Donald Trump Robert Mueller (La investigación Mueller)
Diversos medios de comunicación estadounidenses han difundido estos días la proximidad del fin de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta complicidad del equipo de campaña de Donald Trump durante 2016 con la intervención de las autoridades de Rusia en las elecciones presidenciales.
Ninguno de los acusados lo es por conspirar con Rusia para las elecciones
Tras 22 meses de investigación por parte de un amplio equipo de 15 fiscales, agentes del FBI y juristas, el diario de centro izquierda The Washington Post, acérrimo crítico del Presidente Trump, reconocía lo siguiente el día 20 de este mes de febrero: “Ninguno de los estadounidenses acusados por Mueller, lo ha sido por conspirar con Rusia para entorpecer la elección” (de noviembre de 2016), que es lo mismo que venimos afirmando en estas páginas desde marzo de 2018.
Esta apreciable sinceridad que han mostrado estos periodistas del Washington Post (Devlin Barrett, Josh Dawsey y Matt Zapotosky) al informar sobre la investigación, brilla por su ausencia en los -numerosos- medios de la izquierda de EE.UU. y en otros muchos artículos del propio W. Post.
Está fracasando el intento de cuestionar la legitimidad de la presidencia de Trump
El diario USA Today, por ejemplo, al informar en diciembre de 2018 sobre la sentencia judicial a tres años de prisión a Michael Cohen, quien fuera uno de los abogados de Trump, lo efectuaba del siguiente modo: “Cohen es el primer miembro del círculo próximo a Trump en ser condenado por las investigaciones criminales que crean una sombra de duda sobre la presidencia” (de Trump).
Aquella es la única interpretación que ofrecen y, todo indica, lo único que les interesa de esta investigación: difundir al máximo la duda sobre la legitimidad de la Presidencia Trump, haya o no pruebas de ello. A esto se le suele denominar manipulación política a gran escala.
Y, ¿por qué delitos (crimes) ha sido condenado Michael Cohen? Por dos.
El primero, por haber defraudado un millón de dólares a la hacienda federal en negocios suyos, sin relación alguna con Rusia ni con las elecciones.
Dos, por haber mentido a un comité del Congreso; primeramente declaró que las negociaciones para construir una Torre Trump en Moscú finalizaron en enero de 2016, pero en realidad se extendieron hasta junio de ese año. Ha sido condenado por mentir sobre la fecha, no por las negociaciones en sí mismas.
Para USA Today estos dos delitos, nada más ni nada menos, “crean una sombra de duda sobre la Presidencia” Trump.
A toda esta vertiente se la considera la componente de contrainteligencia de la investigación Mueller: esto es, si el equipo de Trump fue cómplice de la injerencia de Rusia.
El cuadro de abajo (de elaboración propia), actualizado a fecha de hoy, indica la situación de los 8 encausados no rusos por el equipo del fiscal especial Robert Mueller. Un verdadero fracaso en relación a lo que Mueller pretendía encontrar.
De momento no hay complicidad del equipo Trump con Rusia
La conclusión general, ya se ha dicho, es esta: de momento, no hay probada ninguna complicidad del equipo de campaña de Trump con las autoridades rusas. Algo distinto es que algunas de aquellas personas mantuvieran contactos con ciudadanos rusos por el motivo que fuera, pero no se ha conseguido una sola prueba de complicidad en la injerencia. Probablemente esto no vaya a cambiar en las próximas semanas.
Los únicos acusados de interferir en las elecciones son ciudadanos rusos actuando desde Rusia
Aparte de esto el fiscal especial ha emitido acusaciones contra 32 agentes de inteligencia de Rusia y hackers a su servicio. Les responsabiliza de cometer delitos contra las instituciones de EE.UU., delitos cibernéticos y otros al haber dirigido las intrusiones en el sistema informático del Comité Nacional Demócrata y en el de directivos del equipo de campaña de la entonces candidata Hillary Clinton. Aquellos hackers obtuvieron emails comprometedores de parcialidad en favor de Hillary Clinton, en detrimento de Bernie Sanders, el otro precandidato de las primarias.
Todo esto está muy bien, pero no han establecido ninguna relación probada entre estos rusos y los colaboradores electorales de Trump. No hay complicidad, ni medianamente probada.
Por otro lado, viviendo en Rusia aquellos agentes y hackers rusos, la Justicia estadounidense difícilmente podrá llevarles ante los tribunales. Eso sí, esto sirve para justificar el tiempo y el dinero invertidos en esta investigación, gastos que seguramente sobrepasarán con mucho los 15 millones de dólares, aunque todavía no hay una valoración oficial.
El segundo aspecto de la investigación Mueller, tampoco les da resultado
Desde el mismo inicio de la investigación de Robert Mueller, quien fue nombrado en mayo de 2017, una semana después de que el Presidente Trump destituyera al entonces director del FBI, James Comey, la izquierda presionó para que se indagaran las circunstancias de dicha destitución.
Tampoco encuentran obstrucción a la Justicia
El propósito era buscar otra vía para intentar recusar (impeach) a Trump de la Casa Blanca, aduciendo obstrucción a la Justicia, en caso de que no encontrasen pruebas de complicidad del equipo de Trump con Rusia, que es lo que está sucediendo. Y el fiscal especial Mueller así lo hizo.
La obstrucción a la Justicia se habría producido porque el FBI, a iniciativa del director James Comey, estaba investigando la supuesta complicidad equipo de Trump – Rusia, en el momento de la destitución de Comey.
Pero, tras esa destitución, una semana después, el Departamento de Justicia (Rod Rosenstein) nombró al fiscal especial Mueller, quien retomó aquella investigación que el FBI había puesto en marcha. No hubo ninguna discontinuidad.
A este segundo campo de la investigación Mueller, se le denomina la investigación penal (criminal), por la posible obstrucción a la Justicia.
El presidente puede destituir a un director del FBI antes de los 10 años
Con el objetivo de dar estabilidad a la cabeza del FBI, los nombramientos de sus directores comportan un mandato de 10 años.
Pero entre las prorrogativas ejecutivas definidas por la Constitución, figura el poder en última instancia de destituir en cualquier momento a los altos cargos federales que sean propuestos por un presidente, como es el caso con el director del FBI. Esto es, la destitución del director James Comey por Donald Trump fue enteramente constitucional.
Sea como fuere, el fiscal Robert Mueller parece que tampoco ha obtenido evidencia de dicho supuesto intento de dificultar o detener la investigación sobre Rusia, investigación que ya lleva en marcha cerca de dos años, con todos los poderes que otorga el estatus de fiscal especial.
Puede que Mueller encuentre alguna actuación dudosa de Trump pero no delectiva
Seguramente, Mueller vaya a rebelar en el último momento un conejo que tenga ahora escondido en la chistera, como traca final. Posiblemente, alguna actuación dudosa de Donald Trump en este aspecto, pero nada que sirviera como base para que el Congreso pusiera en marcha el proceso del impeachment, con alguna posibilidad de que progresare. Actuación dudosa no es equivalente a la comisión de un delito federal (crime).
Como se ve, ha sido un gran acierto de varios de los estrechos colaboradores actuales de Trump en la Casa Blanca, que le hayan hecho desistir a lo largo de muchos meses de las reacciones impulsivas del presidente respecto a la destitución del propio fiscal especial Robert Mueller. Semejante destitución hubiese dejado -esta vez, sí- una sombra de duda respecto a si realmente el equipo de campaña de Trump fue cómplice de las autoridades de Rusia.
A estas alturas, todos sabemos de sobra que Donald Trump -incluso desde la Casa Blanca- se deja llevar de vez en cuando por decisiones poco meditadas, por reacciones impulsivas que pueden provocar efectos perjudiciales, para sí mismo para el partido GOP y para su país.
Lo que también está comprobado es que en bastantes de esas ocasiones los dirigentes y colaboradores sensatos de los que se ha rodeado logran reconducir aquellos arranques de Trump evitando gran parte de los posibles efectos contraproducentes que se habrían derivado.
La marcha atrás -parcial- de Trump respecto a la retirada de todas las tropas estadounidenses de Siria, es un buen ejemplo de lo que acabamos de decir. Aunque Trump nunca habría debido anunciar semejante disparate en la política hacia Oriente Medio.
… y ahora, ¿qué?
Primero hay que esperar a comprobar qué es lo que anuncia el fiscal especial Mueller. Constatar cuantos conejos saca de su chistera para su informe final al Departamento de Justicia, lo que podrían reducir algo la desesperación que se percibe en la izquierda.
Por cierto, acaba de ser confirmado por el Senado (54 a 45 votos) el nuevo secretario de este departamento: el llamado Fiscal General William Barr.
Tras las elecciones de noviembre pasado, Trump destituyó a quien durante casi 2 años ocupó el cargo honorablemente -pero con el disgusto de Trump, justamente por la investigación Mueller-. Se trataba del antiguo senador Jeff Sessions.
El nuevo Fiscal General William Barr
El nuevo Fiscal General Barr, de 68 años de edad, tiene una profunda experiencia en este campo. Bajo el Presidente George Bush padre, entre 1990 y 1991 fue Fiscal General Adjunto (el nº 2 del departamento). Entre 1991 y 1993 pasó a ser el Fiscal General.
En el resto de los 90s fue Vicepresidente Ejecutivo y Consejero Jurídico de una gran empresa telefónica: GTE Corporation, que devino Verizon Communications. Posteriormente, fue socio de uno de los grandes bufetes de Washington, D.C., y asesor de grandes empresas.
William Barr mantiene una actitud dura respecto a las cuestiones de inmigración y al tráfico de drogas. Es partidario del mantenimiento de la pena de muerte, por su efecto disuasorio sobre la delincuencia.
Barr ha opinado que fue errónea la sentencia del Tribunal Supremo que en 1973 legalizó el aborto. Pertenece desde hace tiempo a la corriente judicial que favorece el mantenimiento de los poderes ejecutivos del presidente, frente a los intentos de debilitarlos en favor del Congreso, como ocurrió tras el caso Watergate.
La izquierda intentará dar continuidad a este fracasado intento de cuestionar la legitimidad de Trump como presidente
La segunda cuestión que deberemos hacer es comprobar cuánto del informe final de Mueller es hecho público por el nuevo Fiscal General Barr. Éste no está obligado a desvelar su integridad, por las referencias a otras investigaciones en marcha, la identidad de ciertas fuentes, otras cuestiones de seguridad nacional, etc. La batalla política en torno a este asunto, es segura.
Finalmente, habremos de ver la manera o maneras en que la izquierda tratará de dar continuidad a esta investigación -para prolongar el cuestionamiento de la presidencia Trump-, cuando se cierre la vía del fiscal especial Mueller. Ya hay movimientos en esta dirección, pero eso se abordará en otro momento.
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