Michael Cohen Paul Manafort
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De repente, en pleno verano -el 21 de agosto-, parecería que la Presidencia de Donald Trump llamase a su fin … si uno hiciera caso a los innumerables medios de comunicación del progresismo estadounidense: la brigada mediática. Trump ha resultado debilitado, pero en mucho menor grado al que pretende la izquierda. La autoinculpación de Michael Cohen, tendrá un efecto limitado. Tras 2 años, el fiscal especial Robert Mueller, sigue sin encontrar evidencia alguna de la pretendida colaboración equipo de Trump – autoridades rusas.
Esta investigación, ¿responde a intenciones espurias?
¿Qué es lo que ha provocado el actual alboroto?
Principalmente, que Michael Cohen (quien fuera abogado particular de Trump) el 21 de agosto asumió su responsabilidad en los cargos ante un tribunal. La mayoría de esos cargos se refieren a negocios puramente privados de Cohen, pero dos derivan de su intervención en los pagos a dos mujeres para evitar que hicieran públicas sus relaciones sexuales con Trump, años antes, para evitar efectos contraproducentes a Trump en las elecciones de noviembre de 2016. La manera en que se efectuaron esos pagos implica la vulneración de las normas de financiación de campañas electorales, lo que en EE.UU. es un delito.
Si, como Michael Cohen declaró indirectamente, Donald Trump fue quien le ordenó efectuar esas transferencias, el actual presidente quedaría también inculpado de aquel delito. Cohen hace frente a varias décadas de condena, por cuanto informará a la fiscalía de Mueller de cuanto pueda perjudicar a Trump, en busca de una rebaja de su condena.
Secundariamente, el 21 de agosto, Paul Manafort (jefe de campaña de Trump durante 3 meses de 2016) fue condenado por un tribunal en Virginia por evasión fiscal personal y otros cargos. Nada tiene que ver con la supuesta connivencia del equipo de Trump con las autoridades rusas, pero Manafort podría busca también un acuerdo con el fiscal especial Mueller, para recortar su tiempo de estancia en prisión.
Estos dos hechos no guardan ninguna relación con la investigación de Mueller, que debe perseguir “cualquier relación y/o coordinación entre las autoridades estatales de Rusia y personas del equipo de campaña del [actual] Presidente Donald Trump”.
Robert Mueller fue nombrado fiscal especial el 17 de mayo de 2017, por el Departamento de Justicia bajo Trump, una semana después de que el presidente destituyera al director del FBI, James Comey, quien previamente había iniciado una investigación semejante a fines de julio de 2016, antes de las elecciones. La izquierda acusó a Trump de obstrucción de la justicia por la destitución de Comey, a pesar de que los presidentes tienen plena competencia constitucional para destituir a los directores del FBI y de casi todas las demás agencias federales.
¿Qué ha descubierto aquella investigación sobre Rusia en 2 años?
En tan prolongado periodo de tiempo, la investigación no ha conseguido a día de hoy NINGUNA prueba de la supuesta colusión entre colaboradores de Trump y las autoridades de Rusia. Por tanto, ningún colaborador de Trump ha sido acusado por Robert Mueller hasta la actualidad de ponerse de acuerdo con el Estado ruso para influir sobre las elecciones de 2016.
En la versión completa de este artículo, aparecen todos los procesados no rusos por parte del fiscal especial Robert Mueller. Todos, por causas privadas o por mentir al FBI.
Entonces, ¿por qué se ha montado este revuelo político?
Porque la situación del Presidente Trump se ha debilitado desde el 21 de agosto y porque la izquierda se ha exaltado por creer haber descubierto lo que se expone a continuación.
Una eventual segunda vía para destituir a Trump
La izquierda había puesto todas sus esperanzas de expulsar a Donald Trump de la presidencia en base a las supuestas connivencias de Trump con las injerencias rusas en las elecciones de noviembre de 2016, por medio del fiscal especial Robert Mueller. Aunque éste no le acusara directamente, al remover historias pasadas hubiera dado pie a un proceso de impeachment (revocación) en el Capitolio, en cuanto el Partido Demócrata se hiciera con una mayoría en la Cámara de Representantes, lo que podría suceder en las elecciones legislativas del próximo 6 de noviembre.
Ahora bien, el reconocimiento de culpa de Michael Cohen abre a la izquierda una segunda posibilidad judicial: el procesamiento de Trump en los tribunales federales ordinarios por el delito contra las normas de la financiación electoral, de forma totalmente independiente del Congreso, incluso si no logran hacerse en noviembre con el control de la Cámara Baja.
¿Hay precedentes de destituir a un presidente por delito de financiación de la campaña?
No, no lo hay.
Además, si aquel delito justificase expulsar a un presidente, Barack Obama debería haber sido destituido el primer año de su presidencia, 2009, porque lo cometió de forma innegable. El equipo electoral de Obama tuvo que pagar en 2009 una multa de 375.000 $, impuesta por la Comisión Electoral Federal (FEC), por delitos de financiación de su campaña electoral.
Además, en junio de 2005 el entonces senador por Illinois Barack Obama, se había beneficiado en 300.000 $ al comprar una casa en Chicago, por un precio inferior en aquella cantidad. Quien asumió esa diferencia, al adquirir una parcela contigua, fue la mujer de Tony Rezko, un empresario inmobiliario, luego encarcelado durante años.
En la revista conservadora National Review se argumenta que “nunca se ha amenazado a un presidente con el impeachment principalmente por un delito cometido ANTES de su toma de posesión”, como es el caso ahora.
En conclusión
Los dos sucesos del día 21 de agosto han empeorado la situación para la presidencia de Donald Trump, pero con lo que se sabe hoy en día -2 años después del inicio de la investigación-, no se ha producido ningún cambio de extrema gravedad, ni definitivo.
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¿Qué es lo que ha provocado el actual alboroto?
A).- Con diferencia, la principal novedad que se ha producido estos pasados días tiene que ver con la asunción formal de culpabilidad por parte de Michael Cohen el día 21 de agosto, ante un tribunal federal de Manhattan que venía investigándole, en relación a 8 cargos delictivos. Cohen fue durante años uno de los abogados personales de Donald Trump hasta mayo de 2018, cuando Trump prácticamente se desentendió de él.
Seis de aquellos cargos se refieren a negocios puramente privados de Cohen, cometidos entre 2012 y 2016. Concretamente, evasión fiscal en sus declaraciones personales de varios ejercicios y, además, dar a un banco información errónea para la obtención de un préstamo. Todo esto no tiene relación alguna con Trump ni con las actividades de Rusia, pero coloca a Michael Cohen, personalmente, contra las cuerdas ante Robert Mueller por las altas sentencias que comportan.
Los dos restantes cargos derivan de la intervención de Cohen y de un empresario en el pago de elevadas cantidades de dinero durante la campaña presidencial de 2016 a dos mujeres para que no hiciesen público sus relaciones sexuales con el candidato Donald Trump, años atrás, ya que sus declaraciones hubieran influido -negativamente- en las posibilidades del candidato Trump. Los pagos de Cohen y de un empresario superaron los límites máximos federales de contribuciones a una campaña.
Si, como Michael Cohen declaró indirectamente la pasada semana, Donald Trump fue quien le ordenó efectuar esos pagos, el actual presidente quedaría también inculpado de aquel delito, que en EE.UU. comporta una considerable gravedad.
En las manifestaciones de Trump posteriores a las de Cohen, el presidente dijo que fue él quien efectuó el pago directamente a las dos mujeres, siendo ajeno a las transferencias que realizó Cohen y un empresario, de las que se deriva el delito. Esa aportación directa del candidato Trump no supondría delito, porque no hay límite máximo a lo que un candidato puede aportar a su propia campaña.
Michael Cohen ha eludido la prisión con una fianza de 500.000 $, pero sus sentencias alcanzarían una suma muy superior y -sobre todo- comportarían varias décadas de tiempo en prisión. Gracias al acuerdo que ha alcanzado con la fiscalía del tribunal de Manhattan, la privación de libertad podría quedar reducida a entre 3 y 6 años.
B).- Casualmente, el mismo día 21 de agosto, Paul Manafort fue condenado por un tribunal de Virginia por evasión fiscal en sus declaraciones fiscales de los años 2000s y por presentar información falsa a dos bancos en relación a la petición de préstamos. Manafort fue el jefe de la campaña de Trump durante 3 meses de 2016.
Como afirmaba la cadena de TV favorable a la izquierda CNBC poco antes del juicio: “No parece que haya ninguna relación entre el juicio [venidero] a Manafort y la investigación de Mueller sobre una potencial coordinación entre el equipo de campaña de Trump [en 2016] y el Kremlin”. “Pero ha habido abundante especulación … de que Mueller está intentando presionar a Manafort para que haga pública cualquier información de la que pueda disponer sobre [posible] la colusión …”.
En España, la RTVE purgada por la muy honesta y apartidista Rosa María Mateo, cuando informó la primera vez sobre la condena a Manafort, tuvo la ocurrencia de añadir que “estos asuntos guardan relación con la interferencia de Rusia” en las elecciones de 2016, lo que es totalmente falso. Esta tergiversación no puede proceder de ningún medio de EE.UU.: ni el New York Times incurre en tan grosera manipulación.
¿Qué cambia esto en la investigación de Robert Mueller sobre la posible colaboración del entorno de Trump con Rusia?
Absolutamente, nada.
¿Cuál es la finalidad de dicha investigación? ¿Por qué se puso en marcha?
“El fiscal especial [Mueller] queda autorizado a dirigir la investigación confirmada por el entonces director del FBI, James Comey … incluyendo cualquier relación y/o coordinación entre las autoridades estatales de Rusia y personas del equipo de campaña del [actual] Presidente Donald Trump”.
También se le encomendó investigar “cualquier asunto que se derive o pueda derivarse directamente de [aquella] investigación”.
Esto es lo que figura en la orden del 17 de mayo de 2017, emitida por el número 2 del Departamento de Justicia, Rod Rosenstein, nombrando a Robert Mueller fiscal especial (special counselor). Como se ha visto, esta grave investigación la puso en marcha el propio Gabinete del Presidente Donald Trump. Por su parte, Rod Rosenstein había sido nombrado bajo la presidencia de Trump.
La razón inmediata de poner en marcha esa investigación -que tan hondamente perjudica al actual presidente- es que una semana antes (el día 9 de mayo de 2017) Trump había destituido al entonces director del FBI, James Comey, quien formaba parte del equipo de Barack Obama y a quien Trump mantuvo en el cargo.
Como James Comey había iniciado en plena precampaña electoral –el 31 de julio de 2016– una investigación análoga a la posterior de Mueller sobre supuesta connivencia del equipo de campaña de Trump con la República Rusa para interferir en las elecciones, la izquierda -y su brigada mediática- acusó al Presidente Trump de obstrucción a la justicia por destituir a James Comey.
Lo cierto es que los presidentes tienen plena competencia constitucional para destituir a los directores del FBI, como a los de casi todas las demás agencias federales, como la izquierda estadounidense bien sabe. Pero en este caso, ciertamente, su expulsión planteaba una apariencia de obstrucción de la justicia.
¿Es normal que el FBI investigara a un candidato presidencial justo antes de una campaña electoral?
No.
La decisión del entonces director del FBI, James Comey, de abrir (el 31 de julio de 2016) una investigación sobre algo tan grave como una posible colaboración de uno de los candidatos (Donald Trump) con las autoridades de un país enemigo, como es Rusia, está plagada de puntos obscuros y, de hecho, ya es evidente que James Comey colaboró con el equipo electoral de la candidata demócrata, Hillary Clinton, a través del denominado dossier Steele, en lo que parece constituir un abuso de autoridad.
¿Qué ha descubierto aquella investigación sobre Rusia en 2 años?
La investigación extraparlamentaria de Mueller sobre la posible coordinación de colaboradores de Trump con la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, fue realmente iniciada por James Comey (exdirector del FBI) el 31 de julio de 2016, por lo que ha tenido ya una duración total de más de 2 años.
En tan prolongado periodo de tiempo, la investigación no ha conseguido a día de hoy NINGUNA prueba de la supuesta colusión entre colaboradores de Trump y las autoridades de Rusia. Por tanto, ningún colaborador de Trump ha sido acusado por Robert Mueller hasta la actualidad de ponerse de acuerdo con el Estado ruso para influir sobre las elecciones de 2016.
Salvo sorpresa de última hora, la investigación únicamente sirve a los demócratas, para desgastar, deslegitimar y maniatar a la Administración Trump desde el día de la toma de posesión del presidente.
Entonces, ¿por qué se ha montado este revuelo político?
Porque la situación del Presidente Trump se ha debilitado desde el 21 de agosto y porque la izquierda se ha exaltado por creer haber descubierto lo que se expone a continuación.
Una eventual segunda vía para destituir a Trump
Hasta mediados de este mes de agosto, la izquierda estadounidense había puesto todas sus esperanzas de expulsar a Donald Trump de la presidencia en base a las supuestas connivencias de Trump con las injerencias rusas en las elecciones de noviembre de 2016, por medio del fiscal especial Robert Mueller. Aunque éste no le acusara directamente, al remover historias pasadas hubiera dado pie a un proceso de impeachment en el Capitolio, en cuanto el Partido Demócrata se hiciera con una mayoría en la Cámara de Representantes, lo que podría suceder en las elecciones legislativas de mitad de mandato (mid-term) el próximo día 6 de noviembre.
Ahora bien, el reconocimiento de culpa de Michael Cohen en el delito relativo a la financiación de la campaña electoral de 2016 y su inculpación de su anterior cliente, Donald Trump, abre a la izquierda una segunda posibilidad judicial: su procesamiento en los tribunales federales ordinarios por el delito contra las normas de la financiación electoral, de forma totalmente independiente del Congreso, incluso si no logran hacerse en noviembre con el control de la Cámara Baja.
¿Hay precedentes de destituir a un presidente por delito de financiación de la campaña?
Lo primero que ha de constatarse es que si dicho delito justificase expulsar a un presidente, Barack Obama debería haber sido destituido el primer año de su presidencia, 2009, porque cometió aquel delito de forma innegable. El equipo electoral de Obama tuvo que pagar en 2009 una multa de 375.000 $, impuesta por la Comisión Electoral Federal (FEC).
Como de costumbre, la izquierda aplica una doble vara de medir las responsabilidades. En 2009, miembros del equipo de campaña de Obama comentaron alegremente que las irregularidades cometidas eran “relativamente menores”. Hoy, por un caso menor, la izquierda estadounidense pone en marcha toda su maquinaria para intentar expulsar al actual presidente … después de las elecciones legislativas de noviembre. Saben que airear sus planes de expulsión de Trump antes de las elecciones, aumentaría la participación electoral de los electores pro-Trump.
Por su parte, Donald Trump tiene razón al escribir ahora en Twitter que Obama “¡cometió una gran violación en la financiación de su campaña [de 2008] y se solucionó con toda facilidad!
Además, en junio de 2005 el entonces joven senador por Illinois Barack Obama se había beneficiado en 300.000 $ al comprar una casa en Chicago, por un precio inferior en aquella cantidad. Quien asumió esa diferencia, al adquirir una parcela contigua, fue la mujer de Tony Rezko, un empresario del inmobiliario, amigo de Obama, donante de sus campañas -incluso de la presidencial-, quien fue encarcelado en 2009 por múltiples delitos de soborno, evasión fiscal y otros, recibiendo condenas por más de 16 años.
En la revista conservadora National Review se argumenta que “nunca se ha amenazado a un presidente con el impeachment principalmente por un delito cometido ANTES de su toma de posesión”, como es el caso ahora. (Las mayúsculas, son mías)
“Harry Truman [demócrata] habría sido destituido su primer año si un fiscal especial hubiese investigado sus relaciones de años con la organización mafiosa dirigida por [el político demócrata] de Kansas City Tom Pendergast”.
El presidente republicano y héroe de guerra, el General retirado Dwight Eisenhower, se había beneficiado de una dudosa declaración de sus ingresos por la venta de sus memorias en concepto de ganancias de capital, lo que le ahorró un par de cientos de miles de dólares.
Un caso distinto en 1998-99 fue el impeachment del presidente Bill Clinton (por la Cámara Baja, pero absuelto por el Senado) que se debió a que sus mentiras acerca de sus relaciones sexuales con la becaria Monica Lewinsky se produjeron durante su mandato, y dentro de la propia Casa Blanca, podría añadirse.
En conclusión
El mismo día 21 de agosto, los editorialistas del principal diario conservador, el Wall Street Journal, se pronunciaban -correctamente- del siguiente modo. “Dudamos de que Robert Mueller vaya a acusar [formalmente] a Donald Trump durante su mandato, pero la principal amenaza para Trump es política. Es el Congreso el que decide qué trasgresiones son susceptibles de revocación (impeachment) y, si los demócratas retoman el control de la Cámara de Representantes en noviembre, eso es lo que harán.”
Los dos sucesos del día 21 de agosto han empeorado la situación para la presidencia de Donald Trump, pero con lo que se sabe hoy en día -2 años después del inicio de la investigación-, no se ha producido ningún cambio de extrema gravedad, ni definitivo.
Aunque el fiscal especial Robert Mueller se encuentra ahora con mejores palancas para presionar a Paul Manafort y a Michael Cohen, de momento no hay evidencia alguna de que dichas dos personas dispongan de informaciones perjudiciales para el presidente, ni sobre la supuesta connivencia con Rusia ni de otro tipo.
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