Neomi Rao. Nueva jefe de la Oficina de la Casa Blanca para la reforma regulatoria (OIRA)
De acuerdo al informe de la Oficina OIRA, de la Casa Blanca, durante el año fiscal 2018 -que finalizó el 30 de septiembre- la Administración federal redujo los costes netos de las reglamentaciones sobre la economía en 23.000 millones de dólares. Por cada nueva reglamentación “significativa” (de cierta cuantía o relevancia), se adoptaron una media de cuatro medidas liberalizadoras “significativas”. Las empresas, autónomos y consumidores han sido los beneficiados. Esta amplia liberalización de la economía es el segundo factor que, junto con la rebaja de impuestos, está provocando la aceleración de la economía de EE.UU., por encima del agónico 2,1 % anual medio del periodo poscrisis de Barack Obama (3º trim. 2009 a enero de 2017).
En muchos campos, se están suprimiendo o recortando reglamentaciones e instrucciones federales obsoletas o innecesarias, que ocasionan diversos costes a las empresas y consumidores y que obligan a aquellas a presentar formularios de excesiva amplitud (que acarrean costes administrativos).
Gran parte de las regulaciones en cuestión elevan, innecesariamente, el precio de los bienes y servicios consumidos, perjudicando a los consumidores. El encarecimiento de los automóviles al exigir a los fabricantes un excesivo grado de eficiencia de los combustibles y una exagerada reducción del CO2 emitido (¡que no provoca contaminación alguna!), son una clara muestra.
En 2018, por ejemplo, el Departamento de Sanidad (Health) ha ahorrado 8.300 millones $, simplificando los trámites a los siguientes proveedores de servicios sanitarios: ambulatorios y hospitales (skilled nursing facilities), unidades para pacientes (inpatient hospitals) y terapeutas de asistencia domiciliaria.
La necesidad de una liberalización de la economía de EE.UU. fue generándose hace bastantes años pero, indudablemente, se hizo acuciante ante el asfixiante intervencionismo económico de la Administración Obama (2009-2016).
Por este motivo, la acelerada reducción de las reglamentaciones federales en curso, está suponiendo el desmantelamiento de los mayores excesos regulatorios de Barack Obama. Su legado económico está siendo diezmado. ¡Enhorabuena, Trump!
Muchos de estos recortes afectan a los sectores de la energía y del medioambiente, pero también a cuestiones derivadas de las políticas climáticas, laborales, financieras, comerciales, de servicios sociales y del transporte.
En otros casos, las regulaciones suprimidas o recortadas eran simplemente contraproducentes para los intereses de muchos agentes económicos, sin aportar a otros agentes beneficios de semejante cuantía.
El análisis coste-beneficio está volviendo a ser aplicado rigurosa y ampliamente, tras el paréntesis de la Administración Obama, que realizó cálculos con “procedimientos creativos”: argucias.
En total, en 2018 se han adoptado 176 medidas federales de liberalización, de las que 57 se consideran “significativas”. El total de nuevas regulaciones en 2018 ha sido de únicamente 14, lo que representa un gran parón con respecto a los años del Presidente Obama (ver el gráfico, más abajo).
El proceso liberalizador ahora en marcha, es el de mayor profundidad desde el acometido por Ronald Reagan en los años 80 -e incluso le supera-, que también contribuyó decisivamente al relanzamiento económico (enero 1983 a julio 1990).
Como puede apreciarse, el Partido Republicano es en EE.UU. el adalid de la reducción del papel de los poderes públicos en la economía y en la sociedad: small Government.
Según algunas estimaciones (de muy difícil realización), el coste total de las reglamentaciones federales asciende a casi 2.000 billones (continentales) de dólares en el año fiscal 2017: casi el 10% del PIB de EE.UU., o unos 15.000 $ anuales para cada unidad familiar.
Naturalmente, la mayoría de aquellas normas son muy necesarias, incluso imprescindibles, para el adecuado funcionamiento de la economía y la protección de intereses generales. Nadie propone su total supresión, pero hay que ser conscientes de las cargas que comportan.
Los cálculos de la Oficina OIRA son netos, ya que a los costes ahorrados cada año por decisiones liberalizadoras, se les resta los costes de las nuevas regulaciones adoptadas en dicho año.
En EE.UU. se refieren a la liberalización de la economía como deregulation policy o agenda.
La vorágine reguladora de la Administración de Barack Obama
Como buen progresista, el Presidente Obama impulsó una incesante ampliación de la regulación federal en todos los órdenes de la actividad económica, colocándolas … ¡hasta en la sopa!
Esa fue una de las principales razones por las que Obama no logró acelerar suficientemente la economía -su equivocada política-, incluso varios años después de haber superado la recesión económica -lo que sucedió en el tercer trimestre de 2009-, provocando la insatisfacción ciudadana y contribuyendo al fracaso de Hillary Clinton en las presidenciales de noviembre de 2016.
Como muestra de la burocratización de la economía, puede indicarse que en su último ejercicio completo en el poder -2016- Barack Obama envió al boe estadounidense (el Federal Register) 95.894 páginas de leyes y otras normas de sus secretarías y agencias federales; el valor más elevado nunca antes alcanzado.
Conforme a la oficina OIRA, durante los primeros 21 meses de la Presidencia Obama (hasta finales de octubre del segundo año), se impusieron 245.000 millones $ en nuevos costes a la economía por regulaciones introducidas. Durante el mismo periodo de Donald Trump, se han reducido dichos costes en 33.000 millones $, gracias a las numerosas liberalizaciones llevadas a cabo.
Como puede verse en el gráfico a continuación, durante sus primeros 18 meses la administración Obama incrementó el número de su actividad reguladora significativa más del 50% con respecto al mismo periodo de George Bush hijo: 89, frente a 57 Bush.
Número de nuevas reglamentaciones significativas – Primeros 18 meses de cada presidente
Fuente: Análisis del Professor Bridget Dooling (1 agosto 2018), con datos de RegInfo.gov. GWU Regulatory Studies Center.
Amplio programa de liberalización de la economía de Donald Trump
Como en otros muchos campos, la actuación de la Administración Trump en éste responde a una promesa electoral claramente formulada a los electores por el entonces candidato. En este sentido, su actuación se está apartando sustancialmente -en el buen sentido- de las prácticas políticas habituales: prometer en campaña, olvidarse al llegar al poder. Supone un mejoramiento del funcionamiento del Estado democrático.
Como ha dicho la Casa Blanca en un reciente comunicado: “El Presidente Trump prometió reactivar la economía estadounidense aligerando las cargas administrativas innecesarias, obsoletas y duplicadas que Washington había ido introduciendo. Reconoció que estas regulaciones estaban perjudicando a los ciudadanos: granjeros, pequeños empresarios y otros creadores de empleo. … los estadounidenses podrán nuevamente hacer progresar sus negocios, mantener sus familias y tomar sus propias decisiones” [en lugar de que lo hagan por ellos las autoridades].
A los diez días de tomar posesión, esto es, el 30 de enero de 2017, Donald Trump adoptó la primera medida para la liberalización de la economía: emitió la Orden Ejecutiva nº 13.771, para que las agencias federales eliminasen en el futuro 2 regulaciones existentes cada vez que introdujeran una nueva.
Además, conforme a aquella Orden los miles de nuevas normas en proceso de elaboración al producirse el traspaso de poder, debían ser reevaluadas, siguiendo los procedimientos establecidos (escuchando a las partes interesadas), sin saltárselos, como hacía frecuentemente la Administración Obama: los progresistas, como tienen “buenas intenciones”, no se consideran obligados a respetar las normas de procedimiento.
De este modo, desde el comienzo mismo de su mandato, Donald Trump dejó claro a toda la sociedad que las cargas administrativas iban a ir siendo recortadas, año tras año, mejorando las expectativas y acelerando el crecimiento económico desde el segundo trimestre de 2017, con una tasa (definitiva) del 3,0%, frente al 1,8% de los tres anteriores trimestres (bajo Obama o bajo su influencia).
Durante el primer año de mandato de Trump -2017- el boe estadounidense publicó tan sólo 61.308 páginas, una reducción del 36% con respecto al último año de Obama, 2016 (95.894 págs.), y la cifra más reducida desde 1993.
En sus primeros 18 meses de mandato (20 enero 2017 al 20 julio 2018), la Administración Trump emitió un 64% menos de regulaciones significativas, en comparación a Obama: 32, en vez de 89.
Objetivos para el año fiscal 2019
El esfuerzo liberalizador no va a detenerse, sino que proseguirá durante 2019. Para ese año, la oficina OIRA y las agencias federales -en su Unified Agenda- se han propuesto una reducción adicional, neta, de los costes regulatorios sobre la economía de 18.000 millones $.
La zarina de la liberalización de la economía. La oficina OIRA
Cuando la Sra. Neomi Rao (que aparece en la foto de cabecera) fue propuesta en abril 2017 por Trump para encabezar la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA, del nombre en inglés) se disiparon las dudas que cualquiera pudiera tener acerca de la voluntad de la nueva Administración en llevar a cabo una reforma a fondo del proceso regulatorio y, en particular, en acometer una amplia liberalización de la economía (deregulation).
La oficina OIRA, creada en 1980, forma parte de la gran Oficina de Administración y Presupuestos (Management and Budget Office. MBO) de la Casa Blanca.
La Sra. Roa, de 45 años, hija de emigrantes de India, está especializada en derecho constitucional y administrativo, estudió en la Universidad de Yale y en la de Chicago.
Había trabajado ya en las tres ramas del Estado: en el Congreso (como ayudante de senadores), en la Casa Blanca (en la propia oficina OIRA) y en el Tribunal Supremo (como ayudante del magistrado de color Clarence Thomas).
La Oficina OIRA revisa todas las nuevas reglamentaciones de las agencias federales y cuenta con autoridad para rechazar aquellas que no cuadren con las prioridades del presidente de EE.UU. También puede reevaluar las pasadas reglamentaciones, como está haciendo en la actualidad.
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