Quema de la entrada del Ayuntamiento de Burdeos. Francia recae en la violencia.
Nadie que ojee, mínimamente, la evolución de los datos sobre el gasto en pensiones en Francia y su total insostenibilidad, dudará ni un momento sobre la necesidad ineludible de la reforma que el Presidente Emmanuel Macron -con quien es difícil estar de acuerdo en casi ningún otro tema- está empeñado en introducir. Muy sucintamente, la edad de paso a la jubilación cambiaría de los actuales 62 años a los 64 años … a partir de 2030. Además, el periodo de cotización necesario para obtener el valor total de una pensión aumentaría en un año: de los actuales 42 a 43.
Recordemos que en España, a partir de 2027, la edad general de jubilación será de 67 años. En Alemania, es de 65 años y se está discutiendo su aumento a 70 (según el grupo mediático público germano DW). En Reino Unido, es ya a los 66 años. También en varios otros países europeos se está considerando el incremento de la edad de jubilación.
Buena parte de la sociedad francesa se empeña -de vez en cuando- en rechazar violentamente reformas que resultan necesarias, bloqueando el crecimiento económico y la sana evolución del país, mientras que otras naciones del Viejo continente van adaptándose con normalidad a las nuevas circunstancias. Amplios sectores de los ciudadanos de Francia, y sus representantes políticos, reinciden -en ciertos momentos- en un destructivo inmovilismo, que pagan muy caro durante años o décadas.
Para ver en detalle lo que modificaría la ley de Macron en disputa, puede acceder al dossier preparado por el principal diario conservador francés, Le Figaro.
Sólo 1,7 trabajadores en activo por cada jubilado
Columnistas del Wall Street Journal (JSW) nos recuerdan que “Francia dedica a las pensiones el 14,5% de su PIB anual, mientras que EE.UU. únicamente el 7,5% e, incluso, Alemania el 10,4%, según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.
Asimismo, “como las personas viven más tiempo [actualmente] y la población [en conjunto] envejece, el número de empleados activos que sostienen el pago de las pensiones se está contrayendo [fuertemente]. A comienzos de los años 1960, Francia disponía de cuatro trabajadores por cada jubilado, según los datos oficiales. Dicha cifra [ha caído a sólo] 1,7 en el año 2020”. Y este movimiento de retracción prosigue.
Si ante semejantes datos, desoladores, alquien no comprende como imprescindible la prolongación de la vida laboral es que está instalado en la ceguera voluntaria y en el aprovechamiento irresponsable de un descontento social.
Gravedad de la situación política: violencia y obstruccionismo de la izquierda radical
Desde que a comienzo de enero la Primera Ministra Elisabeth Borne presentó su proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones, la vida política del país ha ido enrareciéndose, al tiempo que la violencia sindical e izquierdista ha ido pasando a primer plano. Las legítimas protestas y paros sindicales se han convertido en acciones ilegítimas de obstrucción de quienes deseaban ejercer su derecho al trabajo, forzando la interrupción del suministro de combustibles, la recogida de los residuos urbanos, etc.
Por otro lado, se ha presenciado una progresiva paralización de las principales instituciones del país, víctimas del activismo obstruccionista de la extrema izquierda, agrupada en la coalición Nupes (Nueva Unión Popular, Ecologista y Social); coalición de conveniencia totalmente dominada por el partido político antisistema La Francia Insumisa (LFI), tipo el partido español comunista Unidas Podemos (UP). En particular, los “insumisos” han convertido la Cámara Baja -la Asamblea Nacional– en un alboroto permanente, de carácter anticapitalista y no sólo de contenido crítico hacia el proyecto de ley o de rechazo al actual presidente de la República.
Tres meses, por tanto, de peligrosa obstrucción de la vida económica del país, de paralización de los transportes públicos (mucho más allá de lo establecido en los “servicios mínimos”) y, a fin de cuentas, de intimidación del conjunto de la población.
Como viene practicando la izquierda radical en Europa (y muy especialmente en España, cuando la izquierda no gobierna), pretenden que el número de manifestantes o los resultados de encuestas de opinión sobre ciertas reformas son las que realmente representan los legítimos intereses de la sociedad, en contra de las votaciones que tengan lugar en las instituciones representativas, como el Senado de Francia o la Asamblea Nacional. Comportamiento oportunista que conduce a la deslegitimación de las instituciones del estado democrático.
La derecha conservadora asume el populismo sobre las pensiones, aunque no la violencia
El principal partido de la derecha conservadora, la Agrupación Nacional (RN, de sus siglas en francés), de Marine Le Pen, que actualmente es el tercer partido de la Asamblea Nacional (con 88 diputados), se viene oponiendo también frontalmente a la reforma de las pensiones. Esto da idea del grave problema de populismo que padece Francia, lo que está dañando seriamente su futuro económico y la estabilidad política.
No obstante, RN no está participando en las graves alteraciones del orden público ni estimulando las huelgas salvajes con las que la extrema izquierda está buscando “poner la economía nacional de rodillas” … y con ello, forzar la adopción de su programa radical.
En términos generales, destacados columnistas franceses están viviendo con ansiedad la presente crisis, vislumbrando la posibilidad de parálisis o de que el sistema político francés se tambalee, si es que no sucede algo peor.
Cría cuervos y te …
No debe uno confundirse respecto al papel del Presidente de la República en la actual crisis.
Afirmar, ahora, que Emmanuel Macron está en una posición básicamente correcta en la -importante- cuestión de la reforma de las pensiones es una cosa. Pero, en general, su postura de alejarse casi por completo de las políticas conservadoras y asumir, en gran medida, políticas de izquierda y de la izquierda radical es un muy grave error, que ha contribuido a alentar la actual crisis política.
Si Macron creía que de este modo iba a satisfacer y apaciguar a los progresistas exaltados, se ha equivocado.
Macron podía haber optado por apoyarse en su nuevo mandato (2022 a 2027) en los diputados de la derecha convencional (Los Republicanos, LR) y en algunos liberales, con acuerdos parciales en cada momento, atendiendo al contenido de bastantes de sus enmiendas, pero ha decidido seguir básicamente la senda de la izquierda radicalizada.
Es cierto que en la actual situación los diputados del partido conservador convencional Los Republicanos (LR) están divididos -en cuanto si colaborar o no con Macron-, haciendo más difícil negociar con ellos, pero eso no imposibilita totalmente la colaboración del partido de Macron con el sector dominante de aquellos conservadores (que son unos 42 diputados, del total de 61).
“El golpe de Estado permanente” de la extrema izquierda
Quien ha aludido a la existencia de un golpe de estado permanente en Francia es, nada menos, que quien fuera secretario general -el número dos- del Consejo Constitucional (o Tribunal Constitucional), entre 1997 y 2007, Jean-Éric Schoettl.
“Se trata de un golpe de Estado permanente al que nos acostumbramos por fatalismo”, afirma Jean-Éric Schoettl.
“Golpe de Estado es que una oposición minoritaria [de la Asamblea Nacional o cámara baja] haya impedido [la pasada semana] que se votase el proyecto de ley, adjudicándose un derecho de veto que la Constitución no le otorga”, [impidiendo de hecho su tramitación parlamentaria]”. El Senado, sin embargo, que cuenta con una gran mayoría de los partidos de derecha y de centro, si que ha aprobado ampliamente el proyecto de ley de Macron (el 16 de marzo): 193 contra 114.
También son “golpe de Estado las otras prácticas obstruccionistas desenfrenadas” [que la extrema izquierda -la NUPE- ha practicado en la Cámara Baja]… lo que supone un atentado contra los fundamentos de la democracia representativa”.
“Golpe de Estado es la afirmación de que las manifestaciones y los sondeos deben invalidar [y sustituir] la acción de los poderes públicos legítimamente constituidos [como la Asamblea Nacional]”.
Este antiguo alto dirigente del Estado francés concluye afirmando que “estos atentados contra las reglas del juego democrático disfrutan actualmente de impunidad” y “son percibidos desde hace tiempo como expresión de una legítima cólera del pueblo”.
El procedimiento legislativo excepcional del 49.3
Enfrentado a semejante obstruccionismo sistemático, además de ilegal, por parte de las fuerzas -minoritarias pero muy activas- de la extrema izquierda (La Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon), el presidente francés optó por recurrir a un procedimiento excepcional, el establecido en el artículo 49.3 de la Constitución, desde 1958. Según este artículo el presidente puede sacar adelante algunos proyectos de ley sobre gasto público, sin que sea votado afirmativamente en ambas cámaras.
Se trata -sin duda- de un procedimiento legislativo excepcional, pero que ha sido repetidamente utilizado -varias decenas de veces- por la gran mayoría de los anteriores Jefes de Estado de Francia, incluso para la política de disuasión nuclear, hace varias décadas.
De cualquier modo, la Constitución prevé que la Asamblea Nacional pueda impedir la entrada en vigor de dichas leyes siempre que consiga hacer prosperar una moción de censura contra el primer ministro. En este caso -hace cuatro días- la moción de censura presentada por la extrema izquierda no logró una mayoría suficiente en la Cámara Baja, pero quedó sólo a 9 escaños.
Lo que ha puesto de manifiesto lo anterior es que el Presidente Macron no cuenta con una holgada mayoría absoluta en la Asamblea Nacional que le permita sacar adelante el conjunto de sus propuestas legislativas a lo largo de su mandato.
De todos modos, la presente ley de reforma de las pensiones entrará en vigor, a menos que se produzca una insoportable rebelión de los sindicatos en la calle y Macron se vea obligado a recular, lo que constituiría una gran y peligrosa victoria del progresismo radical.
Errores del gobierno y oportunismo de la derecha conservadora
La administración del presidente de centro izquierda Emmanuel Macron ha incurrido en diversos errores tácticos en la gestión de esta propuesta de reforma en los que no vale la pena adentrarse y, concretamente, el Presidente Macron ha vuelto a actuar con una actitud altanera que no ha ayudado nada a su Gobierno.
Por otro lado, el principal integrante de la derecha conservadora, el partido de Le Pen (Agrupación Nacional, RN), se ha opuesto en bloque a la reforma de las pensiones propuesta, en lo que constituye un ejercicio de irresponsabilidad. Aunque, como ya dije, este partido se ha colocado totalmente al margen de la violencia ejercida por la extrema izquierda (incluida la quema de ayuntamientos -como el de Burdeos y otros varios-); de haber negociado RN con la primera ministra una serie de enmiendas y haber secundado la reforma habría limitado el efecto desestabilizador de la extrema izquierda.
La Sra. Le Pen y su partido han preferido salir reforzados de esta crisis, colocándose de perfil y no oponiéndose abiertamente a la demagogia del extremismo izquierdista, a consta de la estabilidad del sistema político francés.
Otros artículos de mi blog sobre este tema:
Resultados finales de las legislativas en Francia. Macron, muy debilitado. 20 de junio de 2022.
Consecuencias de la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia. 16 de junio de 2022.
Macron reelegido Presidente. Previsiblemente, el deterioro del sistema político francés se agravará. 26 de abril de 2022.
El programa político de Le Pen es constitucional, no propone el Frexit, ni es racista, pero rechaza los dogmas de la corrección política que Macron viene aplicando. 14 de abril de 2022.
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