Ninguno de los dos proyectos presentaba un especial riesgo medioambiental. Su efecto sobre la economía sería muy beneficioso, según el propio Departamento de Estado de Obama. Lo mismo puede decirse de la seguridad nacional. Los verdaderos móviles de Obama eran otros.
Ayer, el Presidente Trump firmó una orden ejecutiva para invalidar las decisiones que su antecesor había tomado para detener la construcción de dos importantes oleoductos: el Keystone XL y el Dakota Access. En pocos meses podrán reanudarse las obras de ambas infraestructuras.
[Nota posterior: Pinchando aquí podrá acceder a un artículo anterior sobre la concesión para explotar un nuevo yacimiento de petróleo en Alaska y el oleoducto Trans-Alaska]
Obama había hecho de su oposición al Keystone XL una pieza central de su política en contra del cambio climático que, a su vez, constituía un componente esencial del legado general que pensaba dejar al país.
Lo primero que no hay que olvidar es que Obama utilizó sin descanso el instrumento de la orden ejecutiva presidencial, que equivale a lo que en España se denominaría vulgarmente como decretazo: unas disposiciones tomadas por el presidente, que no tienen que ser refrendadas por el Capitolio (aunque en España siempre requieren dicha aprobación a posteriori). Obama emitió 9 órdenes ejecutivas en sus primeros diez días, en enero de 2009, (y otras 7 en los siguientes veinte días); Trump, 6 órdenes en sus siete primeros días (hasta hoy).
Durante sus dos mandatos, Obama emitió un total de 278 órdenes ejecutivas (una media de casi 35 cada año).
Con esta acción presidencial sobre los dos oleoductos Trump cumple una de sus promesas electorales. Además, favorece la creación de empleos bien pagados y la expansión del sector de hidrocarburos. Por otro lado, Trump ha fijado la obligatoriedad de emplear únicamente acero producido en el país, lo que perjudica al comercio y proveedores internacionales (incluidos los pocos españoles existentes, un par de ellos) pero favorece a las siderúrgicas de su país (aunque en el medio plazo les hará perder competitividad).
La mencionada restricción sobre el acero viene tan solo a reforzar la política “Buy American”, aprobada por el Congreso en 1933 (en plena Gran Depresión), que obliga a las autoridades federales –hasta la actualidad- a comprar preferentemente productos estadounidenses (empezando por el acero) en los proyectos que financia (aunque sean ejecutados por los Estados).
Ninguno de los dos proyectos presentaba un especial riesgo medioambiental, como veremos.
Ambos proyectos habían pasado satisfactoriamente todos los numerosos estudios de impacto medioambiental y de otro carácter (urbanísticos, etc.) requeridos por la legislación vigente, tanto federal como de los diversos Estados por los que transcurrirán. Uno de esos oleoductos (el Dakota Access), de hecho estaba a punto de concluirse y, en el último momento, se sacaron de la chistera la necesidad de un nuevo estudio de impacto ambiental para justificar la arbitraria decisión del presidente.
Las medidas de Obama fueron decisiones motivadas políticamente y respondían a su compromiso con el movimiento ecologista radical (base esencial de su electorado) y con su propósito a largo plazo de impedir el desarrollo de la extracción de petróleo (y su plena sustitución por las renovables), dejando esa ingente riqueza bajo tierra para evitar los supuestos desastres que provocarían las emisiones a la atmósfera del CO2 en la combustión de los productos petrolíferos. Nada que ver con el medioambiente, sino con el cambio climático.
Tampoco se debe olvidar que estos dos proyectos canalizarán petróleo de esquisto, extraido mediante fracking y Obama ha tenido una actitud de gran desconfianza hacia esta actividad. El gran boom del petróleo de esquisto y del gas de esquisto –que está transformando los mercados mundiales de la energía- se ha producido a pesar de la Administración Obama, aunque ésta haya tratado de apuntarse el tanto ante la opinión pública, a posteriori. En EE.UU. no son muchos quienes lo han creido.
La acción ejecutiva de Trump viene a anular las decisiones políticas de Obama pero especifica claramente que las medidas que adopten las agencias y organismos federales responsables de estos proyectos han de ir “hasta donde permitan las leyes (to the extent permited by law)”.
Keystone XL Pipeline
El proyectado oleoducto Keystone XL, impulsado por una empresa canadiense, discurre por ambos países. El tramo en EE.UU. sería de 1.744 km, duplicando otra tubería ya en operación, por un recorrido más corto. En Canadá el suministro de crudo procede de las arenas bituminosas de Alberta, y en Montana se añadiría petróleo de la formación geológica de esquistos Bakken; la capacidad sería de 830.000 barriles por día (bpd). La extracción en Bakken será mediante la técnica de fracking (fracturación hidráulica de rocas de esquistos). A diferencia de los suministradores de Oriente Medio, Canadá es un país estable y aliado de EE.UU., dando total seguridad a los suministros de crudo durante muchas décadas. El destino del petróleo serían refinerías en el Midwest, al sur de Chicago, y otras en la costa del Golfo de Méjico (ver el gráfico). El importe total de esta infraestructura se ha estimado en 8.000 millones de dólares.
En 2009 la empresa TransCanada presentó las solicitudes en EEUU. Los 4 Estados por los que pasaría (Montana, Dakota del Sur, Nebraska y Kansas), tras pequeñas modificaciones del proyecto, dieron su aprobación administrativa y su apoyo –bipartidista-, que han mantenido hasta la actualidad, a pesar de que serían ellos quienes se verían afectados por los posibles derrames de petróleo. Los Estados de Oklahoma y Tejas, que estarán conectados a aquel oleoducto, han respaldado también el proyecto en todo momento.
La agencia federal medioambiental (EPA) no tuvo más remedio que aprobar el informe final de impacto medioambiental el 26 de agosto de 2011, que concluía diciendo que el proyecto “no supondría impactos significativos para casi todos los recursos naturales”, pero que “tendría efectos adversos relevantes sobre ciertos recursos culturales” relativos a territorios de tribus Sioux (tales como cementerios ancestrales), a pesar de que el trazado pasa un poco fuera del límite de su reserva (en Dakota del Norte).
Tratándose de una infraestructura que se extiende a otro país, el Departamento de Estado debía emitir su valoración. Se esperaba su informe de impacto medioambiental para noviembre de 2011, pero en esas fechas se anunció su aplazamiento … que duró de hecho hasta enero de 2014. Dicho informe del Departamento de Estado no encontraba inconveniente medioambiental alguno para llevar a cabo el proyecto. Respecto a las emisiones de CO2, el informe afirmaba que serían inferiores mediante un oleoducto que transportando el crudo por otros medios (trenes o camiones que, además, resultan mucho más peligrosos para la población en general). El Departamento de Estado estimó que se crearían 42.000 empleos durante los años de construcción del proyecto, y que el PIB de EE.UU. aumentaría 0,2%, un montón de dinero.
Durante este largo periodo, TransCanada propuso a EE.UU. 14 otros posibles itinerarios. La Administración Obama no optó por ninguno de ellos; estaba en otro juego.
Tras multitud de otras vicisitudes y luchas políticas, finalmente (con casi 7 años desde que comenzó el estudio del oleoducto), Obama rechazó el proyecto el 6 de noviembre de 2015, en base a su autoridad ejecutiva, declarando que dicho oleoducto “no serviría a los intereses de Estados Unidos”. ¿Un suministro seguro de petróleo no sirve a los intereses del país? ¿Tampoco 42.000 empleos? Ello teniendo en cuenta que los riesgos de un derrame de crudo eran los normales (ninguna gran infraestructura está exenta de algunos riesgos), según determinó el Departamento de Estado.
Y, los móviles de los activistas ecologistas que se opusieron durante años, ¿sirven a los intereses de EE.UU.? Lo que verdaderamente ha movilizado a los militantes del cambio climático ha sido que el crudo procedería de minas a cielo abierto de arenas bituminosas que generan aproximadamente un 15% más de gases de efecto invernadero que si es extraido del subsuelo. Pero, dichas minas se encuentran en Canadá. ¿De qué intereses estaba hablando el Presidente? ¿Por qué se escandaliza Obama cuando sus ciudadanos dicen que ha tenido una agenda política extremista? El informe del Departamento de Estado dejaba muy claro que la explotación de las minas canadienses seguiría adelante aunque el Keystone XL no se construyera.
En EE.UU. ni la sociedad civil ni las empresas se amedrentan ante el poder político; por eso son más libres. Por aquella razón la Cámara de Comercio de EE.UU., la Asociación Nacional de Industriales (National Association of Manufacturers) y los fiscales generales de los 6 Estados afectados, se adhirieron el 10 de mayo de 2016 a la demanda judicial que había presentado la empresa impulsora del proyecto aduciendo que el presidente había excedido su autoridad al rechazar el Keystone XL, demandando miles de millones de dólares en compensación por los daños sufridos por la decisión de Obama.
La llegada de Trump a la Casa Blanca, por fin ha puesto las cosas en su sitio.
Dakota Access Pipeline
El oleoducto Dakota Access va a tener una longitud de 1.886 km, bajo tierra, partiendo también de la formación geológica Bakken, pero en la parte situada en Dakota del Norte, en la localidad de Stanley. La extracción será mediante la técnica de fracking. El destino del crudo serán refinerías al sur de Chicago, como en el Keystone XL. El importe total es de 3.800 millones de dólares y transportará 450.000 barriles por día (bpd).
Durante su construcción se están creando unos 10.000 puestos de trabajo temporales.
A fines de enero de 2017 está efectuado el 92% de la construcción de todo el proyecto. Naturalmente, los promotores obtuvieron en su día todos los permisos y se realizaron una serie de estudios de impacto medioambiental.
El tramo pendiente de construir consiste, principalmente, en la travesía subterránea del rio Misuri, donde se ha formado el lago Oahe. Ni esta travesía, ni ningún otro tramo del oleoducto penetra en el territorio de la reserva tribal, que queda al sur; tan solo pasa a unos pocos kilómetros.
En esta, como en todas las travesías de ríos por infraestructuras de transporte, la entidad responsable de analizar los posibles impactos negativos es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (USACE) que, por consiguiente, cuenta con abundantísima experiencia y actúa con mucha independencia, pero bajo las órdenes del Secretario del Ejército (no el de Defensa, que es su jefe). La jurisdicción de este Cuerpo comprende unos 60 km del oleoducto en torno a la travesía del río Misuri.
El proyecto de oleoducto se puso en marcha a mediados de 2014 y, durante todo este tiempo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército había ido aprobando las propuestas de los promotores, con las respectivas correcciones. En septiembre 2014 los promotores mantuvieron una primera reunión informativa con la tribu sioux Standing Rock.
En la web del Cuerpo de Ingenieros puede leerse hoy que “USACE, específicamente, completó los estudios sobre los recursos culturales en las áreas bajo su jurisdicción” (60 km, en total).
No fue hasta abril de 2016 que comenzaron las protestas de toda una serie de tribus y naciones indias del país. En julio 2016 demandaron al Cuerpo de Ingenieros por haber autorizado la travesía del río que los indios estiman que ponía en riesgo el agua potable que llega a su reserva, rio abajo. Ni que decir tiene que en EE.UU. hay muchos cientos de lugares donde oleoductos (de los que hay 300.000 km en el país) atraviesan bajo un río.
Pero en septiembre de 2016 un juez federal del Distrito de Columbia rechazó la petición de los sioux de parar la obra de travesía del río Misuri.
Si es que no fueron los ecologistas quienes instigaron a los indios desde el comienzo y para su demanda judicial, de lo que no cabe duda es que enseguida se sumaron al folklore al percatarse de que se estaba produciendo el mayor movimiento de protesta de los indios en varias décadas, despertando la atención de los medios nacionales e internacionales.
Casualmente, dos días después de la sentencia denegatoria del juez, Obama dio instrucciones a las diversas agencias (incluido el Cuerpo de Ingenieros) para suspender sine die la construcción del último tramo del Dakota Access, colocando a los promotores en una crítica situación tras las inversiones ya desembolsadas.
Esta decisión unilateral y totalmente inesperada de Obama el 9 de septiembre 2016, tenía lugar en la recta final de la campaña presidencial, para los comicios del 8 de noviembre.
Da la sensación de que los lectores españoles no han sido bien informados de maniobras de Obama como la que hemos expuesto en torno al Dakota Access, plagada de arbitrariedad, electoralismo e irresponsabilidad.
Afortunadamente la revocación por Trump ayer de lo decidido por Obama el pasado septiembre permitirá la conclusión del oleoducto Dakota Access, para bien de la economía de Estados Unidos y beneficio de los automovilistas y camioneros del país que obtendrán precios inferiores de los combustibles gracias a los oleoductos que facilitan el incremento de la oferta de crudo.
Trump, ayer, hizo algo más en este terreno, mucho más. Emitió una orden ejecutiva instruyendo a las agencias y departamentos federales para acelerar en cuanto sea posible la realización de los estudios de impacto medioambiental y la concesión de los permisos que procedan para todo tipo de grandes proyectos de infraestructuras de transporte y energéticas, que sean declaradas de alta prioridad. Ya en 2004 el Presidente Bush dio una instrucción semejante, que luego fue invalidada por la Administración Obama.
Deja una respuesta