La Administración Trump hizo público el día 18 de mayo un plan (pendiente de ser ultimado) que daría cumplimiento a una de las principales peticiones del movimiento provida en EE.UU.: la obligación de que las clínicas y ambulatorios que practiquen y recomienden practicar abortos se separen física y financieramente del resto de asistencias sanitarias para las mujeres. De no hacerlo, perderían varios cientos de millones de dólares de ayudas federales anuales. Aquello implica, entre otras cosas, que Planned Parenthood deberá, seguramente, centrarse en los servicios sanitarios para las mujeres y desgajando las prácticas abortivas a otra organización, realmente independiente de ella.
En cualquier caso, las organizaciones abortivas se verán debilitadas, ampliándose las clínicas y servicios basadas en principios provida.
Este plan todavía debe ser completado, ya que la Administración Trump está cumpliendo rigurosamente la obligación de efectuar una consulta entre diversas agencias implicadas. Probablemente la Casa Blanca querrá adoptar esta política provida antes de las elecciones del mes de noviembre.
El cambio de política se instrumentaría a través del llamado Título X (Title X) o Programa de Planificación Familiar de la Administración Federal, que cae bajo la responsabilidad del Departamento de Sanidad y Servicios Sociales (HHS).
Para el año fiscal 2018 dicho Título X está dotado con 260 millones de dólares. Bajo Obama, contó con cifras bastante más elevadas: por ejemplo, 327 M$, en 2016.
Dicho programa federal cubre a unas cuatro millones de mujeres (particularmente de bajos recursos), cada año, a través de unos 4.000 centros de planificación familiar, privados y públicos. Planned Parenthood atiende a alrededor del 40% del total: 1,6 millones de mujeres. Otras más de 80 organizaciones –muchas abortistas- reciben también fondos federales por el Título X.
El grueso de la población femenina del país, recibe los servicios de planificación familiar a través de las compañías aseguradoras privadas que contratan en su favor los empleadores, privados o públicos o, en otros casos, que contratan las familias por su cuenta.
Planned Parenthood ingresa, por aquel concepto, entre 100 y 130 M$ anuales, que sólo podría seguir obteniendo si en adelante desgajase -realmente- sus actividades abortistas del resto de servicios médicos que proporciona a las mujeres.
En los años 80s Ronald Reagan introdujo una política provida respecto al Título X, semejante a la actual, siendo el primero en hacerlo. Antes de un año el nuevo Presidente Bill Clinton las anuló … pero la semilla ya estaba plantada.
El número de abortos legales, inducidos, en EE.UU. fue de 652.000, en 2014 (último dato publicado por los CDCs).
La enmienda Hyde
Hay que recordar que –como exponía en mi artículo del 17 de mayo de 2017-, “Desde 1976 hasta la actualidad, ha quedado prohibido por el Congreso (mediante la Hyde Amendment) que fondos federales financien intervenciones abortivas, incluidas las de Planned Parenthood. (No obstante), la enmienda Hyde permite financiar abortos (con fondos federales) en los casos de peligro para la vida o salud de la madre o en caso de violación o incesto”.
Lo anterior supone que ni Planned Parethood ni las demás organizaciones abortistas están recibiendo cantidad alguna para sufragar directamente los costes de aquellas intervenciones. Las reciben en concepto de ayuda a los servicios de planificación familiar. Lo que las organizaciones provida aducen es que, a pesar de la anterior distinción en cuanto al fin de la ayuda, lo cierto es que representan una ayuda indirecta a las prácticas abortivas de Planned Parenthood y de las demás.
La escisión (real, no ficticia) de las actividades abortistas que la nueva normativa impondrá, obstaculizará la rentabilidad de las organizaciones como Planned Parenthood, creando más espacio para las organizaciones con planteamientos conservadores.
Dado el rigor de la Administración federal, en EE.UU. no se permitirá que Planned Parenthood y las organizaciones análogas acometan escisiones puramente ficticias, al menos mientras que exista un presidente conservador.
Vista de conjunto a la política provida
Ya el pasado mes de septiembre, el principal diario de la derecha, el Wall Street Journal, valoraba lo siguiente: “La Administración Trump ha introducido una serie de pasos para recortar los fondos (federales) para las clínicas que practican los abortos y promover las políticas reproductivas conservadoras, colocándose en una posición que tanto los seguidores como los oponentes consideran que es la agenda presidencial más antiabortista de los tiempos recientes”. (Solo puede accederse aquí, mediante suscripción)
“A los tres días de tomar posesión como Presidente, esto es el 23 de enero de 2017, Donald Trump firmó una orden ejecutiva restringiendo la financiación de EE.UU. hacia organizaciones sanitarias extranjeras no públicas que aconsejen o ayuden a realizar abortos en los países en desarrollo”., como dije en mi artículo del 7 de enero de 2018.
En uno de aquellos días de finales de enero de 2017, el Vicepresidente Mike Pence –en nombre de Donald Trump- asistió en persona a la manifestación provida que cada invierno se celebra por esas fechas, en Washington, DC., siendo el cargo federal de mayor nivel que lo ha hecho nunca.
Además, durante 2017 y 2018 la Administración federal ha venido respaldando a los estados que están dando pasos para excluir a Planned Parenthood de la financiación aparejada al programa sanitario Medicaid, dirigido a las personas con menores ingresos. De hecho, en marzo 2018 Trump firmó una orden autorizando a los estados a llevar a cabo aquella exclusión.
La actual Administración ha seguido emprendiendo diversos pasos de la política provida. Suelen constituir medidas de no mucha entidad, pero siempre dirigidas en la misma dirección, con un efecto acumulativo considerable.
Todo lo anterior está resultando aún más llamativo, ya que “el anterior presidente, Barack Obama, dedicó sus ocho años a extender el programa y las concepciones abortistas y, muy en particular, a reforzar financieramente a la principal organización abortista del país (y la mayor del mundo): Planned Parenthood”.
Gracias a esta decidida política, la Administración Trump está tejiendo una estrecha alianza con los sectores denominados de conservadurismo social. En este sentido, el nombramiento para el Tribunal Supremo de un juez decididamente provida, como es el caso de Neil Gorsuch, sigue jugando un poderoso efecto en mantener aquella alianza.
Aunque de una importancia algo menor, también debe estar pesando en el ánimo de los votantes conservadores, que Trump constituyera en enero de 2017 el Gabinete con más integrantes próvida de los tiempos modernos: 12 de 30 altos cargos. Con la candidata Hillary Clinton como presidente, no habría habido ni uno solo, como tampoco los hubo bajo Barack Obama.
Deja una respuesta