NO a la expansión del aeropuerto de Heathrow
NO a toda nueva infraestructura … que Greenpeace y cia. quieran sabotear
Este pasado día 27 de febrero, el Tribunal de Apelación –Court of Appeal– (de Inglaterra y Gales), anunció su sentencia sobre la expansión del principal aeropuerto de Londres, Heathrow, y concretamente sobre la construcción de una tercera pista de aterrizaje. Este tribunal es el segundo en importancia en el Reino Unido, únicamente por debajo del Tribunal Supremo (High Court of Justice).
La primera versión del proyecto de ampliación de Heatrow se definió ya en 2006, por el Departamento de Transportes y la empresa concesionaria y se ha seguido trabajando en ello durante catorce años.
Con la tercera pista y el resto de obras previstas, se ampliaría en torno al 50% la capacidad aeroportuaria de Heathrow, tanto para pasajeros como para mercancías.
El 87% de todas las mercancías exportadas por avión del Reino Unido, en 2016, salió por Heathrow, llegando en pocas horas a todos los rincones del planeta. Y a las operaciones de exportación le favorece la concentración del punto de salida, no lo contrario: small is awful.
Salvo el ecologismo radical, (casi) todo el mundo en Reino Unido (patronales, sindicatos, las compañías aéreas, los transportistas de mercancías, los dos principales partidos políticos, el regulador aéreo –la BAA-, etc.) reconocen la necesidad y urgencia de dotarse de más capacidad para los vuelos internacionales.
Este asunto atañe directamente a España, ya que el principal accionista de la concesionaria de este aeropuerto es la operadora de infraestructuras del transporte española Ferrovial.
La expansión se paraliza por el Acuerdo de Paris y por una ley británica
La sentencia supone la paralización del proyecto de ampliación. Paralización que se prolongará en tanto sus promotores (la empresa privada adjudicataria de Heathrow y el Departamento de Transportes) no demuestren que su realización no incumpliría las obligaciones que Reino Unido adquirió al suscribir el Acuerdo de Paris sobre el Clima (de diciembre de 2015, de Naciones Unidas), en materia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El Tribunal también ha determinado que habría que demostrar la compatibilidad del proyecto con una ley británica (la Ley del Cambio Climático – Climate Change Act), de 2008 que, por su cuenta, fijaba legalmente un primer calendario británico de recorte de las emisiones de CO2, para “no perjudicar al clima”.
Esta ley fue, en mala hora, reforzada por la ex Primera Ministra Theresa May, días antes de tener que dimitir en el verano de 2019, estableciendo –con fuerza de ley- que la economía británica deberá ser totalmente neutra en emisiones de carbono en 2050.
Por cierto, Reino Unido ha tenido el dudoso privilegio de ser el primer país del grupo G7 (de grandes economías desarrolladas) que ha asumido tan disparatado compromiso, con fuerza de ley, no como mero compromiso político, lo que sería muy diferente.
Como de costumbre, los buenistas y absurdos países nórdicos fueron quienes primero cometieron este grave error. Noruega, ya en 2016, se auto obligó a ser neutro en carbono en 2030 y Finlandia, en 2019, fijó su plazo para 2035.
La suspensión judicial del proyecto no lo es por motivos medioambientales
En la ceremonia de la confusión que los lobbies ecologistas llevan a cabo a diario, con el apoyo de la mayoría de los medios de comunicación, no para de aparecer que el Tribunal de Apelación ha detenido la expansión de Heatrow por “motivos medioambientales”.
Como en cualquier proyecto de una nueva infraestructura en un país desarrollado, las cuestiones medioambientales son cuidadosa y profundamente evaluadas. Pero estos asuntos se refieren –tratándose de un aeropuerto-, sobre todo, a la calidad del aire en el entorno de Heathrow y a la contaminación acústica para los habitantes de las zonas bajo los pasillos aéreos de aproximación y despegue de la tercera pista.
Pues bien, el Tribunal de Apelación no cita estos dos aspectos medioambientales, ni ninguno otro, en su sentencia.
Tras la sentencia, un portavoz del Aeropuerto de Heathrow declaró que “el Tribunal de Apelación ha rechazado todas las demandas en contra del Gobierno –incluidas las de “ruido” y “calidad del aire”-, aparte de una que es fácilmente asumible”. Se estaba refiriendo, claro, a las demandas sobre el medio ambiente, propiamente dicho. Las políticas climáticas, son cosa aparte.
La base de la decisión judicial es, exclusivamente, los compromisos adquiridos por Reino Unido en un acuerdo internacional y en una ley puramente británica (anterior al acuerdo) en materia de cambio climático.
El poder ejecutivo británico ha colocado todo su programa nacional de infraestructuras en manos de los jueces
La cuestión de si la expansión del aeropuerto de Heathrow, finalmente, se llevará o no a cabo es importante y luego volveremos sobre ello.
Pero lo más grave, es que el mismo tipo de razonamiento judicial va a ser empleado –posiblemente, con éxito- en casi cualquier otro gran proyecto de infraestructura en Reino Unido, que los ecologistas deseen emplear para reafirmar su poder fáctico sobre la sociedad, que es lo que más les interesa.
Hasta ahora, en todos los países occidentales, los planes de infraestructuras han sido de la exclusiva responsabilidad de los gobiernos nacionales –salidos de las urnas-, siempre que obtuvieran el beneplácito de los representantes de los ciudadanos reunidos en el parlamento.
El diario centrista Times, de Londres, escribió el 28 de febrero que “docenas de otros aeropuertos, carreteras y proyectos energéticos han quedado cuestionados después de que los jueces han dado un golpe demoledor a la tercera pista de Heathrow”.
El principal diario británico de derecha, The Telegraph, declaró ese mismo día lo siguiente:
“Los programas de infraestructuras del Gobierno han quedado sumidos en el caos, tras la sentencia del Tribunal de Apelación de ayer de que no se habían tenido en cuenta las políticas climáticas para la expansión de Heathrow”.
Los gobiernos británicos se echaron –alegremente- la soga al cuello
Suscribir el Acuerdo de Paris, a través de la Unión Europea, ha sido un gran error del Reino Unido y, por supuesto, de la Unión Europea.
Ahora, como país plenamente independiente, los británicos mantendrán los compromisos ya asumidos dentro del acuerdo de 2015.
Merece ser señalado que, por el contrario, en EE.UU. –mientras Trump u otro republicano siga como presidente- es imposible que se produzca una sentencia judicial como la del Reino Unido. Y ello, porque al poco de llegar a la Casa Blanca, en 2017, Donald Trump tuvo la valentía y el acierto de abandonar dicho acuerdo de Naciones Unidas.
El compromiso que Reino Unido asumió en el Acuerdo de París –por medio de las instituciones de la UE- fue de reducir en 2030, por lo menos, el 37% de sus emisiones de CO2, con respecto a su nivel de 2005. (Dicho sea de paso, el compromiso de España es de una reducción del 26%)
Perece improbable que un juez británico, por muy imbuido de ecologismo que esté, hubiera paralizado la expansión de Heathrow por semejante compromiso. El gobierno hubiera podido comunicar a los tribunales muchas medidas para justificar que iba a alcanzar esa reducción parcial.
Ahora bien, el Estado británico había –previamente- adoptado un compromiso, unilateral, mucho más estricto y más fácilmente manejable por los jueces.
La Ley del Cambio Climático
En 2008 (con el apoyo incluso de casi todos los parlamentarios conservadores, además de todos los laboristas), la Ley del Cambio Climático había fijado la obligación legal de reducir las emisiones en 2050 no menos del 80%, con respecto al nivel de 1990.
En junio de 2019, la ex Primera Ministra Theresa May anunció que sometería al parlamento la elevación de dicho compromiso legal al 100% de reducción, en 2050, lo que se aprobó con toda rapidez.
Aun en ausencia del Acuerdo de Paris, hubiera sido bastante probable que la autoflagelación del objetivo Cero Neto (de emisiones) –que es el nombrecito que se le ha dado a esta locura-, hubiera desembocado en la sentencia del Tribunal de Apelación.
En cualquier caso, la unión de ambos tipos de compromisos ha hecho posible tan perniciosa sentencia.
La Unión Europea está a punto de repetir el error británico: el Pacto Verde Europeo
La nueva Comisión Europea ha denominado el European Green Deal al proyecto de adoptar –unilateralmente-, sin formar parte de ninguna negociación internacional en la que pudiera obtener algo a cambio, según enuncia la Comunicación de la Comisión Europea (del 11 diciembre 2019, pág. 4): “la primera ¨Ley Climática Europea¨ [esto es, una Directiva UE]… que consagrará en nuestra legislación el objetivo de la neutralidad climática [esto es, la neutralidad de carbono] para 2050”.
Esto es exactamente lo mismo que ha legislado Reino Unido: una reducción del 100% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050 o, dicho de otro modo, el objetico Cero Neto de emisiones de efecto invernadero.
Si este despropósito sale adelante, es muy probable que los tribunales de cualquiera de los países de la UE, antes o después, podrán paralizar los grandes proyectos, como acaba de suceder en Reino Unido.
Afortunadamente, varios países de Europa central (Hungría, República Checa, etc.), encabezados por Polonia, están oponiendo una férrea resistencia a semejante desvarío, en defensa de sus economías nacionales y del bienestar de sus ciudadanos.
Entre el sinnúmero de despropósitos que contiene dicho New Deal, figura que a partir de 2021, al menos el 40% del presupuesto de la Política Agrícola Común se dedicará a la lucha contra el cambio climático.
¿Les habrán explicado esta excelente noticia a los agricultores españoles que están protestando estas semanas por el futuro insatisfactorio que temen que se les está viniendo encima?
Casi la mitad de este gran presupuesto no se dedicará a lo que debería –mejorar la producción de alimentos y un cierto autoabastecimiento europeo, ayudar a los agricultores y a las poblaciones rurales en general …-, sino a la enfermiza obsesión de la Comisión Europea por el cambio climático.
En Reino Unido, como en casi todo Occidente, abundan los magistrados activistas del ecologismo
Aunque las leyes aprobadas por el parlamento británico –a propuesta del gobierno de turno- han creado las condiciones para que se llegara a producir un fallo judicial como el que comentamos, tampoco habría tenido lugar sin el concurso de una serie de jueces que propenden a ejercer un cierto activismo ecologista.
Este tipo de jueces, no escasean hoy en día en casi ninguno de los principales países occidentales.
En España, no obstante, que yo sepa, ninguno ha adquirido notoriedad en este campo. Parece que los jueces que podrían jugar este discutible papel prefieren dedicar sus esfuerzos a ayudar a los secesionistas catalanes, lo que resulta una forma más directa para intentar destruir nuestro país.
Los lobbies ecologistas intentarán bloquear judicialmente varios otros proyectos británicos de infraestructura
El mismo 28 de febrero, la cadena pública BBC –estrechamente conectada con el ecologismo radical- informaba lo siguiente:
“Los programas [de este Gobierno] para invertir 28.800 millones de libras esterlinas en construcción [y mejora] de carreteras, podrían verse recurridos ante los tribunales por no tener en cuenta las políticas climáticas británicas. Estos programas, que iban a ser hechos públicos durante el mes de marzo, no consideran [ningún encaje en] las políticas climáticas, según se nos ha informado a la BBC. Probablemente, estos programas serán recurridos por los ecologistas”.
Las nefastas intenciones de las grandes organizaciones ecologistas quedan bien reflejadas en la siguiente declaración del principal asesor jurídico de Amigos de la Tierra (Friends of the Earth) en Reino Unido, Will Rundle, nada más conocerse la sentencia:
“Este fallo judicial es absolutamente revolucionario para la justicia climática”, ¿qué será ese cuento? Desde luego, nada positivo para el conjunto de los ciudadanos.
“Estamos encantados”.
“Esta decisión judicial tiene fascinantes implicaciones de gran alcance para mantener [las consideraciones] del cambio climático en el corazón de todas las decisiones sobre planificación” de las infraestructuras.
“Ya era hora de que los promotores [privados] y las autoridades públicas quedaran responsabilizados de los impactos climáticos de sus dañinos proyectos” de infraestructuras.
No es cierto que el ecologismo radical quiera mejorar los proyectos, corregir las posibles repercusiones medioambientales negativas de la construcción de infraestructuras. Esto es lo que querían los, antaño, naturalistas sensatos, de los que sobreviven algunos pocos, pese al constante acoso de los extremistas.
El ecologismo radical lo que busca es impedir –lisa y llanamente- la construcción de nuevas infraestructuras, demostrando con ello el poder político que ejerce sobre las sociedades occidentales, obteniendo con ello, además, abundantes donativos privados y subvenciones públicas.
La sentencia del británico Tribunal de Apelación supone un precedente internacional
Ningún país occidental, que incurra en el doble error de, tras haber suscrito el Acuerdo de Paris, legislar por su cuenta el compromiso legal de llevar a cabo una intensa descarbonización de su economía, conforme a ciertos plazos, va a librarse de esto.
La tupida red de lobbies ecologistas (como Greenpeace), siempre provistos de muy abundantes recursos financieros, suministrados –entre otros- por varios centenares de encubiertos multimillonarios verdes -como George Soros y otros-, va a emprender en muchos países occidentales este tipo de recursos judiciales, intentando bloquear todo tipo de proyectos de infraestructuras, necesarias para el progreso de la sociedad. El enemigo está en casa.
El futuro de la expansión de Heathrow
Como ya he dicho, aunque lo que está en juego es algo mucho más amplio e importante que el proyecto de expansión del aeropuerto de Heathrow, este asunto no es menor para el futuro del Reino Unido.
No hay espacio aquí para entrar en detalles.
Pinchando aquí obtendrá una de las argumentaciones en favor del proyecto –sobre todo desde el punto de vista del transporte aéreo internacional de mercancías (que está centrado en Heathrow)-, pero sólo se accede al conjunto del artículo mediante suscripción a The Telegraph.
En buena parte, ese artículo refleja la posición de The Telegraph que, en su editorial del 27 de febrero se expresaba de este modo:
“Dejar que las decisiones a tomar acaben en los tribunales [sin ser recurridas], traiciona el espíritu democrático, incluso si el asunto a decidir es controvertido y algunos de los ministros se alegrarán de ver que las responsabilidades sean derivadas a otro sitio”, como los tribunales.
En este otro enlace, podrá leer libremente la noticia de cuando, en junio 2018, la Cámara de los Comunes aprobó el proyecto de Heathrow, por 415 votos, contra 119 en contra: el 78% a favor.
El folleto explicativo del Departamento de Transportes del Reino Unido, lo encontrará pinchando aquí.
Finalmente, entrando aquí encontrará otra interpretación, de carácter más político, en favor de la expansión de Heathrow, en un diario digital británico interesante (escrito, en alguna medida, por antiguos periodistas pro laboristas devenidos conservadores), centrado en los temas británicos: spiked.
Esta sentencia no tiene que ser el punto final
La empresa privada concesionaria del aeropuerto, la Heathrow Airport Holdings Limited, enseguida anunció que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo británico que, naturalmente, tendrá la última palabra en este pleito.
La sociedad española Ferrovial sigue detentando (desde 2006) la mayor participación en el capital de esta sociedad británica: actualmente, el 25%. El fondo soberano del emirato de Catar, tiene un 20%, junto a otros cinco accionistas institucionales.
Pero lo que ha puesto las cosas más difíciles para la empresa concesionario de Heathrow, que lleva catorce años preparando la expansión, es la asombrosa decisión del Gobierno de Boris Johnson de aceptar dicho fallo, absteniéndose de recurrirlo.
Resulta esperanzador que los editorialistas del diario The Telegraph, a quienes se supone conocimiento a fondo de los entre bastidores del poder, no dan por perdida la batalla:
“Algunas veces, los gobiernos deben tomar decisiones duras y los tribunales no deben ser quienes dispongan la opción final sobre cuestiones de políticas públicas”, como ésta.
“El Gobierno afirma estar dispuesto a sacar adelante [su plan nacional de] las infraestructuras, bien. En ese caso, necesitamos que se nos diga cuál es su Plan B para [la ampliación] del transporte aéreo”, lo que es imprescindible para que el Reino Unido pueda jugar un papel global en el comercio internacional.
Aunque reconoce que la cuestión de en qué emplazamiento llevar a cabo dicha expansión, es una discusión lícita y necesaria. Esto es, viene a decir, si en Heathrow o en algún otro de los aeropuertos existentes en aquella misma región o más allá.
The Telegraph remata su editorial con una rotunda afirmación, que se hecha muy en falta en los diarios conservadores de España:
“No puede permitirse que un pequeño número de activistas radicales detengan el progreso”.
La posición de Boris Johnson
La extrañeza que puede provocar fuera del Reino Unido que el Gobierno británico no recurra el adverso fallo del Tribunal de Apelación, no es tan sorprendente para los británicos.
Todos ellos saben que, durante su etapa de alcalde de Londres (2008-2016), Boris Johnson se opuso repetida y firmemente a la expansión de Heathrow.
Ahora, siendo Primer Ministro, Boris Jonhson parece no querer traicionar sus anteriores posicionamientos y defraudar a quienes le apoyaron entonces.
Ahora bien, que el Estado británico no recurra al Supremo, como forma de mantener una cierta coherencia en las posiciones de Boris Jonhson, no excluye que –con el apoyo del Parlamento (que en 2018 votó de forma aplastante –el 78%- la expansión de Heathrow)- no pudiera contribuir al éxito del recurso de la compañía dirigida por Ferrovial.
Ya veremos en qué acaba todo esto en el Reino Unido.
Deja una respuesta