¿Intervencionismo público ecologista?: NO. Libertad de consumo
El Departamento de Energía ha iniciado el 4 de septiembre el proceso de reforma reglamentaria que desembocaría en el mantenimiento de la posibilidad de que los consumidores de EE.UU. que lo deseen puedan continuar adquiriendo bombillas incandescentes. O, dicho de otro modo, que los consumidores no pierdan la libertad de elección entre la multitud de tipos de bombillas técnicamente disponibles, que estaba a punto de desaparecer por una norma de la época Obama.
Según un reglamento del intervencionista Presidente Barack Obama, el día 1 de enero de 2020 hubiera quedado definitivamente prohibida la venta de casi todos los tipos de bombillas incandescentes y también de algunos focos halógenos.
Digámoslo sin más demora: el Estado carece de legitimidad para imponer a los consumidores las preferidas del Gobierno de turno, ni siquiera la del conjunto del Parlamento, en un asunto como el del consumo de bombillas. El poder legislativo, por muy democrático que sea, no debe invadir la esfera de las libertades individuales, y la libertad de consumo es una de ellas.
Al final del artículo, se repasa la actuación no menos autoritaria de la Comisión Europea en cuestiones de libertad de consumo.
La libertad económica
La tradicional teoría de la libertad económica -a la que deberían seguir ateniéndose los estados occidentales- ha dictado que las autoridades públicas tan sólo están autorizadas a coartar -o regular estrechamente- dicha libertad con respecto al consumo de bienes o servicios especialmente perjudiciales o peligrosos para la salud humana o el orden o moral públicos.
Drogas y otros narcóticos; explosivos; (en casi todos los países) armas de fuego; productos químicos venenosos o explosivos; bebidas alcohólicas; productos del tabaco; transporte aéreo de personas …
Pero, ¿qué semejanza existe entre los clásicos casos de excepción a la libertad de consumo y las bombillas eléctricas? La respuesta es sencilla: ninguna.
La injerencia se realiza nuevamente en nombre del futuro del planeta
Como se está convirtiendo ya en un hecho muy reiterado, la justificación para prohibir la venta de bombillas incandescentes no es otra que tratar de reducir las emisiones de CO2 en la generación de la electricidad que esas bombillas -indudablemente- desperdician.
¿Dónde se produce el perjuicio para la salud humana o el orden público?
En ningún lugar, ni momento.
Como es de dominio público, el CO2 es un gas incoloro, inodoro e insípido, totalmente inocuo para los humanos y los animales, y muy beneficioso para las plantas.
Como esa realidad les estropeaba su campaña, los ecologistas han recurrido -por enésima vez- a una mentira: el CO2 es un gas contaminante, repienten mil veces, y la mayoría de las personas se la tragan.
Según la Real Academia de la Lengua, “contaminar” es: “Alterar, dañar alguna sustancia o sus efectos la pureza o el estado de alguna cosa”.
El CO2 no es en absoluto contaminante, lo que invalida la justificación teórica para prohibir los aparatos o actividades que contribuyan al crecimiento del CO2 en la atmósfera.
Si no es un elemento contaminante, no tiene preferencia alguna por encima de muchas otras consideraciones técnicas y económicas. Es un factor más.
No debe aceptarse que la simple alusión a controlar las emisiones de CO2 justifique cualquier medida, como algo inapelable. Eso es un motivo a tener en cuenta, entre otros muchos.
En mi artículo de abril pasado, se hace repaso de la inacabable letanía de supuestos mandamientos ecologistas ... para Salvar el Planeta
La medida del Departamento de Energía
La Administración Obama, en sus meses finales durante 2016, introdujo unos estándares para las bombillas que hubiesen obligado a que la mitad de los 6.000 millones de bombillas instaladas en EE.UU. (hogares, negocios, vías públicas …) tuvieran que haber sido sustituidas durante 2020 y 2021 por otras nuevas, que la Administración federal considera que son más eficientes.
¿Desde cuando es función del estado decidir, en el lugar de los consumidores, qué es más ventajoso para sus intereses, en cuestiones normales de consumo?
Este creciente paternalismo (o autoritarismo), impulsado por los ecologistas y el ala izquierdista del Partido Demócrata, supone considerar a los ciudadanos como menores de edad, incapacitados para tomar decisiones por sí solos. El Estado debe suplantarles. ¡Cómo le hubiera gustado este razonamiento a Carlos Marx!
El insostenible argumento progresista aduce que con la nueva medida de la Administración Trump los consumidores perderán varios miles de millones de dólares, por el ahorro en el consumo de electricidad que habrían obtenido los ciudadanos.
Esto es, a esta izquierda extrema le parece lo apropiado cercenar la libertad de consumo y ofrecerles a los ciudadanos ahorros, a la fuerza, por impositivo legal.
La izquierda estadounidense, cada vez entiende menos la libertad, y se identifica menos con ella. Que se conserve la posibilidad de obtener bombillas tradicionales, incandescentes, no implica que todos los ciudadanos vayan a efectuar dicha elección de manera indefinida. Pero es que, si todos ellos optaran por las incandescentes, ¿acaso no es un asunto suyo y, allá cada uno? Si perdieran dinero, sería su dinero y nadie debería interferir en su decisión.
Como afirman los editorialistas del Wall Street Journal (WSJ), “La Administración Trump va a permitir que los consumidores hagan su propio análisis coste-beneficio, y también su elección sobre la funcionalidad y los aspectos estéticos” del asunto.
Las bombillas y focos LED no siempre son las apropiadas
No es preciso visitar muchos hogares en EE.UU. para percatarse de que a no pocos de sus residentes les gusta colocar algunas lámparas, de estilo vintage, con bombillas incandescentes de diversas formas e intensidades de luz, simplemente como decoración.
Por otro lado, los enormes beneficios económicos perdidos que está manejando la izquierda -14.000 millones $-, parecería que iban a producirse de un día para el otro, pero en realidad se producirían a lo largo de un periodo de 6 años (hasta 2025).
Finalmente, para ciertos usos las bombillas LED -que a la Administración Obama le hubiera gustado imponer- no son las más apropiadas, ya que su inversión inicial es muy elevada, y el periodo de amortización puede ser superior al periodo de uso que prevén ciertos consumidores y empresarios.
Pero a los ecologistas tipo plan quinquenal, eso de la libertad de elección sólo supone un incordio.
El instrumento está siendo un aparente tecnicismo: las normas de eficiencia energética
La inmensa mayoría de los ciudadanos de las naciones europeas, parece tender a pensar que cualquier medida que busque la eficiencia energética debe ser algo positivo, digno de recibir todo su respaldo. Pero les convendría entender que el diablo se esconde entre la letra pequeña de estos “tecnicismos”.
El intento de prohibición de las bombillas tradicionales por parte de Barack Obama se adoptó en nombre de la eficiencia energética y tomó la forma de unos estándares de eficiencia que implicaban la total supresión de las bombillas incandescentes.
Libertad de consumo y liberalización de la economía
Esta pequeña medida sobre las bombillas, encierra mucho simbolismo, y en realidad forma parte (como expuse en un anterior artículo) de la amplísima política liberalizadora de la economía nacional que la Administración Trump está desplegando desde sus comienzos. Política que tan enormes efectos beneficiosos está produciendo en EE.UU., no sólo en términos económicos sino ante todo de reconocimiento de mayores libertades a los ciudadanos y a las empresas.
La base ideológica de la Comisión Europea se enreda con el intervencionismo
Desde hace varias décadas la Comisión Europea está embarcada en una irresponsable carrera por expandir el peso y la influencia de los poderes públicos -como exigen los lobbies ecologistas radicales-, en casi todos los ámbitos de la vida de los europeos. Con ello, está recortando más y más las libertades de los europeos, guiados por una ideología estatalista y socializadora, análoga a la de Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra …
El estrepitoso y beatífico hundimiento de la Unión Soviética en agosto de 1991 -sin que Occidente tuviese que dispar ni un solo tiro-, arrastró en su caída al concepto político central, la lucha de clases, al que se habían adherido casi todos los partidos de izquierda.
En el mundo postsoviético, aquella ideología estatalista, malthusiana, ecologista y de la corrección política ha pasado a constituir la principal base ideológica y política del izquierdismo en infinidad de países y, también, en multitud de organizaciones internacionales, empezando por el Grupo Naciones Unidas y la Comisión Europea.
La Comisión Europea continúa mermando la libertad de consumo
En junio de 2016, el resultado del referéndum del Brexit en Reino Unido, nos libró a los ciudadanos del continente de un nuevo paquete intervencionista de la Comisión Europea. Al vencer en la consulta la opción equivalente al “no más Europa”, la Comisión Europea paralizó su plan hasta el presente, para no echar más leña al fuego del descontento hacia la UE y la Comisión Europea.
Quien sueñe que este disparate -más propio de un plan quinquenal soviético– ha sido definitivamente abandonado, se equivoca. Sólo están buscando el momento apropiado para imponerlo.
La Comisión Europea ya tenía preparada en junio de 2016 la normativa para (tras el referéndum británico) prohibir la venta de dos pequeños electrodomésticos de alto consumo de energía: los tostadores del pan y las teteras eléctricas (kettles).
En su inmensa sabiduría (esto es, despotismo burocrático) la Comisión Europea había diseñado las alternativas ecológicas al tipo de aparatos que los consumidores realmente deseamos mantener.
Por ejemplo, -según nos cuenta el diario británico cabalmente conservador The Telegraph-, “David Coburn, el europarlamentario del partido [pro-Brexit] Ukip, a principios de este año [2019] achacaba a la UE que su tostador [de pan, que debía ser un simpático “aparato ECO”] sólo tostaba suficientemente tras cuatro intentos”.
La Comisión ultimaba un nuevo embate prohibicionista contra la libertad de consumo
Además, tal parece que aquella primera prohibición de dos pequeños electrodomésticos era solo una prueba, para tantear el terreno y comprobar si los ciudadanos europeos tragaban dócilmente (como borregos), o no.
Dos años antes, en 2014, los ciudadanos británicos -con su protesta- habían impedido que las autoridades de Londres prohibiesen el uso de aspiradoras potentes. Ese es el camino correcto a seguir.
En paralelo, la Comisión Europea estudiaba aceleradamente en 2016 adoptar una prohibición a los secadores del pelo (de mano y de pie) más potentes, a las aspiradoras de más potencia, a ciertos ascensores, cortadores del césped (lawn mowers), ciertos smartphones, rooters para internet y un largo etcétera, hasta totalizar unos 30 aparatos.
A este sinsentido la Comisión Europea le denomina con el bonito nombre de Ecodesign Working Plan 2015-2017, luego prorrogado.
Esta pasada semana, a los tres meses de las elecciones al Parlamento Europeo (en las que creció mucho el voto euroescéptico), los sordos burócratas de Bruselas -comprobando que el horno no está para bollos, afortunadamente-, han vuelto a posponer la adopción del plan Ecodiseño ese, de las narices, con perdón.
Cuanto más protestemos, más tiempo conservaremos nuestras libertades, frenando la centralización progresista del poder.
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