La decisión de Trump ahora, sobre el uso de los baños escolares por los transexuales, forma parte de su propósito mucho más amplio de realzar los poderes estatales y locales, frente a la centralización en la Administración federal que forzó Obama. En EE.UU. el planteamiento de este asunto es sumamente diferente –casi inverso- al de España. Tras repasar la cuestión del uso de los baños, más adelante se expondrá el origen del sistema estadounidense del reparto territorial e institucional del poder, y las tendencias actuales en torno a este importante asunto.
Los transexuales y los baños escolares
Anteayer, día 22 de febrero, los Departamentos/Ministerios de Educación y Justicia la Administración Trump derogaron las directrices que la Administración Obama remitió a los colegios e institutos públicos en mayo 2016, instándoles a que los estudiantes pudiesen utilizar los servicios y los roperos de su elección, en lugar del correspondiente a su sexo al nacer, como se ha hecho y se hace en todo el mundo.
En Estados Unidos el sistema educativo de primaria y secundaria ha sido siempre competencia de cada uno de los 50 Estados, desde que declararon su independencia el 4 de julio de 1776.
La naturaleza del sistema político estadounidense es el de una confederación de Estados. Por ello no es extraño que el Departamento (federal) de Educación no se creara hasta 1979. La enseñanza superior también corresponde a las autoridades estatales, pero no se ve afectada por las directrices de Obama del año pasado.
Las competencias escolares federales son muy escasas
Las competencias que corresponden a este departamento federal son muy limitadas (en comparación a Europa) y varios dirigentes republicanos demandan de vez en cuando su supresión. Los conservadores no han estado solos en esta petición, que para los europeos nos resulta insólita.
En 1979, un editorial del muy progresista The New York Times se pronunció en contra de su creación, aunque más adelante cambió de opinión al adivinar las oportunidades que proporcionaba a su causa: desde Washington podrían imponer sus concepciones educativas y sociales sobre los 50 Estados, sin tener que presionar sobre cada parlamento estatal.
En la mayoría de los casos, los colegios e institutos del país no tienen ninguna obligación de acatar las directrices que les haga llegar el Departamento federal del ramo, pero a la Administración Obama se le ocurrió una estratagema –de dudosa legalidad- para forzarles a ello.
Junto a las directrices, el departamento ha venido enviando a cada colegio e instituto una carta dándoles a entender abiertamente que el no cumplimiento de sus indicaciones acarrearía la pérdida de los fondos federales que reciben la gran mayoría de dichos centros educativos, aunque no tengan relación alguna con los baños u otro asunto de su interés.
Como aquellas cartas se han encabezado con un “Estimado colega”, este término ha dado nombre al procedimiento. A lo largo de los pasados 8 años, Washington ha empleado con asiduidad el método del “Estimado colega” en muy diversos aspectos de la enseñanza – y también en otros muchos campos-, levantando la protesta de muchas de las administraciones estatales y escolares locales.
Abuso de autoridad por la Administración Obama
A aquella artimaña de la Administración Obama, los conservadores la denominan un ilegal propasamiento de las competencias federales: illegal federal overreach. Práctica -en el límite de la legalidad o algo más allá- de la que abusó la presidencia Obama; ya se sabe, como los progresistas tienen siempre la razón no sienten que hayan de atenerse a las leyes y procedimientos establecidos. En un artículo de diciembre de 2016 repasé varios de aquellos excesos de autoridad, bajo Obama.
Los grupos de presión LGTB
La dudosa legalidad de aquellas “instrucciones” sobre el uso de los baños escolares, ya había provocado que el 22 de agosto de 2016 un juez federal de Tejas suspendiera su aplicación en todo el territorio nacional, en espera de la sentencia del Tribunal Supremo. La sentencia de aquel juez buscaba evitar la política de hechos consumados por parte de la Administración Obama, que es una práctica bien conocida por los tribunales del país.
El lobby LGTB aduce que el Título IX de una ley federal de educación que prohíbe la discriminación por razón del sexo, ampara su petición sobre el uso de los baños escolares y debe prevalecer sobre lo que legisle cada Estado. 13 Estados discrepan ya que no se refiere al sexo biológico sino al deseado subjetivamente por algunas personas, en ciertos momentos, planteando una discrepancia sobre el término “sexo”.
Además, esos 13 Estados aluden al abuso de poder con que la anterior Administración tramitó sus instrucciones, no ateniéndose a los procedimientos reglados.
Los grupos de presión transexuales, por otra parte, pretenden que sus demandas se enmarcan en el concepto de “derechos civiles”, lo que resulta una interpretación excesiva. Refiriéndonos ahora a su dimensión cuantitativa, la lucha por los derechos civiles de la población negra en los años 60 y 70 afectaba al 15% de la población total (la proporción de los negros, entonces), mientras que las personas transexuales no llegan al 0,3%.
Por otro lado, que lo que piden sea un “derecho”, está por ver, aunque la izquierda occidental actual –huérfana de la lucha de clases, que tanto juego le daba hasta el hundimiento de la URSS en 1991- se inventa un puñado de derechos cada semana para fidelizar a sus electores: comprarles el voto, vamos.
Trump prefiere descentralizar
El Tribunal Supremo zanjará la cuestión, pero en tanto llegue dicha sentencia la Administración Trump ha decidido, provisionalmente, dejar al asunto en manos de los Estados y de los distritos escolares, esto es a nivel local –como ha sido hasta ahora-, para que cada uno tome la fórmula que estime más apropiada para sus comunidades.
Según dijo anteayer el Secretario de Prensa de la Casa Blanca, “el Presidente Trump dejó claro durante la campaña electoral que es un firme partidario de que ciertos asuntos –como éste- no se resuelvan al nivel federal”, imponiendo una única y rígida solución para todo el país –país de dimensiones continentales y, como tal, de características muy variadas-.
(En agosto de 2018 escribí un artículo exponiendo cómo Donald Trump está recortando el poder federal, en favor de los estados, las comunidades locales y de los ciudadanos. Esto es exactamente lo contrario de lo que se espera de un gobernante populista clásico)
El federalismo en EEUU: su origen
El término federalismo no aparece ni una sola vez en el texto de la Constitución estadounidense pero inspira muchos de sus preceptos sobre diversas materias, hasta constituir una de las piedras angulares del sistema constitucional del país.
El federalismo hace referencia a la delimitación de competencias entre las 13 Colonias (de la Costa Este) que se declararon independientes en 1776 como 13 Estados soberanos y –tras la larga guerra de independencia- las competencias relativas a las incipientes instituciones federales. Este nuevo poder nacional empezó a crearse tras la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, bajo carácter confederal, aunque repitan el uso de federal.
Cuando se alude al federalismo, también se está llamando la atención a un cierto equilibrio entre ambos ámbitos: el federal y el estatal.
La primera Administración federal
Con el primer Presidente, George Washington, se creó en 1789 la primera Administración federal propiamente dicha, formada por cuatro departamentos ministeriales, clave: Guerra (actual Secretaría de Defensa), Estado (relaciones exteriores), Tesoro y Justicia. Todas las demás áreas de gobierno (incluidos los cuerpos policiales y las milicias populares –origen del derecho a poseer armas de fuego-) permanecieron bajo las autoridades ejecutivas y legislativas de cada Estado, en muchos campos hasta hoy en día.
Es ilustrativo que hasta 1908, con la creación del FBI, la Administración federal no contó con una fuerza policial propia.
EE.UU. se constituyó como una confederación de los 13 Estados, aunque más tarde se la denominó Unión. Aquellos 13 Estados venían operando desde hacía unos 100 años (finales del siglo XVII), con instituciones de gobierno propias, así como con cuerpos legislativos, bajo la soberanía británica; sus decisiones necesitaban la ratificación por parte del Gobernador Real, nombrado desde Londres para cada colonia.
La mayoría de estos Estados contaban con un Estatuto que, tras la declaración de independencia, se revisaron y sistematizaron dando origen a sus respectivas Constituciones estatales, de carácter soberano, que siguen vigentes con sus sucesivas enmiendas. La Constitución federal vendría unos diez años más tarde, en 1787.
Las competencias federales
La Constitución de Estados Unidos determinó una serie de atribuciones como propias de los poderes federales (esto es, del Congreso de la Unión), tales como el establecimiento de impuestos, tasas y derechos para la importación de bienes extranjeros, la regulación del comercio con naciones extranjeras, la emisión de billetes bancarios, la declaración de guerra, etc.
La lista de competencias federales está recogida en el artículo 1, de la Sección 8 de la Constitución, referida a los Poderes del Congreso.
La 10ª Enmienda delimitó más las competencias
Un par de años después, la 10ª Enmienda dejó claramente establecido que cualquier competencia que no figurase en aquella lista de la Constitución estaría reservada a los Estados.
Ahora bien, la propia Constitución dejó abierta una pequeña puerta a la ampliación de las atribuciones de los poderes federales, por medio de una disposición a la que se conoce como la Cláusula Comercial: la Sección 3, del artículo 1, de la Sección 8 de la Carta Magna. Esta disposición atribuye al Congreso la potestad de “regular el comercio con naciones extranjeras, entre diversos Estados (de la Unión) y con las tribus indias”.
Durante el s. XX se usó la Cláusula Comercial para ampliar el poder federal
Durante periodos del siglo XX el Congreso federal y el Presidente de la República han empleado esta llamada Cláusula Comercial para extender sus competencias no sólo referidas estrictamente al “comercio”, sino en muchos otros ámbitos –económicos y no económicos-, desplazando a las autoridades estatales: regulación de la actividad industrial, de las relaciones laborales, derechos civiles, medioambiente, etc. En cierto modo, esta forma de entender la estructura política del país podría tildarse en Europa de jacobina o centralizadora.
El Presidente Franklin D. Roorsevelt, con ocasión de la Gran Depresión económica que arrancó en 1929, fue quien más expandió las competencias federales.
Muy a menudo, hasta la actualidad, los Estados han cuestionado aquellas decisiones federales ante los tribunales, con diferente fortuna.
Según la composición del Alto Tribunal en las diferentes épocas y la preeminencia de unas u otras doctrinas jurídicas, aquel ha oscilado a lo largo de grandes ciclos entre una visión más originalista, preocupada en interpretar las intenciones de los padres fundadores y otra más proclive a la extensión del ámbito federal, centralizando el sistema de poder.
El federalismo en EEUU hoy en día
A lo largo de los 8 años de la Presidencia de Barack Obama, éste ha impulsado cuanto ha podido la ampliación de los poderes federales, traspasando de hecho ciertas competencias de los Estados a los departamentos y agencias federales, forzando el concepto del federalismo de la República.
Las fuerzas conservadoras y muchos de los Estados y entidades locales reaccionaron acusando a Obama de abuso de poder (overreach), consiguiendo en varios casos emblemáticos la paralización en los tribunales de algunas de sus medidas o bien su anulación por sentencias adversas.
Una de las argucias administrativas usada profusamente por la Administración Obama ha consistido en la emisión de instrucciones o directrices (guidance documents) a los agentes económicos y sociales por parte de los ministerios y las agencias federales. Es lo sucedido en relación al uso de los baños escolares por los transexuales.
Estas directrices no son siempre de obligado cumplimiento, pero consiguen incidir en el comportamiento de empresas y particulares y para su elaboración no se abren periodos de consulta pública, y apenas son revisadas de manera formal por otros organismos.
De ese modo, se han puesto en práctica disposiciones que no se conseguirían hacer aprobar en el Congreso, como correspondería.
Incluso un enemigo político de Donald Trump, el republicano Jeb Bush, ha interpretado tras las elecciones presidenciales del 8 de noviembre 2016 que “los americanos, en su mayoría, están de acuerdo con que Washington no funciona, por tanto devolvamos el poder a los ciudadanos y a los Estados … pongamos coto a la utilización de la Cláusula Comercial que ha ido concediendo a la Administración federal un poder regulatorio muy superior al que pretendieron los Padres Fundadores”.
La Administración Trump en favor de reforzar el federalismo en EEUU
Ya se vio que la nueva Administración, en el caso del uso de los baños escolares por los transexuales, se ha inclinado por permitir que sean los Estados y las autoridades locales (los distritos escolares) quienes busquen la solución más acorde con las creencias y opiniones de sus comunidades.
En varias otras materias esta Administración ya ha dado a entender que propugna una semejante ampliación del papel de las autoridades estatales. Esto va a producirse en lo relativo a la protección del medio ambiente, donde la agencia federal EPA ha ido arrinconando a los Estados.
Por aquel motivo Trump va a firmar en los próximos días una orden ejecutiva devolviendo a los Estados la gestión y conservación del agua de las cuencas de una infinidad de pequeños ríos y humedales que Obama les retiró en 2015 con la llamada norma del agua (water rule). En total, supondrá un traspaso de gestión de más de medio millón de kilómetros cuadrados, esto es, más de la superficie de España.
En el esbozo de reforma sanitaria que ya se maneja actualmente para la derogación y sustitución del llamado Obamacare, el nuevo Secretario de Sanidad Tom Price, así como los congresistas republicanos, han expresado su intención de reducir las competencias de Washington. Paralelamente darán mayores potestades a los Estados en el diseño de los sistemas de seguros médicos, a los que ya están acogidos unos 20 millones de personas.
One size cannot fit all
Como dice el refrán americano, un solo traje no tiene por qué servir a todos (One size cannot fit all) y la nueva Administración se acogerá a este enfoque.
De ese modo, por ejemplo, la California progresista y rica podría establecer una mayor intervención y fondos públicos para el sistema sanitario, frente a Estados cuyos ciudadanos tienen una mayor inclinación conservadora que limitarían los apoyos públicos empleando en mayor medida instrumentos de mercado.
Descentralización política y administrativa en el federalismo en EEUU
Esta descentralización política y administrativa, como se comprobará en los próximos años, responde a un profundo deseo de gran parte de la población estadounidense en la actualidad. Los ciudadanos se inclinan ahora en favor de que más asuntos se discutan y decidan en las administraciones más próximas a ellos, que son las estatales y locales. En este aspecto, la Administración Trump y los congresistas conservadores van a ganar el aprecio de muchos ciudadanos, y no solo los de derecha.
Deja una respuesta