El 1 de marzo el Presidente Trump anunció personalmente que su Administración estaba estudiando una inminente aplicación de aranceles disuasorios a la importación en EE.UU. de acero (25%) y aluminio (10%). Al día siguiente, la Casa Blanca aclaró que dichos aranceles se cargarían a aquellos productos aunque fuesen originarios de sus aliados, como Canadá, los países europeos, Japón y Corea del Sur. Ese mismo día la Comisión Europea replicó que, de materializarse la amenaza del presidente, la UE tomaría enseguida represalias comerciales contra la importación en la UE de 3 productos estadounidenses, por un total de 3.500 M$: las motos Harley-Davidson, el bourbon (esto es, la bebida tipo whisky de EE.UU.) y los pantalones vaqueros (confeccionados con tejido denim). Inmediatamente, Trump respondió que –en dicho caso- EE.UU. introduciría represalias contra los automóviles de la UE. Todo esto se asemeja mucho al inicio de una guerra comercial EEUU e internacional … si las instituciones federales y el mundo empresarial no consiguen detener a Trump.

 

· Tras el presente RESUMEN se reproduce el ARTÍCULO COMPLETO ·

El propósito proteccionista de Trump es salvar unos pocos miles de empleos en las fábricas estadounidenses de acero y aluminio, pero hay muchísimas más empresas en EE.UU. que emplean aquellos productos semielaborados en la fabricación de vehículos y aeronaves, de maquinaria y materiales de construcción, latas para cervezas, etc. Estas compañías verían aumentar el coste de sus productos e, incluso, quedarían desabastecidas ocasionalmente por la insuficiente oferta nacional hasta que se expandiera la capacidad de producción estadounidense. En estas empresas se perderían muchos miles de empleos. Además, al reducirse la competencia se ralentizaría la innovación tecnológica de las empresas.

No sólo bastantes senadores y representantes del Partido Demócrata, sino también un elevado número de los republicanos, expresaron rápidamente su oposición al proteccionismo de Trump, abriéndose una peligrosa brecha entre ambos poderes.

Pero congresistas demócratas de los estados con mayor producción de estos metales aplaudieron enseguida el plan de Trump, así como algunos de los sindicatos.

107 representantes republicanos de la Cámara Baja han entregado hoy una carta conjunta al presidente pidiéndole que se abstenga de seguir adelante con su medida de protección arancelaria de amplio espectro (incluidos los aliados de EE.UU.), orientándola en su lugar a China y a algún otro país que esté tirando los precios por el suelo, lo que no es el caso con los productores occidentales. También demandan que sólo se aplique a ciertos productos finales de acero y aluminio, no a otros muchos.

La legislación estadounidense permite que el presidente –sin contar con el Congreso-, excepcionalmente, suba aranceles a la importación en base a consideraciones de seguridad nacional.

En vista de lo que estamos viviendo, senadores y congresistas del GOP están cuestionándose los amplios poderes que el Capitolio ha ido concediendo a los presidentes en esta materia durante las pasadas décadas, pensando en fórmulas para restablecer la necesidad de consentimiento por parte del Congreso.

La crisis comercial y diplomática ha desembocado en una crisis política.

A la preocupante tensión entre el presidente y gran parte de los dos grupos parlamentarios conservadores, se añadió la dimisión el día 6 del principal consejero económico de Trump: Gary Cohn. Gary Cohn se opuso desde el comienzo al plan de Trump y éste dejó de atender sus consejos. Era el principal representante de la corriente favorable a los negocios y al libre comercio dentro de la Casa Blanca.

Una reacción en cadena de represalias y contrarrepresalias comerciales, incluso entre aliados occidentales, podría provocar una disminución del crecimiento económico internacional y la paralización de decisiones de inversión, con aumentos del desempleo en varios países, incluido EE.UU. No se ha producido nada semejante, a gran escala, desde la Segunda Guerra Mundial.

El futuro de la Organización Mundial del Comercio podría quedar comprometido, al ignorar varios países sus normas para la solución de diferencias comerciales.

Desde hace unos 20 años los demócratas de EE.UU. comenzaron a abandonar, paulatinamente, el respaldo que antes dieron durante mucho tiempo a las políticas de apertura comercial y a la negociación de acuerdos de libre comercio. A partir del comienzo de este siglo, aproximadamente, mantienen posturas proteccionistas –análogas a las de Trump-, primando en sus programas las políticas ecologistas.

Por el contrario, a lo largo de las tres últimas décadas (desde más o menos 1994) el Partido Republicano ha sido en todo momento el abanderado del libre comercio, hasta la elección de Donald Trump en noviembre de 2016 … Pero, como se observa, hay mucha resistencia en el GOP a dejar de lado aquella política, necesaria para que prosiga el rápido crecimiento económico y una expansión de los negocios.

---

· Artículo completo ·

Trump amenaza con una desastrosa guerra comercial

Se abre una crisis política

El 1 de marzo el Presidente Trump anunció personalmente que su Administración estaba estudiando una inminente aplicación de aranceles disuasorios a la importación en EE.UU. de acero (25%) y aluminio (10%). Al día siguiente, la Casa Blanca aclaró que dichos aranceles se cargarían a aquellos productos aunque fuesen originarios de sus aliados, como Canadá, los países europeos, Japón y Corea del Sur. Ese mismo día la Comisión Europea replicó que, de materializarse la amenaza del presidente, la UE tomaría enseguida represalias comerciales contra la importación en la UE de 3 productos estadounidenses, por un total de 3.500 M$: las motos Harley-Davidson, el bourbon (esto es, la bebida tipo whisky de EE.UU.) y los pantalones vaqueros (confeccionados con tejido denim). Inmediatamente, Trump respondió que –en dicho caso- EE.UU. introduciría represalias contra los automóviles de la UE. Todo esto se asemeja mucho al inicio de una guerra comercial internacional … si las instituciones federales y el mundo empresarial no consiguen detener a Trump. Sería una guerra comercial EEUU.

Junto a los países ya mencionados, China, Rusia, Brasil, Méjico y Emiratos Árabes Unidos serán particularmente perjudicados por la medida anunciada por Trump. Además de la UE, es previsible que China, Rusia e incluso Canadá adopten represalias comerciales. Otros aliados de EE.UU. se resignarían, pero las relaciones diplomáticas bilaterales se resentirían.

El mismo día del anuncio de la medida, una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmó lo siguiente: “En relación a las acciones de EE.UU., China tomará las medidas que estime oportunas para salvaguardar sus legítimos derechos e intereses”.

El Departamento de Comercio sigue delineando los detalles de la medida proteccionista anunciada por el presidente y cabe la posibilidad de que en su “letra pequeña” se desvanezcan algunos de los aspectos más negativos que podría adquirir esta política, gracias a las grandes presiones que la Casa Blanca está recibiendo en estos momentos desde muchos frentes. El texto se conocerá a finales de la presente semana o durante la siguiente.

El propósito proteccionista de Trump es salvar unos pocos miles de empleos en las fábricas estadounidenses de acero y aluminio, frente a la tendencia establecida a su declive, e incrementar la rentabilidad de estas empresas; por ello, el valor en Bolsa de estas compañías ha subido estos días con intensidad.

Pero hay muchísimas más empresas en EE.UU. que emplean aquellos productos semielaborados en la fabricación de vehículos y aeronaves, de maquinaria y materiales de construcción, maquinaria agrícola, embarcaciones de recreo, envases para cervezas, latas para alimentos … y muchos más. Toda esta variedad de sectores han visto cómo caía la valoración bursátil de sus compañías, ante el futuro crecimiento de sus costes. Además, el empleo en estos sectores seguramente caería más que su incremento en la producción de acero y aluminio.

A aquel efecto directo, se sumarían –por lo menos- dos tipos de reacciones indirectas:

— la pérdida de mercados exteriores de los productos estadounidenses que fuesen objeto de represalias por parte de los países que se vean perjudicados por la medida de Trump, ya sean motos, aeronaves, productos agrarios …

— la ralentización de la actividad económica general en EE.UU. y en el resto de los países más industrializados como consecuencia del enrarecimiento del ambiente de los negocios (y el retraso en las decisiones de inversión) si se pone se marcha una contienda comercial, carente de un propósito de solución pactada, sino guiada por un encadenamiento de contramedidas comerciales recíprocas.

Por otro lado, en tanto que los fabricantes estadounidenses de acero y aluminio ampliasen su capacidad fabril -lo que lleva años- podrían presentarse situaciones de insuficiente abastecimiento y, con toda seguridad, un rápido incremento del precio de estos productos que –finalmente- repercutirían en otros negocios y en los consumidores finales.

Un estudio realizado el año pasado por la consultora NERA Economic Consulting sobre las consecuencias de imponer un arancel del 7% (menos que lo anunciado ahora por Trump) al aluminio importado, daba como resultado positivo que incrementaría el empleo en ese sector en 1.000 puestos de trabajo y su facturación en 850 M$. Pero su efecto negativo en otros sectores consumidores de aluminio era una pérdida de 22.600 puestos y una bajada en su facturación de 5.000 M$ al año.

La legislación estadounidense permite que el presidente –sin contar con el Congreso- tome una medida de este tipo en base a necesidades de seguridad nacional; se trata de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial (Trade Expansion Act) de 1962, elaborada en plena guerra fría. Es una prerrogativa que ningún presidente ha empleado desde 1983, en un caso de maquinaria herramienta.

Ahora bien, es poco probable que encaje en la normativa comercial internacional emanada de la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde los países perjudicados podrían ganar una reclamación frente a EE.UU., obligándoles a anular esa medida.

Por otro lado, en el mero terreno económico y político, ¿quién puede aducir que para Estados Unidos comprar acero y aluminio de su vecino y aliado de siempre, Canadá, vaya a suponer un riesgo de seguridad nacional, incluso en situación bélica?

En los primeros días de esta crisis se apuntó la extrañeza porque los principales suministradores de acero a EE.UU. no es China, sino (por este orden) Canadá, Brasil, Corea del Sur y Méjico. Sucede lo mismo respecto al aluminio: Canadá, Rusia y la Unión de Emiratos venden más a EE.UU., que China. Esto es cierto, pero todo el mundo sabe que quien ha creado una excesiva oferta a nivel mundial es China y, en consecuencia, es a quien debería disciplinarse su comportamiento.

Reacciones dentro y fuera de Estados Unidos

No sólo bastantes senadores y representantes del Partido Demócrata, sino también un elevado número de los republicanos, expresaron rápidamente su oposición al proteccionismo de Trump.

Pero congresistas demócratas de los estados con mayor producción de estos metales aplaudieron enseguida el plan de Trump, así como algunos de los sindicatos.

La Unión Europea, que en 2002 también hubo de hacer frente a una amenaza comercial análoga –aunque de mucho menor riesgo-, ha hecho una acertada elección de los productos estadounidenses que serían represaliados en el primer momento. Casi todo el bourbon se elabora en Kentucky, que es el Estado del jefe del Senado, Mitch McConnell. La fábrica de las motos Harley Davidson se encuentra en Wisconsin, Estado al que representa Paul Ryan en la Cámara Baja, de la que es su jefe (Speaker).

“Estamos extremadamente preocupados por las consecuencias de una guerra comercial por lo que estamos urgiendo a la Casa Blanca a que paralice dicho plan”, dijo una portavoz del republicano Paul Ryan. Añadiendo: “La ley de reforma fiscal está impulsando la economía y no desearíamos que este logro se viese en peligro” (por una guerra comercial). A los dos días, no obstante, Paul Ryan se vio obligado a corregir su postura, demandando tan sólo que la medida se dirigiera principalmente contra China y comprendiera tan sólo los productos finales de acero y aluminio, no los intermedios.

Al mismo tiempo, el jefe del Senado, el republicano Mitch McConnell, declaró: “Hay mucha inquietud entre los senadores republicanos de que esto (los aranceles para el acero y el aluminio) pudiera transformarse en una amplia guerra comercial”. Añadiendo: “Muchos de nuestros senadores están discutiendo con la Administración la amplitud y severidad de esta medida”.

Hoy mismo, 107 representantes republicanos de la Cámara Baja han entregado una carta conjunta al presidente pidiéndole que se abstenga de seguir adelante con su medida de protección arancelaria de amplio espectro, orientándola en su lugar a China y a algún otro país que estén tirando los precios por el suelo, lo que no es el caso con los productores occidentales.

El senador Ben Sasse (GOP, Nebraska) declaró: “Uno esperaría que una administración de izquierda adoptara una política tan mala, pero no una que se supone republicana”.

Lo que es más, varios senadores y congresistas del GOP están cuestionándose los amplios poderes que el Capitolio ha concedido a los presidentes en esta materia en las pasadas décadas.

El senador republicano Mike Lee (de Utah) está solicitando a sus compañeros que reactiven una proposición de ley que introdujo el año pasado, que pone fin a la potestad exclusiva del presidente de aumentar los aranceles sin el consentimiento parlamentario. Otros senadores buscan otras posibles vías.

Jean-Claude Juncker, el Presidente de la Comisión Europea, declaró enseguida que “nosotros debemos … mostrar que también sabemos tomar decisiones”. Agregando: “No me gusta emplear la expresión guerra comercial, pero no podría decir en qué se diferenciará (lo que está a punto de suceder) de un comportamiento belicoso”.

El Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha criticado la propuesta de Trump, resaltando que mostraría a todo el mundo un perjudicial conflicto Trans-Atlántico. Draghi remató afirmando que “Si alguien pone aranceles a sus aliados, uno se preguntaría quienes son los enemigos” y explicando que el principal riesgo es hacer las cosas de tal manera que los países perjudicados apliquen de inmediato represalias, que no se sabe dónde pararán.

Trump, por su parte, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, una vez lanzado el imprudente órdago, lo ha ligado a las negociaciones en curso con Canadá y Méjico para actualizar el acuerdo de libre comercio NAFTA. A estos dos importantes socios comerciales Trump les ha ofrecido dejarles fuera de los aranceles al acero y al aluminio, si se avanza en esas negociaciones, esto es, si ceden a sus exigencias para un nuevo NAFTA. El día 5 Trump dijo que “los derechos arancelarios sobre el acero y el aluminio sólo quedarán suprimidos (para Canadá y Méjico) si se alcanza un nuevo y justo acuerdo NAFTA”.

Al condicionar entre sí la solución a dos problemas ya de por si complicados (la negociación NAFTA y los aranceles a los metales), Trump ha embrollado la situación y será más improbable conseguir una resolución satisfactoria. No es nada fácil matar dos pájaros de un tiro, aunque ya veremos qué sucede.

La crisis política interna

Y la crisis comercial y diplomática ha desembocado en una crisis política, de la que podría salirse con malos augurios.

Como ha dicho el periodista conservador Greg Ip, “Al seguir sus instintos nacionalistas, Trump ha roto con las facciones favorables a los negocios de su Administración y de su partido”.

A la preocupante tensión -que ya repasamos- entre el presidente y gran parte de los dos grupos parlamentarios conservadores, se añadió la dimisión el día 6 del principal consejero económico de Trump: Gary Cohn, el director del Consejo Económico Nacional. Este banquero, procedente de la cúpula de Gildman Sachs, era el principal representante de la corriente favorable a los negocios y al libre comercio dentro de la Casa Blanca. Naturalmente, Gary Cohn se opuso desde el comienzo al plan de Trump y éste dejó de atender sus consejos. A su experiencia profesional se unía su empuje personal, sin que se conozca a alguien de similares cualidades en la Casa Blanca de hoy.

Cuando trascendió la dimisión de Gary Cohn la cotización del dólar se resintió y el índice Dow Jones Industrial Average de la bolsa cayó 300 puntos, un 1,2%.

El presidente, optó por seguir las recomendaciones de un personaje de escasa altura profesional, pero que estuvo presente durante su campaña electoral: Peter Navarro. Estos meses ha ostentado una puesto de segundo orden en la Casa Blanca, pero existe el riesgo de que el presidente le promueva a un puesto de primer nivel (quizá, incluso, el mismo de Gary Cohn), lo que supondría una fatalidad para la política económica de esta Administración, ya que Navarro representa el nacionalismo económico más extremo e ignorante. Al parecer, no le preocupa abrir una guerra comercial EEUU.

Dentro del Gobierno, el Secretario de Comercio (Wilbur Ross) ha quedado marcado como el segundo mayor apoyo a Trump en esta política. El Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en su condición de ministro de economía podía haber actuado para frenar esta grave equivocación del presidente, pero ha mostrado una triste debilidad y falta de valor para poner su cargo en peligro, para evitar una guerra comercial EEUU.

Robert Lighthizer es el Representante para las Negociaciones Comerciales (internacionales, el USTR) y, aunque no tiene responsabilidad directa en los aranceles especiales –al corresponderle al Departamento de Comercio- podía haber incidido positivamente. Por el momento, ha habido informaciones contradictorias sobre su posicionamiento en este asunto.

¿Y qué sucede en la OMC sobre la posible guerra comercial EEUU?

La Organización Mundial del Comercio sucedió en 1995 al GATT, que se había creado un año después de la Segunda Guerra Mundial y que despejó el camino (comercial) al prolongado desarrollo económico durante las décadas posteriores.

La propia OMC se encontraba ya en una situación de considerable debilidad desde el fracaso de la Ronda Doha a finales de 2015, aunque este grave traspié casi no se divulgó en los medios.

Aunque los técnicos del Departamento de Comercio están buscando el mejor encaje posible del plan Trump contra el acero y el aluminio, no va ser fácil que no quede con algún flanco al descubierto, por donde los países perjudicados logren que la organización acabe desautorizando la medida, dentro de uno o dos años.

Además, si la UE, China, Rusia u otro país tomase medidas de represalia comercial inmediatas, sin esperar a que se desenvuelva el proceso interno en la OMC, también estarían trasgrediendo las normas internacionales en vigor, desencadenando una guerra comercial EEUU. Pero, si eluden una respuesta rápida estarían mostrando una cierta debilidad, ante lo dudoso del plan Trump con respecto a las normas OMC.

Si varias de las grandes potencias comerciales tomasen medidas al margen de la normativa OMC, la organización mundial quedaría sumida en una muy grave crisis.

Un antecedente –sensato- de hace varias décadas

En los años 80s el Presidente Ronald Reagan también recurrió a medidas proteccionistas en favor de varios productos en diversos momentos, pero empleó un instrumento más apropiado: un contingente arancelario. Además, desde el primer momento la Administración Reagan buscó el entendimiento con los países afectados, por lo que no provocó la alarma internacional que se está viviendo estos días. La posibilidad de una guerra comercial fue rechazada claramente desde el principio.

El arancel que Trump propone se aplicaría a la totalidad de los productos importados –a partir de su entrada en vigor-, mientras que un contingente permitiría que una cierta cantidad entrara en EE.UU. cada año en las mismas condiciones que hasta ahora y únicamente las cantidades que excedieran dicho techo quedarían sometidas al pago del nuevo arancel. Es un instrumento que encarece mucho menos los productos, que puede evitar los estrangulamientos en su suministro y que permite la continuación de flujos de importación desde los suministradores históricos, aunque sometidos a ciertos topes. El conflicto sería ahora mucho menor si se hubiera optado por utilizar contingentes arancelarios.

El proteccionismo del Partido Demócrata

Estos días, en los medios se encuentran a menudo referencias a las posturas del Partido Demócrata en favor del libre comercio, por oposición al disparate que está protagonizando Donald Trump. Pero la realidad ha sido que desde hace unos 20 años los demócratas comenzaron a abandonar aquellas posiciones, paulatinamente.

Analistas demócratas emprendieron hacia 1994 la discusión sobre el alejamiento político que estaban sufriendo respecto a un componente esencial de su base electoral histórica -los trabajadores industriales- por asumir con entusiasmo los acuerdos de libre comercio: el primero de envergadura (el NAFTA, con Canadá y Méjico) había entrado en vigor en 1994, dando lugar a una primera discusión nacional sobre este asunto.

A partir de, aproximadamente, 1996 la Administración de Bill Clinton, en las negociaciones de asuntos de segundo orden en la recién nacida (1995) Organización Mundial del Comercio (OMC) comenzó, tímidamente, a incorporar elementos nuevos respecto a las posturas tradicionales de EE.UU., según comprobamos quienes seguíamos las negociaciones de cerca.

Cuando la OMC celebró su Cumbre en Seattle en 1999 el Partido Demócrata –aunque estuvo del todo alejado de los violentos disturbios de los colectivos antisistema- había iniciado una reflexión sobre los inconvenientes de la globalización, dando a entender su prioridad por las reivindicaciones ecologistas y las condiciones laborales, frente a los requisitos de la apertura comercial al exterior.

En la portada de la revista Time del 13 de diciembre de 1999, podía leerse: “Seattle ha sido el arranque de un nuevo tipo de guerra comercial”, o sea, una guerra contra el propio comercio internacional. Desde Seattle, las posturas antiglobalización y contrarias a la libertad comercial se extendieron con cierta rapidez en las bases activistas de los demócratas.

En las elecciones presidenciales de noviembre de 2000, ninguno de los principales candidatos de la izquierda (el ex–Vicepresidente Al Gore y el senador Bill Bradley) había abandonado todavía la política del libre comercio.

Pero cuando en octubre de 2001, el nuevo Presidente George Bush pidió al Congreso la autorización para negociar acuerdos internacionales, la gran mayoría de los congresistas demócratas de la Cámara Baja (el 88%) y del Senado (el 58%) se opusieron.

Este tipo de autorizaciones se conoce como Autorización para la Promoción del Comercio (TPA. Trade Promotion Authority) y, habitualmente, se ha considerado un asunto bipartidista, de ahí la extrañeza por el voto demócrata en 2001.

Como ejemplo de dicho carácter bipartidista vale lo ocurrido en junio de 2015 cuando Barack Obama solicitó la autorización para negociar y concluir un acuerdo con 11 países de la cuenca del Pacífico, conocido como TPP (Trans-Pacific Partnership).

Fueron los votos favorables del Partido Republicano los que sacaron adelante esta autorización a Obama, a pesar de las muy malas relaciones que el presidente mantenía con los congresistas de la oposición. 90% de la derecha del Senado votó a favor, así como el 79% en la Cámara de Representantes. De los demócratas solo apoyaron la propuesta el 30% en el Senado y el 15% en la Cámara Baja. El motivo era el rechazo de los demócratas a los acuerdos comerciales, en general. Esto es lo que refleja la auténtica posición del Partido Demócrata sobre este asunto durante los pasados años y en la actualidad.

Por el contrario, a lo largo de las tres últimas décadas (desde algo antes de la aprobación final del acuerdo de la Ronda Uruguay, en 1994) el Partido Republicano ha sido en todo momento el abanderado del libre comercio, hasta la elección de Donald Trump en noviembre de 2016 …