Trump reduce el poder federal
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La gran mayoría de los medios de comunicación, al concentrar su atención en las excentricidades y errores del Presidente Trump están ocultando multitud de aspectos positivos de su actuación, como son los siguientes. Reducción del protagonismo de la Administración federal, en favor de la sociedad en general y, en particular, del sector privado de la economía.
Descentralización del poder desde Washington, D.C. a los Estados, condados y municipios; en EE.UU. se da una situación muy distinta a la de España. Mayor respeto y sometimiento de la Administración y agencias federales a la legislación y normativa aprobadas por el poder legislativo, sin interpretarlas libremente. Recorte de las prerrogativas de las burocracias federales, que Obama extendió cuanto pudo. En conjunto, Trump está promoviendo un programa de corte antiautoritario (descentralizador y liberalizador) en lo económico, lo político y lo social.
Reducción de los poderes del sector público (small government)
La desconfianza en EE.UU. hacia la intervención de los poderes públicos no es reciente, sino que arranca de los mismos padres fundadores de la república. Por ejemplo, Thomas Jefferson, redactor de la Declaración de Independencia de 1776, y tercer presidente.
La propia Carta de Derechos (Bill of Rights) de 1789, respondía a aquella concepción del estado y de la sociedad.
Ahora, la Administración Trump está actuando, principalmente, en tres campos.
A.- Reducción impositiva. La ley de reforma fiscal que se aprobó el 22 de diciembre de 2017, ha rebajado los impuestos personales al 80% de las familias.
B.- Liberalización (desregulation) de la economía.
Desde los mismos comienzos de la nueva Administración Trump, ésta ha puesto en marcha el mayor proceso de liberalización de la economía desde hace más de 30 años, bajo Ronald Reagan, en los 80s.
Las principales áreas en las que se está produciendo la liberalización son las siguientes: extracción de petróleo y gas, minería, producción de electricidad, medidas contra el cambio climático, medioambientales, financieras, laborales, las telecomunicaciones, transporte aéreo …
C.- Elección de magistrados y principales directivos de agencias federales contrarios a la extensión del poder federal.
En la primavera de 2017 el juez Neil Gorsuch tomó posesión en el Tribunal Supremo. Actualmente, se está considerando en el Senado un segundo nombramiento a esta corte, la de Brett Kavanaugh. Trump ha nombrado ya a 22 jueces para los trece Tribunales de Apelación y a 20 jueces federales de distrito.
Descentralización geográfica del poder federal. El federalismo
En EE.UU. siempre se ha considerado que el mantenimiento de un considerable grado de descentralización en los órganos estatales (Gobernador, cámaras estatales y sistema judicial estatal) respeta mejor la libertad individual, al juzgarse que los poderes de los estados, condados y municipios son más fácilmente controlables por los ciudadanos que el poder nacional.
Donald Trump está reequilibrando la separación de poderes, restituyendo competencias a los estados y entidades locales.
Sometimiento de las agencias federales a sus estatutos y a las leyes
La presidencia de Barack Obama exacerbó la práctica de que las propias agencias federales reinterpretaran por su cuenta los estatutos que rigen sus funciones y las reglamentaciones que afectan a sus áreas de actuación, al margen del poder legislativo que debe ser quien efectúa dichas interpretaciones y la creación de la ley.
Por el contrario, la Administración Trump se está ciñendo estrictamente a lo establecido por los estatutos, las leyes y el resto de la normativa legislativa. Además, no están saltándose los procesos de consulta pública por los que los ciudadanos y empresas implicadas pueden presentar alegaciones, lo que fue habitual bajo el burocrático estilo de la Administración Obama.
Algunos de los ejemplos de lo dicho son la “norma del agua” de 2015, el Plan de Electricidad Limpia (Clean Power Plan), de 2015, y la creación en 2010 de la Oficina de Protección de los Usuarios Financieros (FCPB). Todas estas decisiones están paralizadas por los tribunales desde hace años o han recibido ya sentencias en contra -no definitivas-.
Recorte del poder de las burocracias
La Administración Trump ha acometido la reforma del funcionariado federal -particularmente de las agencias federales- a partir de mayo de 2018. Se facilita la sanción y despido de funcionarios y empleados públicos y se restringe las facultades y privilegios de los representantes sindicales.
Cumplimiento de las promesas electorales
Decenas de sus principales decisiones políticas desde la Casa Blanca, figuraban ya en su programa electoral de 2016: retirada del Acuerdo del Clima de Paris, salida del Acuerdo Nuclear con Irán, bajada de impuestos, liberalización financiera, apoyo al programa provida, expansión de la libertad religiosa, restricción de la inmigración ilegal, recuperación del poderío militar …
(En abril 2019 completé el contenido del actual artículo, exponiendo que Trump no está actuando del modo de los populistas clásicos)
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Reducción de los poderes del sector público (small government)
Históricamente la izquierda estadounidense, cuando ha ostentado la presidencia, las más de las veces ha expandido la presencia de los poderes públicos en la economía y en la sociedad en su conjunto.
Los sectores conservadores y gran parte de los centristas de EE.UU., por el contrario, reaccionan negativamente a las políticas que representan el concepto de “big government”. Para ellos, aquel término está asociado a nociones negativas como “burocratización”, “intervencionismo”, “suplantación” de los ciudadanos, etc. De manera más específica, significa la sustitución de los mecanismos del mercado en muchos campos de la economía por decisiones adoptadas por los poderes políticos, frecuentemente arbitrarias, interesadas o equivocadas.
Dicha desconfianza en EE.UU. hacia la intervención de los poderes públicos no es reciente, sino que arranca de los mismos padres fundadores de la república. Por ejemplo, Thomas Jefferson, redactor de la Declaración de Independencia de 1776, y tercer presidente, lo expresaba de este modo: “… el gobierno hará lo mejor cuanto menos gobierne, porque los ciudadanos podrán disciplinarse por ellos mismos”.
La propia Carta de Derechos (Bill of Rights) de 1789, respondía a aquella concepción del estado y de la sociedad, como rechazo a las prácticas intervencionistas de la Corona británica contra las que se habían sublevado.
Ahora, la Administración Trump está actuando, principalmente en tres campos.
A.- Reducción impositiva
La ley de reforma fiscal que se aprobó el 22 de diciembre de 2017, ha rebajado los impuestos personales al 80% de las familias, las cuales podrán decidir por su cuenta a qué dedican esa nueva capacidad adquisitiva. Las empresas y pequeños negocios también han obtenido una importante disminución de su fiscalidad.
B.- Liberalización (desregulation) de la economía
Durante los 8 años de Barack Obama, el número de “principales normas legislativas” promulgadas fue de 685, frente a 505 en los 8 años de George Bush: la cifra de Obama es un 35,5% superior a la de Bush.
Desde los mismos comienzos de la nueva Administración Trump, ésta ha puesto en marcha el mayor proceso de liberalización de la economía desde hace más de 30 años, bajo Ronald Reagan, en los 80s.
A la semana de su toma de posesión en enero de 2017, Trump firmó una orden ejecutiva para que cualquier nueva regulación de un departamento o agencia federal conlleve la supresión de otra norma existente en esa misma área. Esto supone que no sólo se pretende suprimir o reformar cientos de normas de Barack Obama y de anteriores presidentes, sino impedir en adelante el incremento del número total de reglamentaciones.
De forma general, la Administración Trump está expandiendo como nunca antes el empleo de análisis de coste-beneficio para conocer las repercusiones de las nuevas normas, a diferencia de la actuación obscurantista de las agencias federales bajo Barack Obama, motivadas por fines puramente ideológicos, como la “salvación del planeta”.
Las principales áreas en las que se está produciendo la liberalización son las siguientes: extracción de petróleo y gas, minería, producción de electricidad, medidas contra el cambio climático, medioambientales, financieras, laborales, las telecomunicaciones, transporte aéreo …
C.- Elección de magistrados y principales directivos de agencias federales contrarios a la extensión del poder federal
La propuesta de magistrados de esta corriente para el Tribunal Supremo es lo más importante. En la primavera de 2017 el juez Neil Gorsuch tomó posesión en el Alto Tribunal, y en septiembre comenzará el examen de Brett Kavanaugh, que sería el segundo magistrado propuesto por Trump.
Además, la actual Administración ya ha sacado adelante el nombramiento de 22 jueces para los trece Tribunales de Apelación; Obama sólo pudo nombrar a 9, a lo largo de sus dos mandatos. Finalmente, Trump ha nombrado ya a 20 jueces federales de distrito, frente a 27 Obama en sus ocho años. Como es sabido, todas estas propuestas judiciales del Presidente Trump han tenido que ser confirmadas por el Senado.
Descentralización geográfica del poder federal. El federalismo
Uno de los principales elementos de un poder político limitado en EE.UU. es lo que denominan “federalismo”. Conforme a la Constitución de 1787 (que entró en vigor en 1789), todas las competencias que se no enumeran explícitamente en favor del poder nacional, han continuado correspondiendo a los 13 estados (de la costa este) que constituyeron la Unión.
El sistema político de EE.UU. es realmente una confederación de estados, aunque se le denomina -erróneamente- un sistema “federal”. Los 13 estados (como entidades políticas propias, bajo el poder del soberano británico) precedieron a la Unión. Durante el siglo XX se desarrollaron intensamente las atribuciones del poder nacional, mediante una interpretación extensiva de ciertos preceptos de la Constitución, sin necesidad de enmendar su texto -salvo en muy limitados aspectos-.
En EE.UU. siempre se ha considerado que el mantenimiento de un considerable grado de descentralización en los órganos estatales (Gobernador, cámaras estatales y sistema judicial estatal) respeta mejor la libertad individual, al juzgarse que los poderes de los estados (y de los condados y municipios) son más fácilmente controlables por los ciudadanos que el poder nacional.
Esta descentralización territorial forma parte del sistema de controles y equilibrios (checks and balances) del poder político en EE.UU.
Por este motivo, por ejemplo, los sistemas educativos de primaria, secundaria y universidad siempre han sido competencia de cada uno de los 50 Estados. El Departamento federal de Educación no se creó hasta 1979.
Los presidentes de izquierda han solido extender el poder federal
En muchos de los casos los presidentes del Partido Demócrata, y muy especialmente Barack Obama, extendieron de hecho las atribuciones del poder nacional, en detrimento del estatal y local.
Ahora, Donald Trump está reequilibrando la separación de poderes, restituyendo competencias a los estados y entidades locales en los siguientes asuntos: educativos, cuestiones culturales y morales (como el aborto, los derechos de homosexuales y transexuales), regulación y administración de materias medioambientales (como la llamada “norma del agua”), sanidad, energía (permitiendo la preeminencia de las regulaciones estatales sobre el fracking, derogando en diciembre 2017 una norma federal de Obama de 2015, que había sido paralizada por un juez federal), etc.
Sometimiento de las agencias federales a sus estatutos y a las leyes
A finales de junio de 2017, la Administración Trump derogó la llamada “norma del agua” (water rule) que Barack Obama emitió en 2015 ampliando la Ley del Agua Limpia, que los tribunales federales habían paralizado en todo el país en octubre de aquel año 2015.
Aquella normativa pretendía trasladar a la agencial federal de Protección Medioambiental (EPA, de sus siglas en inglés) la supervisión de la calidad del agua referente a las cuencas de pequeños ríos y riachuelos, y a sus humedales que, hasta entonces, habían correspondido a las Administraciones estatales. La superficie total afectada excedería con mucho medio millón de kilómetros cuadrados (esto es, más de la superficie total de España).
Esta intentona de avasallar a los estados y a multitud de ciudadanos la había emprendido la Administración Obama sobre una reinterpretación por parte de la EPA de qué debe entenderse por “aguas de EE.UU.”, como objeto diferenciado de las aguas bajo administración estatal o municipal.
Ciertamente hay una equivocada sentencia del Tribunal Supremo, de 1984 (Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.), conocida comúnmente como Chevron Deference, que da pie a que los directores de las agencias federales puedan interpretar – en alguna medida- la legislación del Congreso cuando ésta no esté bien definida, en vez de haber encomendado esa labor al propio legislativo, como sería lo apropiado.
Pero la Administración Obama había abusado de aquella sentencia. La prueba clara es que, por ejemplo, los tribunales federales paralizaron la aplicación de la “norma del agua” -y de otras varias importantes regulaciones de Obama- antes de que se juzgara el fondo del asunto, aunque esto es algo muy inusual.
Otros abusos de autoridad de Obama
Consultas públicas. Los varios cientos de reglamentaciones de agencias federales que están siendo revisadas por la Administración Trump para su modificación o derogación, están siendo sometidas a la correspondiente consulta a los ciudadanos y entidades implicadas, a diferencia de lo se hizo muy a menudo bajo Barack Obama. Tampoco fueron respetados varios otros requisitos formales, que favorecían que los implicados pudieran hacer valer sus intereses y puntos de vista.
El Plan de Electricidad Limpia (Clean Power Plan).- La Administración Obama lo adoptó a bombo y platillo en 2015, a través de la agencia medioambiental (EPA, Environmental Protection Agency). Hasta entonces la EPA sólo había intervenido en determinadas centrales térmicas que presentasen graves problemas, correspondiendo a los 50 estados la decisión sobre el tipo de generación eléctrica que promocionarían en su territorio.
Mediante aquel Plan, haciendo una interpretación retorcida de la Sección 111 de la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act), la Administración Obama trató de imponer a todos los estados la adopción informal de cuotas en favor de las energías renovables, aunque esto encareciera enormemente el precio de la electricidad, así como el cierre de centrales de otros tipos, para beneficiar el clima mundial. El Tribunal Supremo, a petición de 25 estados, tomó la muy infrecuente decisión de paralizar el Plan en 2016, aunque todavía no se había juzgado el fondo del asunto, para impedir la política de hechos consumados que la Administración Obama venía aplicando en muchos campos.
La Administración Trump viene desmontando desde 2017 el complejo sistema que Obama creó para imponer su Plan de Electricidad Limpia que ya es, prácticamente, historia.
La Oficina de Protección de los Usuarios Financieros (FCPB)
Las características con las que la Administración Obama dotó en 2010 a esta nueva agencia tras la crisis financiera de 2008, constituyen el summum del abuso de poder y de la vulneración de normas constitucionales, al tiempo que es tenida por el ala izquierda del Partido Demócrata (Elizabeth Warren …) como una de sus más notorias creaciones. Por su complejidad, será abordado en otro artículo.
Recorte del poder de las burocracias
La plena impunidad de los altos funcionarios y empleados respecto a sus actos administrativos forma parte destacada del creciente poder de las estructuras burocráticas. Por ello la derecha estadounidense, habitualmente, ha propugnado su sometimiento a ciertas formas de responsabilidad.
La Administración Trump ha acometido la reforma del funcionariado-particularmente de las agencias federales- a partir de mayo de 2018, lo que llevaba pendiente de acometerse desde hacía varias presidencias.
Andrew Bremberg, el director del Consejo de Política Interior de la Casa Blanca, declaró lo siguiente al anunciar las tres órdenes ejecutivas que había firmado Trump: “Hoy el presidente está satisfaciendo su promesa de impulsar una más eficiente administración pública, al reformar el estatuto de los funcionarios públicos”. “Estas órdenes ejecutivas facilitarán a las agencias [federales] despedir a los funcionarios que no estén rindiendo” [lo suficiente].
Una de las órdenes ejecutivas ordena una más estricta limitación del tiempo que los representantes sindicales del personal de la Administración federal pueden dedicar a las actividades sindicales: no más del 25% de su jornada laboral. Y en EE.UU. este tipo de normas se hacen cumplir a rajatabla, no como en países poco serios.
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En conjunto, el Presidente Donald Trump está promoviendo un programa de corte antiautoritario, con el estrechamiento del poder político nacional, en favor de los ciudadanos y de los escalones de las administraciones más próximos a los ciudadanos.
Cumplimiento de las promesas electorales
Una de las sorpresas más llamativas y favorables del estilo de gobernar de Donald Trump, está siendo su escrupuloso cumplimiento de las promesas políticas que hizo a los electores durante la campaña electoral.
Desde su retirada del Acuerdo del Clima de Paris hasta su salida del Acuerdo Nuclear con Irán; de la bajada de impuestos al relajamiento de las normas para el sector financiero contenidas en la Ley Dodd-Franck; del apoyo al movimiento y al programa provida a la expansión de la libertad religiosa; desde la liberalización de la economía a la restricción de la inmigración ilegal. También, desde el intento de derogación del Obamacare a la recuperación del poderío militar perdido bajo Obama,
Decenas de sus principales decisiones políticas desde la Casa Blanca, figuraban ya en su programa electoral de 2016 que, aunque bastante menos detallado que los de otros candidatos, no dejaba de delimitar sus prioridades y propósitos. Los votantes sabían a qué estaban votando y, ahora, la gran mayoría de quienes le eligieron se siente muy satisfechos con su acción de gobierno, por mucho que les disgusten aspectos de su carácter y de su estilo personal.
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