Pleno del Parlamento Europeo tratando los derechos de autor UE
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El pleno del Parlamento Europeo votó por amplia mayoría el día 12 de septiembre en favor de la propuesta de Directiva de los Derechos de Autor UE (EU Copyright Directive): 438 votos a favor, 226 en contra y 39 abstenciones. La marcha atrás ya no parece factible, tras este momento histórico.
Su principal propósito es armonizar entre los 28 actuales miembros de la UE la legislación sobre los derechos de autor (copyright), haciendo frente a los abusos de empresas con ánimo de lucro de Silicon Valley, tales como YouTube, Facebook, Vimeo, Dailymotion y Google, que no pagan derechos de autor por los contenidos (musicales, periodísticos, cinematográficos, etc.) que son compartidos por usuarios en sus plataformas, pero de los que se benefician enormemente éstas, principalmente por la publicidad.
La primera finalidad de la directiva es armonizar entre los 28 actuales miembros de la UE la legislación sobre los derechos de autor (copyright), haciendo frente a los abusos de empresas con ánimo de lucro de Silicon Valley, tales como YouTube, Vimeo, Dailymotion, Facebook y Google, que no pagan derechos de autor por los contenidos (musicales, periodísticos, cinematográficos, etc.) que son compartidos por usuarios en las plataformas pero de los que se benefician enormemente las “techs”, sobre todo por la publicidad.
Esta política ejercería un amplio y duradero efecto internacional sobre los derechos de autor en el mundo.
En términos simples, el fondo del asunto es el sistemático atropello que las grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses están cometiendo respecto a músicos, periodistas, medios de comunicación, el sector cinematográfico y demás creadores, de todo el mundo, al disponer de sus obras y noticias cuando son compartidas por usuarios en sus plataformas digitales.
La crisis de insuficientes ingresos hace peligrar la libertad de prensa
Todos estos sectores y profesionales se encuentran sumidos en una aguda crisis en casi todo el mundo, a la que no se ve salida.
En concreto, la crisis financiera que están soportando casi todos los medios de comunicación, hace peligrar la libertad de prensa.
El proceso hasta llegar al reciente voto en el pleno, ha sido muy intrincado por las grandes presiones externas que se han ejercido y las posiciones muy encontradas entre las diversas partes afectadas.
El actual paso no es definitivo
El paso dado ahora en el Parlamento Europeo ha sido decisivo, pero no será definitivo hasta otra votación en la primavera de 2019.
Las gigantes compañías tecnológicas de Silicon Valley son las que más se juegan de forma directa.
La Administración federal de EE.UU. y la mayoría de los congresistas siguen respaldando un internet sin apenas intervenciones públicas. El laissez-faire que han practicado todos los poderes estadounidenses desde los años 90, ha facilitado una inmensa acumulación de poder económico y mediático, del que recela Donald Trump.
Desde la intensa injerencia de las autoridades rusas en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, a través de las redes sociales y plataformas digitales, se ha abierto finalmente en EE.UU. un debate sobre si hay que regular internet.
En Europa, amplios sectores de los medios de comunicación, periodistas, músicos, sector del cine y demás creadores han levantado su voz en favor del proyecto de directiva UE, como nunca antes.
Protección de los contenidos mediáticos.- El artículo 11 del proyecto de directiva es repudiado por las compañías tecnológicas, ya que les forzaría a pagar -por su iniciativa, sin aguardar a reclamaciones- a las agencias, medios de comunicación y periodistas por el texto de las noticias y por “partes sustanciales” de ellas (snippets) de las que ahora se benefician gratis, cuando algún usuario las sube a alguna de estas plataformas.
Este derecho de autor sobre el material periodístico en la red, duraría un año.
Protección de otros contenidos
El artículo 13 del proyecto de directiva es el que concita mayor rechazo. Esta disposición establecería la obligación de que las plataformas de internet (tales como YouTube, Vimeo, Facebook, Google …) incorporen unos filtros que determinen si cada contenido que haya sido subido a su plataforma por algún usuario infringe derechos de autor, y que dichas plataformas negocien los respectivos acuerdos con los dueños de los contenidos. De no hacerlo dentro de ciertos plazos, las compañías tecnológicas deberán asumir el pago de los respectivos derechos de autor y sanciones.
Las plataformas de reducido tamaño, quedarían excluidas del ámbito de aplicación de la directiva.
No es cierto que este proyecto vaya a acabar con la aportación de creaciones propias que personas y organizaciones sin ánimo de lucro quieran colgar en la red, lo que se conoce en inglés como “user-generated content”.
El artículo 13 excluye de sus obligaciones de filtros y demás mecanismos una serie de actividades en internet tales como las enciclopedias on-line sin ánimo de lucro (caso de Wikipedia), material educativo o científico propio colgado por organizaciones sin ánimo de lucro, servicios privados de almacenamiento en la nube (para el uso exclusivo de quien lo subió), plataformas de desarrollo de software de código abierto y otras.
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El pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo votó por amplia mayoría el 12 de septiembre en favor de la propuesta de Directiva de los Derechos de Autor UE (EU Copyright Directive): 438 votos a favor, 226 en contra y 39 abstenciones. La marcha atrás ya no parece factible.
Su principal finalidad es armonizar entre los 28 actuales miembros de la UE la legislación sobre los derechos de autor (copyright), haciendo frente a los abusos de empresas con ánimo de lucro de Silicon Valley, tales como YouTube, Vimeo, Dailymotion, Facebook y Google, que no pagan derechos de autor por los contenidos (musicales, periodísticos, cinematográficos, etc.) que son compartidos por usuarios en las plataformas pero de los que se benefician enormemente las “techs”, sobre todo por la publicidad.
Esta nueva norma sería aplicable en el seno de la Unión Europea y el Reino Unido seguramente la conservaría en gran parte, por su propio interés, tras su salida de la UE. Los otros países europeos (Noruega, Suiza y algunos de los balcánicos …) probablemente se sumarán a la iniciativa de la UE.
Indudablemente, esta política ejercería un amplio y duradero efecto internacional sobre los derechos de autor en el mundo.
Cual es el fondo del asunto
En términos simples, el fondo del asunto es el sistemático atropello que las grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses están cometiendo respecto a músicos, periodistas, medios de comunicación, el sector cinematográfico y demás creadores, de todo el mundo, al disponer de sus obras y noticias cuando son compartidas por usuarios en sus plataformas digitales.
En adelante, cuando entre en vigor la directiva, los propietarios de las plataformas deberán firmar un contrato de licencia con los dueños de los contenidos que se suban y vayan a dejarse online, y pagarles los respectivos derechos.
Todos estos sectores y profesionales se encuentran sumidos en una aguda crisis en casi todo el mundo, a la que no se ve salida, desde la expansión de internet y las correspondientes aplicaciones y plataformas. En concreto, la crisis financiera que están soportando casi todos los medios de comunicación, hace peligrar la libertad de prensa.
Personalmente pienso, sin que sirva de precedente, que en esta ocasión la Comisión Europea (baluarte mundial del pensamiento políticamente correcto y del buenismo), ha acertado en la política que ha adoptado.
Antecedentes
El pasado 5 de julio el pleno del Parlamento Europeo echó abajo la propuesta de reforma presentada por la Comisión Europea, por una estrecha diferencia: 318, frente a 278 y 13 abstenciones. Esta propuesta había sido asumida un mes antes por el Comité parlamentario de Asuntos de la Justicia (JURI).
Como consecuencia de aquel rechazo, el texto del proyecto sometido ahora al pleno en Estrasburgo (Francia) había sido retocado. El nombre completo de este nuevo proyecto de norma es el siguiente: Directive on Copyright in the Digital Single Market 2016, ya que esta armonización forma parte del esfuerzo para constituir un Mercado Digital Único en la UE.
El inicio de este proceso se sitúa en el 14 de septiembre de 2016, a instancias de la Comisión Europea, que es el órgano de la UE que ostenta la iniciativa legislativa. De aquella fecha procede el primer proyecto de directiva.
El Consejo Europeo -que agrupa a los representantes de los 28 Estados miembro de la UE- dio su aprobación al proyecto de la Comisión Europea en mayo de 2018.
La norma de los derechos de autor UE que está en vigor en la actualidad, es la Directiva sobre el copyright de abril de 2001.
El proceso hasta llegar al reciente voto en el pleno, ha sido muy intrincado por las grandes presiones externas que se han ejercido y las posiciones muy encontradas entre las diversas partes afectadas.
Otros pasos pendientes
El importante paso que acaba de darse en el Europarlamento, sin embargo, no es definitivo. Aún está pendiente de que delegados de la cámara entren en negociación con el Consejo de ministros del ramo y con la Comisión Europea, en un proceso deliberativo a tres bandas conocido como trílogo. El resultado obtenido volverá a someterse al Parlamento Europeo en torno a la primavera de 2019 pero, tras la mayoritaria votación de hace unos días, es muy poco probable que entonces vaya a ser rechazada.
Alineamiento en torno a esta cuestión
Las gigantes compañías tecnológicas de Silicon Valley son las que más se juegan de forma directa y están desplegando todos los medios a su alcance para bloquear o bien aguar el proyecto. El pasado 5 de julio lograron influir a su favor en la votación del Parlamento Europeo, rechazándose el proyecto que ahora ha sido retomado.
La Administración federal de EE.UU., el estado de California y la mayoría de los congresistas (particularmente los conservadores, quienes desconfían de las reglamentaciones públicas, en general), siguen respaldando un internet sin apenas intervenciones públicas, ni nacionales ni desde otros países. El laissez-faire que han practicado todos los poderes estadounidenses desde los años 90, ha facilitado una inmensa acumulación de poder económico, mediático y de todo tipo en los gigantes de Silicon Valley. Durante sus dos mandatos, Barack Obama fue convencido partidario de la postura de “dejar hacer”.
Pero Donald Trump mantiene una relación de bastante desconfianza hacia la influencia mediática que ejercen las compañías tecnológicas, casi todos de cuyos propietarios mantienen posturas de izquierda extrema.
No obstante, desde la intensa injerencia de las autoridades rusas en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, a través de las redes sociales y plataformas digitales, se ha abierto finalmente en EE.UU. un debate sobre si hay que regular internet y, en caso afirmativo, la manera en que debería hacerse. No pocos congresistas (sobre todo, progresistas) se han vuelto hacia la UE en busca de inspiración.
Las asociaciones de internautas y las ONGs sin fines de lucro que propician que este nuevo medio de comunicación permanezca al margen de cualquier reglamentación estatal (a quienes a menudo se les denomina libertarios de internet), coinciden casi plenamente con Silicon Valley y, podría preguntarse, si están actuando de común acuerdo con las grandes tecnológicas.
Periodistas, medios de comunicación y músicos en favor de la reforma
Muchos músicos y otros creadores, así como sus asociaciones europeas y mundiales, respaldan la reforma para conseguir una justa retribución de sus obras en el mundo digital, en el que ya estamos inmersos. Entre ellos, por ejemplo, figuran Plácido Domingo y Paul McCartney.
El 3 de septiembre, con ocasión del Festival Internacional de Cine de Venecia, un grupo de 165 conocidos directores y guionistas cinematográficos europeos, hicieron pública la Declaración de Venecia: “Nosotros, los autores audiovisuales, necesitamos absolutamente que esta Directiva sea adoptada a tiempo para asegurar la libertad de expresión y la independencia de los creadores, así como los derechos de autor”.
Los periodistas y medios de comunicación europeos, que han visto profundamente deteriorada su situación y perspectivas, de forma inversamente proporcional a la penetración de internet, en su gran mayoría vienen demandado este tipo de reformas. Este aspecto queda recogido sobre todo en el artículo 11 del proyecto de directiva.
Los corresponsales de guerra a favor de la reforma
El pasado 27 de agosto unos 100 destacados periodistas y corresponsales de guerra de 20 estados de la UE (entre ellos, Ramón Pérez-Maura, de ABC, y Ángeles Espinosa, de El País) enviaron al Parlamento Europeo una carta abierta, reclamando la aprobación de la directiva.
En dicha misiva, afirmaban que “la prensa ha sufrido mucho tiempo sin reaccionar”. Y, referido específicamente a los corresponsales de guerra, explicaban como “los medios … aunque son los que pagan por los contenidos y envían a los corresponsales a arriesgar sus vidas para obtener unas informaciones fiables, completas, de confianza y diversas, no son quienes cosechan los rendimientos sino las plataformas digitales, las que hacen uso de todo ello sin pagar un céntimo. Es como si viniese un extraño, carente de vergüenza, y arrebatase el fruto de tu trabajo. Es algo moral y democráticamente injustificable”.
Varias de las mayores agencias de noticias europeas también se manifestaron, el pasado 4 de septiembre en una declaración, solicitando al Parlamento Europeo la aprobación de la directiva. La suscribieron la Agence France-Presse (AFP), la británica Press Association, la alemana Deutsche Presse-Agentu (DPA), la belga Belga, la austriaca APA y la sueca TT. Declaraban:
“Los gigantes de internet, saqueando los contenidos de los publicadores de noticias y sus ingresos por publicidad, suponen un peligro tanto para los consumidores como para la democracia, en tanto están vaciando las salas de trabajo [de los medios, por despidos] y socavando los recursos con los que financiar un periodismo de calidad y sobre el terreno”.
“Mientras dichas empresas consiguen eludir el pago de impuestos en Europa, ¿resulta aceptable que tampoco paguen a los suministradores de contenidos, quienes si han de hacer frente a los impuestos y soportar el coste de obtener las noticias?”.
Favorables a la reforma las sociedades de autores y compositores
La confederación mundial de sociedades de autores y compositores, CISAC, agrupa a 238 de estas sociedades, de 121 países, cuyos miembros totalizan más de 4 millones de creadores. Su director general, Gadi Oron, reaccionó de inmediato del siguiente modo a la votación en Estrasburgo:
“Europa ha tomado una decisión histórica cuyas ondas ejercerán un efecto en el mundo entero. El Parlamento Europeo se ha alzado por los valores que forman la base de la cultura europea y la protección de las actividades creativas a lo largo de varios siglos. A pesar de la arremetida de las grandes compañías tecnológicas, Europa está dirigiendo el camino para proporcionar ecuanimidad a los creadores en el mundo digital. Esta votación ha tenido lugar en Europa, pero sus implicaciones positivas para el futuro del ambiente de trabajo de los creadores se sentirán en todo el mundo”.
Francia, tanto en el ámbito político (en el que existe mucha coincidencia en este asunto) como desde la sociedad civil, es el país que más está dirigiendo este proceso. Solo uno (un verde) de los 74 europarlamentarios franceses, votó en contra.
Una encuesta realizada entre los ciudadanos de los siguientes 8 países de la UE (España, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Grecia, Chequia y Rumanía), dio como resultado que para el 66% el reparto de los ingresos de los contenidos en internet no son justos para sus creadores.
Principal contenido de la reforma y argumentos en su contra
Protección de los contenidos mediáticos.- El artículo 11 es repudiado por las compañías tecnológicas, ya que les forzaría a pagar -por su iniciativa, sin aguardar a reclamaciones- a las agencias, medios de comunicación y periodistas por el texto de las noticias y por “partes sustanciales” de ellas (snippets) de las que ahora se benefician gratis, cuando algún usuario las sube a alguna de estas plataformas.
La directiva se enfoca particularmente a contrarrestar la figura aparecida no hace mucho en la red de los agregadores de noticias (news aggregators), con ánimo de lucro. Google News es quizá uno de los más conocidos, así como Facebook News Feed, My Yahoo! y Feedly.
A esta obligación la tratan de desprestigiar llamándola el “impuesto del vínculo” (link tax); pero pagar un servicio comercial no es un impuesto, sino un precio como cualquiera otro.
Este artículo 11 se basa en buena medida en las experiencias en este campo realizadas por las autoridades nacionales de Alemania (2013) y España (2014).
Este derecho de autor sobre el material periodístico en la red, duraría un año (que eran 20 años en el borrador inicial).
Protección de otros contenidos
Protección de otros contenidos.- El artículo 13 del proyecto de directiva es el que concita mayor rechazo. Esta disposición establecería la obligación de que las plataformas de internet (tales como YouTube, Vimeo, Facebook …) incorporen unos filtros que determinen si cada contenido que haya sido subido a su plataforma por algún usuario infringe derechos de autor, y que dichas plataformas negocien los respectivos acuerdos con los dueños de los contenidos. De no hacerlo dentro de ciertos plazos, las compañías tecnológicas deberán asumir el pago de los respectivos derechos de autor y sanciones.
De hecho, la compañía YouTube puso en marcha por decisión propia hace unos pocos años un sistema de identificación de contenidos denominado «Content ID«, mediante filtros parecido a los que exigirá la UE. La gran diferencia es que “Content ID” está disponible para los grandes propietarios de contenidos y que son estos propietarios quienes deben efectuar la búsqueda y reclamar la firma de un contrato de licencia. La directiva traslada a las plataformas la obligación de identificar a los propietarios, por su cuenta y de forma universal.
Evitar que sociedades digitales cuelguen gratis textos ajenos
La directiva se centra en las plataformas cuyo principal objeto (o uno de sus principales objetos) sea administrar un lugar en la red en el que numerosas personas cuelguen contenidos ajenos, sin respetar los derechos de autor UE, de los que el administrador obtenga un beneficio publicitario o de otro tipo. YouTube es el ejemplo más claro.
Las plataformas de reducido tamaño, quedarían excluidas del ámbito de aplicación de la directiva.
Los opositores a la directiva, en un evidente exceso, no dejan de repetir que la aplicación de los filtros (para detectar infracción de los derechos de autor) equivaldría a someter internet a una censura.
Otro argumento, es al que responde la compositora de canciones irlandesa, Eleanor McEvoy: “La gente no para de hablarme de que las plataformas digitales ofrecen audiencia” a los creadores”, como argumento en contra de la directiva. Pero añade: “Esto está bien, pero si una es una compositora y ha pasado cientos de horas trabajando a solas, pierde [con esto], lo mire como lo mire: no obtiene dinero de internet, ni se da a conocer”.
Eventual riesgo
Algunos profesores universitarios europeos temen que la introducción de las nuevas obligaciones financieras a las gigantes tecnológicas de EE.UU. pudiera dejar a los creadores de nuestro continente fuera de las plataformas que dominan los servicios en internet.
Por un lado, eso podría suceder si este tipo de política lo aplicase en solitario un país pequeño o incluso mediano, como es España. Pero renunciar por completo a la creación del conjunto del continente europeo -la primera o segunda del mundo- rebajaría el alcance y carácter de esas plataformas, por cuanto resulta muy improbable que lo lleguen a hacer.
Por otro lado, estaría la decisiva cuestión de si las corporaciones de Silicon Valley dispondrían de recursos financieros para atender los nuevos copyrights, sin perder su rentabilidad.
Pero todo el mundo sabe que las gigantes tecnológicas están en condiciones de hacer frente sin ninguna dificultad al elevado coste de implantar y mantener para Europa los filtros, el pago de derechos y demás medidas derivadas de la nueva norma.
Sus beneficios se miden por miles de millones de dólares por trimestre (o por mes) y, además, casi todas ellas operan en condiciones de oligopolio o incluso de casi monopolio, como senadores estadounidenses le espetaron al CEO de Facebook, Mark Zukerberg, el pasado mes de abril en el Capitolio.
Argumentos en favor de la reforma de los derechos de autor UE
Tal como está redactado actualmente el artículo 13, quedan excluidas de sus obligaciones de filtros y demás mecanismos una serie de actividades en internet tales como las enciclopedias on-line sin ánimo de lucro (caso de Wikipedia), material educativo o científico propio colgado por organizaciones sin ánimo de lucro, servicios privados de almacenamiento en la nube (para el uso exclusivo de quien lo subió), plataformas de desarrollo de software de código abierto y otras.
Por tanto, no es cierto que este proyecto vaya a acabar con la aportación de creaciones propias que personas y organizaciones sin ánimo de lucro quieran colgar en la red, lo que se conoce en inglés como “user-generated content”.
Por otro lado, como explica la Comisión Europea, “las nuevas tecnologías permiten el análisis automático digital de información en este soporte, tales como textos, sonidos, imágenes y otra información. A esto se le conoce como explotación de textos e información (text and data mining – TDM)”. En el área de la investigación científica, la TDM quedaría excluida de esta directiva.
Además, aquel artículo 13 instruye a los Estados Miembro de la UE a tener en cuenta la dimensión del administrador de una plataforma, el volumen de contenido que ha sido subido a la red y otros factores para decidir en los casos dudosos si están o no sometidos a aquellas obligaciones.
Finalmente, el artículo 13 también obliga a que los Estados miembro creen un procedimiento de recurso, para que todos los agentes puedan defender fácilmente sus intereses.
Por otro lado, la redacción aprobada el otro día del artículo 13 exceptúa de sus disposiciones a las Pymes y autónomos.
Asegurar una prensa libre
Uno de los principales objetivos declarados de la Comisión Europea y de los 27 estados miembro (el Reino Unido apenas interviene ya) es “asegurar una prensa libre y pluralista que pueda sostenerse” financieramente. (Ver el apartado 3.2 del estudio que figura en el vínculo anterior)
Según el principal diario de izquierda del Reino Unido, The Guardian: “Compañías musicales, productores cinematográficos, medios y agencias de noticias [de la UE] podrían ingresar miles de millones [de euros al año] tras la votación de los europarlamentarios para modificar las normas de los derechos de autor UE que se dirigen a que las compañías tecnológicas como Facebook y Google compartan más de sus ingresos”, con aquellos creadores europeos.
A modo de conclusión
Los partidarios de que internet siga, exclusivamente, en manos de los gigantes de Silicon Valley, emplean sin cesar la expresión de que si intervienen los poderes públicos, desaparecerá “internet tal como lo conocemos”. Pero, si esto sigue como hasta ahora, están desapareciendo otras muchas organizaciones (como medios de comunicación), actividades y creadores que los europeos consideramos imprescindibles para los tipos de sociedad que queremos conservar. Silicon Valley y Estados Unidos, han amasado demasiado poder en este campo.
Los multimillonarios de Silicon Valley, que en su casi totalidad personifican un progresismo ácrata agresivo, han hecho del concepto “disrupt” -esto es, alterar gravemente, poner patas arriba– el núcleo de sus planes para infinidad de sectores, en el mundo entero. Y ciertamente están echando abajo y destruyendo multitud del tejido económico y social en el resto del mundo, mientras no se ponga coto y se encauce su actuación unilateral.
Además, como veremos en otro artículo, en contra de lo que se ha difundido y se suele pensar, las innovaciones que constituyen la actual revolución industrial apenas expanden su elevación de la productividad y sus enormes beneficios más allá del marco de aquellas megacorporaciones. En esta ocasión, no está habiendo la difusión de las innovaciones que en anteriores periodos incrementó la productividad, también, en las medianas y pequeñas empresas, de multitud de sectores. Hay un verdadero problema de sobreacumulación en las más grandes empresas.
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