Las Hermanitas de los Pobres y Trump en defensa de la libertad religiosa
Los primeros días de junio las Hermanitas de los Pobres (Little Sisters of the Poor) han tenido que comparecer nuevamente, esta vez ante el Tribunal de Apelaciones de San Francisco (U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit) para hacer valer su derecho a la libertad religiosa, recogida por la Primera Enmienda a la Constitución de EE.UU.
Llevan 7 años de batalla judicial. En mayo de 2016 el Tribunal Supremo les dio la razón -por unanimidad- en que no debían ser multadas (con millones de dólares) por no proporcionar anticonceptivos a los empleados de sus organizaciones caritativas (25 residencias de acogida de ancianos pobres), por contravenir sus creencias religiosas. Porque, hay que decirlo, las hermanitas en ningún momento cumplieron esas injustas disposiciones.
Pero el Alto Tribunal no fijó todas las normas que debían aplicarse en este asunto, por estar muy dividido en aquel momento (4 a 4 y una vacante). Fue una sentencia coja y amparándose en ello la izquierda sigue litigando sin descanso para domeñar a las monjas católicas y a todas las demás organizaciones cristianas. El arranque de este asunto lo traté, por primera vez, aquí.
Antecedentes del caso
Aquella obligación (conocida como el mandato de los anticonceptivos) de que incluso las organizaciones religiosas suministraran anticonceptivos a sus empleados había sido instituida por la ley Obamacare (Affordable Care Act – ACA), de 2010. Su incumplimiento acarrea multas millonarias, conforme a las normas desarrolladas por el Departamento de Sanidad en 2011. Dicha ley no contemplaba ninguna excepción por motivos religiosos o de conciencia, lo que hubiera sido lo acertado.
En 2017, cuando Donald Trump accede a la Casa Blanca, el nuevo presidente emitió una orden ejecutiva (de mayo de 2017) para que el Departamento de Sanidad reconociese una excepción por motivos religiosos o de conciencia.
Esta nueva normativa de Sanidad es la que la izquierda estadounidense viene cuestionando sistemáticamente en los tribunales, desde su emisión en 2017 hasta el día de hoy.
En diciembre de 2017 -como expliqué en otro artículo-, los Fiscales Generales (Consejeros de Justicia) de 13 estados -tradicionalmente gobernados por la izquierda- y del Distrito de Columbia (D.C.) recurrieron el reconocimiento de la excepción religiosa. Dichos estados son los siguientes: California, Nueva York, Connecticut, Delaware, Maryland, Rhode Island, Vermont, Virginia, Carolina del Norte, Illinois, Minnesota, Washington (en la costa oeste) y Hawái.
La vista celebrada en San Francisco, hace una semana, tiene que ver con aquel recurso.
Con mucho acierto, los editorialistas del principal diario nacional de derecha, The Wall Street Journal, advirtieron hace tiempo de que “si alguien cree que se encuentra libre [por la sentencia incompleta del Supremo] estaría subestimando el imperialismo cultural de la actual izquierda estadounidense”. (Nota: únicamente se accede al WSJ digital mediante suscripción)
Los “progresistas [actuales] no pueden soportan que alguien, en algún sitio, no sigan sus órdenes culturales”, que nosotros llamaríamos órdenes ideológicas.
La Administración Trump sigue de parte de las Hermanitas de los Pobres
Ya se ha apuntado que la nueva Administración, formada en 2017, ha volcado todo su poder en favor del reconocimiento de la libertad religiosa, de la Primera Enmienda de la Constitución, aunque la última palabra estará en manos del Tribunal Supremo.
Debe advertirse que las reformas introducidas en estos años no han suprimido el llamado mandato de los anticonceptivos, del ObamaCare, limitándose a añadir una excepción por creencia religiosa u objeción de conciencia, que es el modo correcto de regular estas cuestiones.
Barack Obama inició la persecución de la libertad religiosa y quiso doblegar a las Hermanitas de los Pobres, sin conseguirlo
Los editorialistas del Wall Street Journal (WSJ), de modo pertinente, han declarado lo siguiente: “Uno de los más penosos episodios de la presidencia Obama fue el ataque contra las Hermanitas de los Pobres por resistirse al mandato sobre los anticonceptivos. Las Hermanitas tuvieron que realizar todo el recorrido hasta el Tribunal Supremo para conseguir la protección de su libertad religiosa”, establecida en la Primera Enmienda a la Constitución del país.
Uno puede añadir que resulta sorprendente que en países como España Barack Obama tenga fama de gobernante moderado, incluso entre personas de derecha, cuando ha sido el más izquierdista de toda la historia del país. El izquierdismo del gran presidente Franklin D. Roosevelt -quien fue decisivo para vencer a Hitler- consistía sobre todo en un asunto de política económica intervencionista (Big Government) y su New Deal. El que Obama actúe con buenas maneras formales, no cambia en absoluto el fondo de la cuestión, salvo para quienes no se atrevan a criticar a la izquierda, como ha venido sucediendo en España.
La izquierda viene objetando -entre otros muchos aspectos- que cualquier empresa o negocio además de las organizaciones religiosas, podrá acogerse a dicha excepción de la Administración Trump, aduciendo razones religiosas o morales. Pero, ¿cuál es el problema? Las personas laicas -no religiosas- también tienen derecho a la libertad religiosa.
Por otro lado, dada la tupida red de organizaciones sanitarias federales, estatales y privadas que ofrecen anticonceptivos, queda garantizado que cualquier mujer estadounidense que decida usarlos acceda a ellos con toda facilidad.
La izquierda quiere seguir instrumentalizando la Justicia
Lo que realmente está ocurriendo, es que la progresía de EE.UU. se encuentra en un largo proceso de cuestionamiento de los derechos civiles básicos (recogidos en la Constitución), subordinándolos a su nueva ideología de la corrección política y del pensamiento de género -ausentes de la Constitución-.
Por ejemplo, la libertad religiosa (que fue esencial para la formación del país) ha de quedar supeditada a los nuevos derechos reproductivos de la mujer, ajenos a la Constitución.
Para ello, en lugar de seguir el camino apropiado presentando leyes en el Capitolio o incluso una reforma constitucional, los progresistas (liberals, en inglés) han venido presionando al poder judicial para que reinterprete la Constitución. Reinterpretación que ampliaría el alcance de los conceptos previstos a sus nuevas ocurrencias “culturales”.
Si los demócratas sienten que carecen de una mayoría parlamentaria para sacar adelante sus reformas (incluso parte de sus congresistas no les seguirían), simplemente deben aguantarse, en vez de presionar para instrumentalizar la justicia.
Gobernador demócrata partidario del infanticidio
Uno de los estados que con tanta saña intenta abatir a las Hermanitas de los Pobres, es Virginia. Quien a comienzos de año era su gobernador, Ralph Northam, de carrera profesional pediatra, en unas declaraciones a una radio el día 30 de enero de 2019 expresó algo mucho peor que escandaloso.
Su administración estaba acabando de tramitar en el congreso estatal una ley autorizando el aborto hasta el momento mismo del parto: going into labor. En respuesta a una pregunta sobre cómo se tomaría la decisión y qué pasaría tras el aborto, el gobernador dijo con toda tranquilidad lo siguiente:
“El bebé nacería. Se le mantendría cómodamente. Si hiciera falta se le reanimaría, si eso es lo que la madre y la familia desearan, y entonces tendría lugar una conversación entre los médicos y la madre”. Se sobreentendía que la conversación sería sobre si mantener vivo al bebé -ya perfectamente viable- o si se le dejaría morir.
Inmediatamente se produjo una acalorada discusión nacional, no sólo en Virginia, sobre si el gobernador debía dimitir. Casi toda la izquierda estadounidense se oponía a la dimisión. Pero alguien -asqueado de su actitud- hizo pública una foto del gobernador Northam, del libro de licenciatura de su carrera de medicina, de 1984; en dicho libro aparecía disfrazado de miembro del Ku-Klux-Klan.
En ese momento sus compañeros políticos se volvieron en contra del gobernador, viéndose obligado a dimitir tras unos pocos días. Bien por quien consiguió que dimitiera, aunque fuera por otro motivo que su acuerdo con el infanticidio.
Este litigio llegará al Supremo, con su nueva mayoría
“Con los [nuevos] magistrados [conservadores] Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh presentes ahora en el Tribunal Supremo [gracias al Presidente Trump], el argumento de que el mandato de los anticonceptivos es tan absoluto que debe incluso exigirse a unas monjas es improbable que prevalezca”. A estas palabras del Wall Street Journal sólo se accede mediante suscripción.
Es probable que este caso se vea en el Supremo a lo largo de 2020 o, a más tardar, en la primera mitad del siguiente año. Y es casi seguro -por lo que expuse hace casi un año- que la sentencia será en favor de la libertad religiosa y de contenido completo, no dejando cabos sueltos (a diferencia de la de 2016), zanjando definitivamente el tema.
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