Nada más tomar posesión, Trump aplicó la misma política antiabortista hacia los países en desarrollo que había inaugurado Ronald Reagan en 1984, pero ampliando mucho su alcance. La Enmienda Hyde ya se venía aplicando desde hace décadas.
A los tres días de tomar posesión como Presidente, esto es el 23 de enero de 2017, Donald Trump firmó una orden ejecutiva restringiendo la financiación de EE.UU. hacia organizaciones sanitarias extranjeras no públicas que aconsejen o ayuden a realizar abortos en los países en desarrollo.
Esta nueva medida forma parte de la política general de la Administración Trump en la cuestión del aborto y el derecho a la vida. Trump cortó abortos.
Una de las disposiciones federales en vigor (la Enmienda Hyde, o Hyde Amendment, de 1976) prohíbe, con independencia del color político del inquilino de la Casa Blanca, que organizaciones sanitarias privadas extranjeras usen fondos federales de EE.UU. para promover o practicar abortos. Dentro de Estados Unidos, aquella misma enmienda también impide emplear fondos federales para que se lleven a cabo abortos.
La decisión de Trump sobre el exterior va más allá y establece que los fondos federales no podrán donarse a organizaciones que de hecho practiquen abortos o los aconsejen realizar, aunque sea con fondos de otra procedencia, no de la Administración estadounidense.
Esta medida antiabortista no es nueva, sino que la llevan adoptando los presidentes del GOP desde que Ronald Reagan lo hiciera por primera vez en 1984. Luego, George H. W. Bush la mantuvo y Bill Clinton (demócrata) la suprimió en 1994. George Bush hijo la reinstauró en 2001. Barack Obama la anuló en 2009 y en 2017 Trump la introdujo una vez más.
Como Reagan anunció su decisión en la capital de Méjico, desde entonces se la conoce como “la política de la ciudad de Méjico”.
Oficialmente, la orden ejecutiva de Trump lleva el nombre de Protegiendo la Vida en la Ayuda Sanitaria Global (Protecting Life in Global Health Assistance).
Esta vez el Presidente Trump ha ampliado enormemente el alcance de esta medida. En las anteriores ocasiones los únicos fondos que se tenían en cuenta eran los del Departamento de Estado (Asuntos Exteriores) y de la agencia estadounidense de desarrollo (USAID) relativos a la planificación familiar, que totalizaban unos 600 M$. En enero de 2017 Trump incorporó muchos otros programas de ayuda, de otros departamentos ministeriales y agencias estatales, entre ellos los relativos a los programas contra el SIDA, centrados en África y que ascienden a unos 6.000 millones de dólares anuales. También se considerará la llamada Iniciativa Presidencial contra la Malaria y los fondos de ayuda sanitaria del Departamento de Defensa. En total, son unos 8.800 millones de fondos federales de ayuda los que quedarán sometidos a la nueva política; unas 15 veces más que antes.
El Departamento de Estado anunció desde el comienzo que el montante total de la ayuda sanitaria federal al mundo en desarrollo no iba a reducirse en modo alguno por este motivo, sino que sería redistribuido hacia organizaciones de ayuda que no practiquen ni aconsejen el aborto en su funcionamiento habitual que, por lo tanto, -podemos añadir- experimentarán una gran expansión en los próximos años.
La Administración de Barack Obama, además de secundar en todo momento a las organizaciones abortistas en infinidad de países, amenazó con la retirada de todo tipo de ayuda al desarrollo (no solo la sanitaria) a los países pobres donde se hubiera adoptado alguna medida que se considerara contraria a los intereses de los colectivos LGTB, aunque a menudo se efectuaron declaraciones contradictorias como para embrollar el asunto en lugar de aclararlo. La imposición a las bravas del nuevo e intransigente catecismo del pensamiento políticamente correcto a los países más débiles ha constituido un atropello a su soberanía durante los mandatos de Obama, al que por ejemplo los países africanos se han opuesto denodadamente. Una cosa es que algunos Estados africanos hayan aprobado medidas excesivas e incorrectas, pero esto no justifica que se aplique un colonialismo cultural, con amenaza de anulación de la ayuda al desarrollo que tanto necesitan estos países. Ideología de género aplicada con calzador.
Al primer presidente de color de Estados Unidos, también le corresponde el dudoso mérito de haber introducido estas mismas políticas de imposición en los bancos internacionales de desarrollo, tales como el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y los otros dos (el asiático y el interamericano). Eso sí, Obama tuvo un convencido aliado en la Comisión Europea y en la mayoría de los Estados europeos que integran la UE, particularmente los de Europa occidental y del norte.
Por ello, resulta muy comprensible el éxito que está cosechando el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB, de su nombre en inglés) que creó China en 2014, que se centra en financiar proyectos útiles y viables sin inmiscuirse en las decisiones que cada país prestatario debe ser libre de tomar en asuntos familiares y sociales en general. Además, este nuevo banco de desarrollo –a diferencia de los 4 clásicos, dirigidos por EE.UU. y Europa occidental- no está incurriendo en excesos tales como que ningún proyecto sometido a estudio –por ejemplo, la construcción de un puente de ferrocarril o de una planta de tratamiento de residuos urbanos- no pueda prosperar sin el visto bueno de la asesora de género del banco en cuestión, quien ostenta prácticamente derecho de veto (aunque deba explicar su decisión).
Favorecer la posición social y los derechos de las mujeres en los países pobres es una tarea imprescindible y duradera que ninguna persona civilizada cuestiona, pero llevarlo a esos extremos resulta más que discutible. Quienes defienden esos criterios tienen que echar mano de justificaciones rocambolescas como que el Banco Africano de Desarrollo tiene que definir en un proyecto las relaciones entre los obreros constructores de un puente y las prostitutas locales … ¡qué ingeniosos son!
Regresando a la cuestión de la nueva política de la Administración Trump, tras el estudio realizado por los diversos departamentos y agencias federales implicadas, finalmente entró en vigor el 15 de mayo de 2017. Es preciso recordar que, tanto en estas intervenciones en el exterior como en la actuación interna en EE.UU., la Enmienda Hyde determina que fondos federales puedan ser empleados para practicar abortos en dos supuestos: cuando el embarazo sea resultado de una violación o del incesto y, en segundo lugar, cuando llevar a término el alumbramiento vaya a poner en serio peligro la salud de la embarazada. En EE.UU. no se permite que este segundo supuesto se convierta en un simple coladero universal, como sucede en tantos otros países.
La nueva política tan sólo se iba a aplicar a los nuevos programas de ayuda, permitiéndose la finalización de todos aquellos aprobados con anterioridad a mayo de 2017.
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