Líderes EU deciden externalizar la gestión de los asilos de la UE

Ursula von der Leyen, Presidente de la Comisión Europea, está considerando externalizar la gestión de los asilos de la UE, en la cumbre UE de octubre de 2024.

De manera muy elocuente, hace un par de días, el diario digital estadounidense Político ha subtitulado del siguiente modo una de sus crónicas sobre la reciente cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 estados europeos miembros de la UE, celebrada en Bruselas:

“A medida que el sentimiento antinmigración crece en Europa, los dirigentes bajo amenaza [de los votantes] hacen suyos los enfoques sobre las fronteras que anteriormente se consideraban tabú”

Dicho sea de paso, aquel diario de centroizquierda de EE.UU. también afirmaba que “la Unión Europea y [el presente candidato a la presidencia] Donald Trump mantienen [en la actualidad] posiciones sobre inmigración más próximas de lo que las [meras] palabras dan a entender”.

Trump siempre ha mantenido que quienes se proponen solicitar asilo en EE.UU. lo hagan desde México, en vez de hacerlo en territorio estadounidense, donde «desaparecen» durante años.

Esta cumbre de los máximos dirigentes de la UE se centró en la acuciante crisis de la inmigración ilegal [que los buenistas la denominan “irregular”] que durante los pasados 10 años ha permitido que entren ilegalmente en nuestros países 8 millones de inmigrantes … ilegales, sin papeles, sin que apenas hayamos hecho nada para impedirlo, desde el irresponsable eslogan lanzado por la fracasada Canciller alemana, Angela Merkel, a comienzos de la invasión de 2015: “Wellcome refuges!”. Si aquello no supone una peligrosísima invasión descontrolada que pone en muy serio riesgo la pervivencia de nuestro modo de vida, nuestra cultura occidental -odiada y despreciada por gran parte de los musulmanes a quienes hemos “acogido”- y la cohesión de nuestras sociedades …

El 80% de los sin papeles para los que los tribunales UE ordenan su salida del territorio UE no llegan a ser expulsados

Recientemente, The Telegraph nos recordaba que “en 2023 menos del 20% de las 484.000 personas que fueron ordenadas [por los tribunales] que abandonaran la UE realmente fueron expulsadas, conforme a la [agencia estadística de la UE] Eurostat”. Este es otro decisivo aspecto de la crisis inmigratoria en la UE.

“Los gobernantes de la UE respaldan externalizar [la gestión de la inmigración y del asilo], pero no ofrecen detalles [de dicho plan]”

Tras el primer día, el 17 de octubre, de la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países miembros de la UE, la cadena Euronews lo anunciaba con el titular de aquí arriba.

“La [muy timorata y conservadora-solo-de-nombre] Ursula von der Leyen [renovada Presidente de la Comisión Europea] declaró que la UE va a considerar la instalación -fuera del territorio de la UE- de campos de deportación [return hubs] adonde remitir a quienes no hayan logrado [de los tribunales nacionales] la condición jurídica de refugiado”. Desde allí se les expulsaría a su país de origen o, si dichas personas ocultan su origen, a un tercer país en desarrollo considerado “seguro”, tales como Albania, Egipto, Túnez, Turquía, etc. Estos países recibirán elevadas sumas de dinero anualmente por prestar este servicio a la UE.

Es de sobra sabido que una vez que los millones de solicitantes de asilo político en los países de la UE agotan -sin éxito- sus posibilidades legales, con el apoyo de una pléyade de “organizaciones de ayuda a los migrantes”, como ya se encuentran dentro de las fronteras de la UE y valiéndose de la bienintencionada pero peligrosa “libertad de movimiento” que proporciona el espacio Schengen, los millones de inmigrantes ilegales que deberían ser expulsados se “pierden” por toda la UE y, de hecho, las órdenes de los tribunales son burladas.

A pesar de las limitaciones que aún presentan para la UE este tipo de soluciones, no debe pasarse por alto que esta es la primera vez que una institución tan buenista e irresponsable como la Comisión Europea va a “considerar” el tipo de mecanismos que hemos mencionado, considerados hasta anteayer como totalmente tabú para la necia burocracia de Bruselas, que ha ido empeorando esta crisis año a año.

Sanciones UE cruzadas a los países de origen que no colaboren con la UE en inmigración

Es fácil de comprender que si las autoridades de los principales países de origen de los inmigrantes ilegales a Europa colaborasen con los organismos de la UE en identificar a sus nacionales, una vez que la UE les mandase sus fotos, huellas dactilares y otros medios de identificación, resultaría mucho más fácil llevar a cabo las devoluciones de los sin papeles.

Hasta ahora, como es la costumbre de la inepta y acomplejada burocracia de Bruselas, no se ha empleado apenas las diversas y poderosas palancas de presión con que cuenta la UE. Pero estas palancas ya se han puesto sobre la mesa estos días de octubre.

Cuando se compruebe la falta de cooperación de dichos países origen de muchos de los inmigrantes, Bruselas se está planteando, en serio -espoleada por los países miembro- reducir o retirar completamente a aquellos países sus importantes ventajas comerciales para acceder al rentable mercado de la UE con sus productos; también, recortar las ayudas al desarrollo que vienen recibiendo de Bruselas desde hace décadas y escatimar la concesión de visados para su entrada en la UE a ciudadanos notables de aquellos países en desarrollo que no ayuden a controlar los flujos migratorios hacia la Unión Europea.

Países UE más activos en las políticas de centros para la inmigración y asilo

Como ya hemos dicho, el Gobierno de derecha nacional en Italia de Giargia Meloni ha sido el puntero en las políticas de creación de centros de deportación fuera del territorio UE, en concreto, el Albania, donde este pasado lunes, día 15 de octubre, ha abierto un primer centro en el norte de Albania.

Por otro lado, el nuevo gobierno de derecha dura de Holanda está manteniendo contactos para establecer un centro similar en Uganda, en el centro de África, adonde se transportaría a los inmigrantes ilegales por vía aérea.

Quiero mencionar brevemente, aunque se refiera a un país europeo ajeno a la UE, el Reino Unido, que bajo el anterior gobierno del Partido Conservador -a lo largo de años- llegó a un convenio diplomático con Ruanda, también en el centro de África, construyendo un amplio y espacioso complejo de residencias para los solicitantes de asilo. La amplitud de derechos que el Convenio Europeo de Derechos humanos (CEDH) -al que pertenecen países no UE- concede a los inmigrantes impidió que los tribunales británicos aprobaran aquel proyecto. El nuevo gobierno laborista lo ha abandonado, sin ofrecer a cambio ninguna política equivalente.

The Telegraph nos informaba hace unos días que “los estados miembro de la UE favorables a constituir centros de deportación [deportation or return hubs] fuera del territorio de la UE incluye a Italia, Grecia, Holanda, Austria, Polonia, Rumanía, Hungría, Finlandia, Dinamarca, Bulgaria, Chequia, Chipre, Malta y los 3 países bálticos”. Totalizan 16 de los 27 estados miembros de la UE.: claramente, más de la mitad de ellos. En el extremo contrario, el primer ministro de España, Pedro Sánchez, es uno de quienes más se opone a estas políticas, aunque está en franca minoría.

La vía que comentamos va a sufrir un acoso jurídico por sus opositores buenistas, de fuera y de dentro de la magistratura

Cuando el nuevo Ministro del Interior de Francia, Bruno Retailleau, exponía hace una semana sus ambiciosos planes en el ámbito de la inmigración, decía elocuentemente que “hará falta una revolución jurídica para retomar el control del caos inmigratorio”.

En Francia, su Constitución impide la solución de los centros de deportación, mientras que aquella no sea reformada, pero los demás países EU como Italia, Holanda, etc. también van a necesitar aquella “revolución jurídica” en contra de las innumerables disposiciones jurídicas que se han ido levantando a lo largo de décadas en favor de la política buenista e irresponsable de “fronteras abiertas”.

Por ejemplo, nada más abrirse el centro italiano para inmigrantes en Albania, un tribunal de Roma ha ordenado que ningún inmigrante permanezca en él.

Una larga y compleja batalla jurídica, en cada uno de los países UE que opten por librarse de semejante amenaza, es el único camino para invalidar las equivocadas políticas del pasado y librar a los ciudadanos europeos de los múltiples males que derivan de ellas.

Volviendo al caso de Italia, como su ejecutivo debía prever la posibilidad de alguna actuación judicial en contra del funcionamiento de sus instalaciones en Albania, al día siguiente a la decisión del tribunal de Roma -según informa la agencia de noticias británica Reuters– “el gobierno aprobó un decreto dejando sin eficacia las objeciones de [aquel] tribunal romano”. Naturalmente, la disputa judicial entre el gobierno de Georgia Meloni y, al menos parte, de la judicatura no ha hecho más que comenzar.

Como suele suceder, una absurda y reciente hiperbuenista sentencia del Tribunal Europeo de Justicia complica todo al establecer (según Reuters) que “únicamente puede considerarse ¨seguro¨ un país ajeno a la UE [para deportar a inmigrantes ilegales] si la totalidad de su territorio es considerado seguro”.