación de grado de inversión, de las agencias como Moody´s. La ley considera aquellos títulos “activos líquidos de alta calidad”, lo que junto a su exención tributaria, los hace atractivos para los grandes bancos. Por otro lado, esto mejorará la demanda de estos bonos y, con ello, la capacidad de endeudamiento de los entes locales y estatales.
— En adelante, algunas de las agencias federales podrán eximir a los bancos de mayor dimensión de la llamada norma Volcker que prohíbe a los bancos comerciales tomar excesivos riesgos contra su capital, en ciertas circunstancias.
— El nuevo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, está proponiendo rebajar el ratio de liquidez de los doce mayores bancos, pero aún no se ha decidido ningún cambio.
E) Protección de los consumidores.
— Para poder combatir los fraudes de identidad, la Administración de la Seguridad Social gestionará una base de datos en la que las instituciones financieras podrán verificar y un nombre y apellidos, y un número de la Seguridad Social se corresponden realmente con una persona.
— La ley contiene medidas de protección para los arrendatarios inmobiliarios frente al desahucio de su vivienda en alquiler.
— También figuran formas por las que proteger a los empleados bancarios que llamen la atención de abusos a clientes de mucha edad.
— Se facilita el borrado de los informes sobre la declaración de bancarrota de estudiantes respecto a los créditos obtenidos para sus estudios.
F) Otras disposiciones.
— La ley proporciona facilidades para contrarrestar en las viviendas los riesgos ocasionados por la presencia de asbestos y plomo.
— La nueva ley limita las atribuciones de las agencias federales de regulación financiera, para restringir la concesión de créditos hipotecarios a las empresas.
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