Liberalizar la economía simplificando los estudios de impacto ambiental
“El presidente [Trump] está impulsando la [medida de] liberalización [económica] más relevante de su mandato”. Esto es lo que declaró el Secretario del Interior, David Bernhardt, en la Casa Blanca –el día 9 de enero- en el acto de presentación por Donald Trump de las reformas que propone en relación a los estudios de impacto ambiental (en inglés, environmental impact statement –EIS), según recoge The Washington Post.
El propósito es poder acortar los actuales largos plazos requeridos (en término de varios años) hasta que realmente se pone en marcha la construcción de un proyecto con fondos federales, o de un proyecto que deba ser autorizado por una agencia federal aunque vaya a ser una empresa privada la que lo lleve a cabo, como una mina o un oleoducto.
Aquellos estudios de impacto ambiental son imprescindibles para obtener la autorización para la construcción de carreteras y puentes, ampliación de aeropuertos, líneas ferroviarias y de tranvías urbanos. También para el tendido de oleoductos y la apertura de nuevas minas.
En EE.UU., el tiempo desde el inicio de la elaboración de los estudios de impacto ambiental (EIA) a la aprobación definitiva de los mimos, para los 1.161 proyectos que fueron promovidos por departamentos y agencias federales durante el periodo de 2013 a 2017, “llevó por término medio 4,5 años” y 669 páginas.
Esto se figura en el estudio publicado en diciembre de 2018 por el Consejo de Calidad Medioambiental, de la Casa Blanca. (El número medio de páginas de los estudios, procede de otra fuente)
Para los mayores proyectos los plazos llegan hasta los 8 o 10 años
Si nos referimos a los grandes proyectos de construcción o mejora de carreteras, ferrocarriles, metros, etc., del Departamento federal de Transportes (DOT), el tiempo medio requerido para la tramitación de los estudios EIA fue de 6,5 años. (Ver pág. 6 de aquel estudio de la Casa Blanca) Eso significa que algunos proyectos tardaron hasta 8 o 10 años en aquella tramitación.
Se exige un estudio de este tipo para todos los proyectos, públicos y privados, que puedan perjudicar al entorno humano.
Además de los proyectos de transportes, también están comprendidos los siguientes: los de la NASA, ciertos planes urbanísticos (HUD), los de la Guardia Costera, la Comisión Federal Reguladora de la Energía (FERC), el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (que interviene a mneudo en proyectos civiles), el Servicio Forestal (USFS), la Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), el Instituto Nacional de Sanidad (NIH), etc.
Efectos contraproducentes de los actuales largos plazos previos
Pueden sintetizarse del siguiente modo:
— Encarecimiento del proyecto, malgastando los recursos públicos federales.
— Retrasos en su puesta en servicio de los proyectos, en favor de los ciudadanos y de las empresas.
— Reticencias de las administraciones para emprender nuevos proyectos.
Ya que en todo momento hay cientos de grandes proyectos –de todo tipo, en infinidad de diferentes sectores económicos- paralizados por este motivo, no sería extraño que la productividad de la economía se esté resintiendo.
Liberalización general y relanzamiento económico
Esta medida de liberalización, forma parte de la política general de reducir el intervencionismo público en la actividad económica que Donald Trump puso en marcha desde que llegó a la Casa Blanca, a final de enero de 2017, como expliqué en un anterior artículo al que se accede desde el enlace de arriba.
El anterior presidente, Barack Obama, había acrecentado dicho intervencionismo, en perjuicio de empresas y ciudadanos, como hacen los gobernantes progresistas.
Desde las presidencias de Ronald Reagan en los años 80, no había habido un recorte del intervencionismo de análoga intensidad como el que ahora está en marcha.
Esta liberalización de la economía y la reforma fiscal de diciembre de 2017 –que redujo los impuestos a la gran mayoría de las familias del país y a las sociedades-, han dado lugar a un mayor nivel de producción nacional de EE.UU. en 2018 y 2019, a pesar de la débil coyuntura internacional.
Concretamente, se ha alcanzado el nivel de desempleo más bajo de los pasados 50 años: 3,5%, desde septiembre de 2019 hasta hoy en día. Abordé este histórico éxito laboral en mi artículo de noviembre de 2019.
Un reciente caso extremo de retraso
El editorial del 13 de enero del principal diario de la derecha en EE.UU., el Wall Street Journal (WSJ), ha referido uno de los casos más emblemáticos de retrasos por los estudios de impacto ambiental (EIA): el proyecto de ampliación en 12 millas [21 km] de la autovía Interestatal 70, en el área de Denver (Colorado), cuya construcción aún no ha concluido.
Según aquel editorial “el EIA (estudio de impacto ambiental) final ocupó 8.951 páginas, y los anexos 7.307 páginas más. El conjunto de este galimatías se prolongó 13 años”, para una obra de una autovía de 21 kilómetros.
Esos 13 años representaron atascos –innecesarios- durante todo ese largo periodo, así como la quema inútil y costosa de gasolina para los conductores de los coches atrapados en los atascos y, si alguien cree en el cambio climático, 13 años de miles de coches emitiendo CO2 y gases realmente contaminantes, mientras estuvieron en punto muerto.
La aplicación de la ley de 1970 hace mucho tiempo que mostró no ser la adecuada
Aquellos retrasos derivan de la forma en que se está aplicando la Ley sobre la Política Nacional Medioambiental (NEPA, de sus siglas en inglés) de 1970, firmada por el Presidente Nixon. Esta ley -y sus reglamentos- apenas ha sido modificada desde 1978, hace más de 40 años. Aquella ley es la que creó los estudios de impacto ambiental (EIA) para los proyectos federales y para los proyectos autorizados por la Administración federal.
Por esa circunstancia, el editorial del WSJ decía que “la ley NEPA no ha sido actualizada en 40 años, que es por lo que la Administración Trump merece reconocimiento por su decisión de modernizarla”.
Ya que la ley en sí misma no deberá ser modificada, sino sólo sus reglamentaciones, esta reforma no deberá someterse al Congreso, pero sí que será necesario varios periodos de consulta pública, que es el primer escalón que va a ponerse en marcha en breve.
En consecuencia, es casi seguro que la Administración logrará sacar adelante esta reforma. Ahora bien, está igualmente asegurado que lobbies ecologistas y administraciones en manos de la izquierda cuestionarán su legalidad ante los tribunales.
La propuesta de la Administración Trump para liberalizar la economía
Siguiendo el editorial del Wall Street Journal, “Uno de los elementos destacados [de la reforma] es que el proceso [para los estudios EIA] quedaría sometido a [ciertas] limitaciones: dos años y [una extensión de] 300 páginas para un estudio completo de impacto ambiental; un año y 75 páginas, para un estudio de menor alcance”. Los proyectos más complejos, podrían superar dichos límites, según un procedimiento tasado.
Además, se recortaría el alcance de determinados conceptos de la ley. Por ejemplo, algunas sentencias judiciales ya han determinado que la ley NEPA de 1970 no está pensada para aquellos proyectos que comporten “una mínima intervención o financiación federal”. La reforma propuesta ofrece una definición de qué proyectos debían considerarse en dicha situación; también considera si debería fijarse un montante económico mínimo para efectuar esa delimitación.
Actualmente, bajo la NEPA y los reglamentos en vigor, no hay límite temporal alguno, ni de la extensión del estudio de impacto ambiental.
La reforma propuesta, por otro lado, invalidaría el empleo de conceptos sumamente difíciles –o imposibles- de determinar, tales como el “efecto acumulativo” que la construcción de un oleoducto tendrá en el nivel del mar en el año 2100. Esta es una de las mil artimañas de los ecologistas para alargar en el tiempo y complicar el desarrollo de los juicios sobre estos asuntos. En vez de aquello, las agencias deberían centrarse en evaluar efectos que sean “razonablemente predecibles”.
Trump se ha ganado el apoyo de sindicatos a su propuesta
Como prevé el editorial del Wall Street Journal, los sindicatos muy seguramente van a apoyar esta reforma –por muy de izquierda que sean-, ya que una más rápida ejecución de los proyectos federales ejercería un efecto favorable para los trabajadores que intervienen en ellos.
Por eso, Donald Trump invitó a varios representantes sindicales de la construcción al acto del día 9 en la Casa Blanca, adonde acudieron con sus cascos de trabajo.
Uno de ellos, Sean McGarvey, dirigente de los Sindicatos de la Construcción de Norteamérica (NABTU, siglas del inglés) declaró lo siguiente: “esta propuesta no arrebata nada de la protección de nuestros ciudadanos, del dinero de los contribuyentes, de los trabajadores, ni del medioambiente”.
Deja una respuesta