«Creemos a TODAS las supervivientes» pero las mujeres también mienten
Con este post inicio un nuevo formato, junto al ya existente, de información breve sobre diversos asuntos de actualidad. Además del asunto de portada, se abordará el perfil de la persona propuesta por Trump para dirigir la Secretaría de Justicia (y su postura frente al aborto), así como la respuesta defensiva que Australia y Nueva Zelanda han tomado frente a la tecnológica china Huawei de cara a sus nuevas redes 5G para las conexiones inalámbricas de los móviles.
Mujer condenada por falsa acusación de intento de violación por parte de Donald Trump
El juez federal James Otero, en Los Angeles, ha condenado el 10 de diciembre a la actriz porno Stormy Daniels (nombre artístico) a pagar 300.000 $ a Donald Trump por haber realizado una acusación fraudulenta de intento de violación, en un aparcamiento público en Las Vegas.
Dicha cantidad equivale a los costes de defensa jurídica del presidente frente a esta falsa querella y el juez ha declarado que espera que esta sentencia eche para atrás otros intentos de demandas “frívolas”.
Este litigio es independiente del que esta misma mujer, de la mano de un conocido picapleitos (Avenatti, que puede que la arruine), ha emprendido por haber recibido “sólo” 130.000 $ de un abogado de Trump para que no hiciera público en 2016 (año de las elecciones presidenciales) las relaciones sexuales que Donald Trump mantuvo con ella unos 3 años antes.
Esperamos los comentarios a aquella sentencia por parte de las organizaciones feministas y del Partido Demócrata que en las pasadas décadas han adoptado la muy equilibrada consigna de: Creemos a TODAS las supervivientes. Y, ¿quién es para ellas una “superviviente”? Muy sencillo: toda mujer que simplemente declare haber sufrido maltrato o abuso por parte de un hombre.
Aunque parezca algo inconcebible en una sociedad democrática, la izquierda estadounidense y el feminismo radical pretenden sustituir la presunción judicial de inocencia de un acusado masculino, por una presunción de culpabilidad cuando de un posible caso de violencia de género se trate.
Dicho de otro modo, quieren convertir a los hombres en ciudadanos de segunda clase, a pesar de su verborrea sobre la “inclusividad”, la “igualdad” y demás embustes de los progresistas.
La persona propuesta por Trump como nuevo Fiscal General, se declaró favorable a derogar la sentencia Roe vs Wade que legalizó el derecho al aborto
William Barr es la persona que Donald Trump ha propuesto recientemente para ocupar el puesto de Fiscal General, esto es, Ministro de Justicia. Barr ya desempeñó esta responsabilidad (1991 – 1993) bajo el Presidente George Bush padre, quien acaba de fallecer.
Como siempre, el Senado deberá confirmar este nombramiento como miembro del Gabinete federal. La ampliación de la mayoría republicana en esta cámara de 51 a 53 escaños (frente a 47 la izquierda) a partir de enero, tras las elecciones del pasado 6 de noviembre, hace bastante segura su confirmación, aunque la izquierda ejercerá una considerable oposición.
William Barr
En general esta propuesta de nombramiento ha sido bien acogida. El periódico de izquierda USA Today, se ha expresado del siguiente modo en un editorial: William Barr es una persona “respetable, sensata y muy cualificada (que) parece resultar una elección sorprendentemente sólida y convencional. Ha demostrado su compromiso con el imperio de la ley …”
Durante el proceso para su confirmación por el Senado en 1991, Barr declaró lo siguiente: “Pienso que el Fiscal General debe lealtad a la Constitución y a la Ley, por encima de todo”. Lo que supone que su lealtad al Presidente viene en segundo lugar, lo que no suele ocurrir mucho por estos lares.
En ese proceso de 1991 también se pronunció de este modo sobre la sentencia de 1973 que legalizó el aborto: “Opino que mi visión es coherente con los planteamientos del Departamento [de Justicia] desde 1983, esto es que [la sentencia] Roe vs Wade se tomó de un modo equivocado y que debe ser derogada”.
La evolución histórica de la cuestión del asunto del aborto en EE.UU. se examinó en estos dos artículos (uno y dos).
Nueva Zelanda y Australia rechazan la participación de la compañía china HUAWEI en los concursos para la futura instalación de la red inalámbrica 5G (5ª generación)
El 28 de noviembre el Gobierno de Nueva Zelanda anunció su frontal oposición a que la enorme compañía china Huawei pueda suministrar en los próximos años los equipos básicos de la red inalámbrica de comunicación 5G, cuya primera fase desean que entre en operación en julio de 2020.
En casi todos los países desarrollados, venimos empleando la 4G para las conexiones inalámbricas de los teléfonos móviles inteligentes (smartphones), lo que permite un rápido acceso a mapas, películas (vídeos), diarios, etc. Hace unos diez años (alrededor de 2008) comenzamos a poder emplear la 4ª generación, en los países más avanzados.
La 5G aumentará la velocidad de conexión de los móviles alrededor de 10 veces, además de ofrecer avances en otros novedosos campos: comunicaciones autónomas con internet de dispositivos (sensores …) de los coches, viviendas inteligentes, robots, etc., todo lo cual se agrupa bajo el concepto de internet de las cosas.
Huawei es ya uno de los tres principales fabricantes del mundo de grandes equipos para la comunicación inalámbrica y, por tanto, aspira a suministrarlos a muchos de los proyectos nacionales que corporaciones privadas (como Telefónica, en España) o empresas públicas llevarán a cabo desde comienzos de la próxima década.
El estado de China está sosteniendo con infinidad de subvenciones y préstamos ventajosos a sus grandes tecnológicas, para que puedan ofertar precios más bajos que sus competidores occidentales: Suecia – Ericsson– y Finlandia –Nokia-. El total del negocio asciende a cifras astronómicas. Para EE.UU., el banco Barclays ha estimado una inversión total de 300 miles de millones de dólares, en 3 o 4 años.
El gobierno de Nueva Zelanda ha motivado su decisión en los riesgos para la seguridad nacional, incluida la ciberseguridad, de la participación de empresas chinas en el equipamiento de la nueva red 5G.
EE.UU. está demandando a aliados y países amigos prescindir de los equipos Huawei
Salvo los asuntos más confidenciales de carácter militar, de inteligencia, tecnológicos y diplomáticos -que suelen transmitirse por sistemas estatales propios de comunicaciones-, todo lo demás transita por las redes comerciales, como las que se van a construir.
Prácticamente ninguna red 4G de los países occidentales incorporó equipos de origen chino, hace una década.
Los procesos de gestión de fábricas, la dirección de las centrales de generación de electricidad, las operaciones bancarias, la gestión de las redes eléctricas, la gestión del tráfico aéreo … todo ello y mucho más, podrían ser espiados, bloqueados o manipulados a partir de los equipos que incorporase Huawei a las nuevas redes.
Los datos personales de cientos de millones de personas de todo el mundo, también podrían ser hackeados por China.
El pasado agosto, las autoridades de Australia excluyeron a Huawei y a otra compañía china, ZTE, de cualquier participación en la instalación de su red móvil 5G.
Tanto Australia como Nueva Zelanda forman parte de la alianza de inteligencia Cinco Ojos (que opera de manera sumamente discreta) que, dirigida por EE.UU., comprende también a Reino Unido y Canadá. Cinco de los países anglosajones, que comenzaron a cooperar durante la II Guerra Mundial.
EE.UU. está demandando tanto a sus aliados extranjeros, como a las principales compañías de internet y de las conexiones inalámbricas (ISP, tales como Movistar, Vodafone, Orange, Euskaltel …) en esos países, construir sus redes 5G sin contar con Huawei ni con cualquier otra empresa tecnológica china.
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