Se cuestiona el derecho al aborto en EEUU. Concentración provida frente al Tribunal Supremo.
Desde finales de enero de 1973, a partir de la anticonstitucional sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. Roe vs. Wade, de aquella fecha, se aceleró y amplificó en gran medida la implantación del ideario progresista en todo el mundo occidental, y mucho más allá, en infinidad de aspectos de la vida de esas sociedades:
“identidad de género”, “derechos de los trans”, medidas del feminismo radical (como romper la igualdad ante la ley de los acusados masculinos), adoctrinamiento woke en las escuelas (incluso en los jardines de infancia), descalificación de todos los blancos como racistas, total desacreditación de la historia nacional, denegación de la libertad de expresión a los discrepantes con la ideología woke, persecución de la libertad religiosa, relegamiento de las ayudas económicas y sociales a los ciudadanos nacionales frente a los inmigrantes ilegales recién llegados, etc.
Naturalmente, les llevó tiempo a los progresistas conseguir todo lo anterior, a partir de 1973, y en ciertas áreas geográficas -como Europa occidental- sucedió con más celeridad y rotundidad que en otras latitudes, tal como en Hispanoamérica; aquí, -acertadamente- se han resistido a aquella apisonadora, destructiva de los valores de multitud de sociedades, apisonadora que ha empleado infinidad de amenazas desde instituciones internacionales, como la desacreditada NNUU y la insufriblemente buenista Comisión Europea.
[Nota: El 24 de junio de 2022, finalmente, el Tribunal Supremo -tras casi 50 años- derogó el llamado “derecho al aborto”, sobre cuyo alcance he escrito un artículo]
50 años de dominio progresista en Occidente
Este proceso de casi imparable avance en el mundo del programa progresista más corrosivo y autoritario que ha conocido nunca la Humanidad (dejando aparte los totalitarismos del s. XX: el comunismo y el -mucho más breve- fascismo), ha durado alrededor de medio siglo.
Casi todos nosotros hemos vivido siempre bajo estas indeseables condiciones, que han ido haciéndose más sofocantes e injustas con el paso del tiempo; el intervencionismo progre (en la economía, en la educación, en la familia, etc.) y la demencia de los derechos LGBT, etc., hubieran sido impensables -incluso- hace doce años.
Pero, los más viejos del lugar (como quien escribe), tuvimos el privilegio de conocer “el mundo de antes”, con sus muchas limitaciones y defectos, pero tremendamente más humano y sano para las personas y para su libertad individual y más próspero para las sociedades. ¡Cómo lo añoramos!, aunque todo debe ir cambiando para que mejoremos, no para que nos fuercen los progresistas a ir a peor.
Este mes, probablemente, va a desaparecer el “derecho al aborto” como derecho nacional en EE.UU.
Como Vds. ya saben, este mes de junio es muy probable que el Tribunal Supremo de aquella gran nación democrática, por mucho que le pese a la progresía y a las élites internacionales, va a poner las cosas en su sitio, anulando casi todo el contenido de la sentencia del 22 de enero de 1973, que nunca debió ver la luz.
No me refiero a que el Tribunal Supremo de EE.UU. debía haberse abstenido en 1973 de dirimir este asunto por razones morales, sino porque carecía de legitimidad para hacerlo.
La función constitucional de los tribunales no es legislar. Únicamente el Poder Legislativo, democráticamente elegido por el conjunto de los ciudadanos, el Congreso estadounidense, debe poder crear nuevos derechos y adoptar nuevas políticas o modificar las vigentes, a nivel nacional.
Otra cosa es lo que legislen los 50 estados, en un sistema confederal como el de aquel país, que es muy querido por la inmensa mayoría de sus ciudadanos, con mucha razón y al que denominan -vagamente- como “federalismo”. EE.UU. es un país-continente, como dice mi mujer, y sus 50 estados vienen a suponer algo parecido a las naciones soberanas en la Europa democrática.
¿Se imaginan a la insufrible Comisión Europea y al no menos lejano y burocrático Parlamento Europeo haciendo tabla rasa de las múltiples legislaciones nacionales (cada una, resultado de las preferencias de sus ciudadanos, de Escandinavia o del Mediterráneo), en los 27 estados actuales, e imponiendo una misma receta, uniforme, a todas aquellas 27 sociedades nacionales, hasta en el más mínimo detalle? Espeluznante.
Sin la presidencia de Donald Trump, no podría suceder lo que estamos tratando ahora
A menudo mucha gente tiene la impresión de que algo importante sucede “porque sí”, pero las más de las veces, eso no es así: algún o algunos gobernantes lo han hecho posible. En este caso, el protagonismo del denostado Presidente Donald Trump es incuestionable.
Bajo su mandato (2017-2020) y por su expresa voluntad, Trump nombró a 3 magistrados del Supremo pertenecientes al ala más cabalmente conservadora y, concretamente, provida. Los nombró y los defendió a capa y espada, frente a las maniobras y los montajes más detestables y rastreros de los senadores del Partido Demócrata (durante el proceso para su confirmación), como las que orquestaron contra Brett Kavanaugh, que expliqué con detalle en este artículo.
Estos magistrados son, por orden de nombramiento: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y la magistrada Amy Barrett. Magistrados que, por su juventud, permanecerán varias décadas en el Tribunal Supremo, ya que estos cargos son vitalicios.
Los nuevos magistrados conservadores Gorsuch, Kavanaugh y Barrett
Trump se atrevió a crear una mayoría conservadora en el Supremo
Como se dijo entonces, la recuperación de un predominio conservador en el Supremo será la principal pieza del legado de la presidencia de Donald Trump, cuyos efectos saludables se apreciarán durante décadas, en EE.UU. y en todo Occidente.
Tras estos nombramientos, y por primera vez en muchas décadas, se estableció una fuerte mayoría conservadora en el Alto Tribunal, a finales de 2020: 6 a 3.
A pesar de lo dicho, el actual presidente –John Roberts– está actuando casi como un magistrado centrista, oscilando hacia uno u otro lado, según los asuntos abordados. Cuando Roberts se inclina hacia la izquierda, los 5 magistrados conservadores siguen ostentando la mayoría.
A lo largo de las pasadas décadas, casi siempre predominaron los magistrados de inspiración progresista, dando lugar a una mayoría de sentencias de dicho carácter, que moldearon el medio siglo progresista en EE.UU.
Las más de las veces, los magistrados a quienes se denomina centristas (nombrados por presidentes republicanos, cuando no contaban con mayorías en el Senado o carecían de la suficiente determinación política) se inclinaron hacia los magistrados progresistas.
No existe ningún “derecho al aborto” en la Constitución de EE.UU. ni en sus enmiendas
La cuestión es que ni en la Constitución de EE.UU., que entró en vigor en 1789 (año de la horrible Revolución Francesa, que fue mucho más allá del punto en el que debió haberse detenido), ni en ninguna de sus enmiendas que se habían incorporado hasta 1973, se reconocía nada ni lejanamente parecido a un “derecho al aborto”.
Por tanto, es indiscutible, y así se han pronunciado multitud de anteriores magistrados del Supremo y otros destacados juristas durante estos casi 50 años, que fue el Tribunal Supremo de EE.UU. el que creó -de la nada, con argucias jurídicas- el llamado “derecho al aborto”.
Al hacer eso, el Supremo se extralimitó en sus funciones constitucionales, actuando en tanto que legislador, lo que únicamente compete al Congreso de EE.UU., elegido por el conjunto de sus ciudadanos.
Como se lee en el borrador de sentencia (aún provisional) que se filtró -de modo totalmente ilegal- a los medios el pasado día 3 de mayo, lo que nunca había sucedido antes en dicho tribunal, en toda su historia, y fue difundido por un diario digital de izquierda, Politico:
“[La sentencia de 1973] Roe v. Wade fue una clamorosa equivocación desde el comienzo”. Se añade que “su argumentación era excepcionalmente débil y la decisión [esto es, aquella sentencia] ha comportado consecuencias dañinas”, a lo largo de décadas.
Aunque la autenticidad de este borrador no ha sido confirmada oficialmente, por haber procedido de un robo (cometido por algún progresista, posiblemente un law clerk, esto es, un tipo de becario muy preparado e ilustre), el autor que figura en el texto es, nada menos que, el magistrado del Supremo más enteramente conservador: Samuel Alito, quien lleva 17 años en el Alto Tribunal, nombrado por el injustamente denostado Presidente George Bush, hijo, en 2005.
Magistrado Samuel Alito.
Los parlamentos, no los tribunales, son los que deben establecer o modificar derechos
Naturalmente, aquella sentencia de 1973 no fue un simple “error”, aunque error jurídico lo hubo, pero es complejo y largo de explicar y no entraré en ello.
Los políticos del Partido Demócrata y los magistrados que le han sido afines, han repetido esta misma suplantación competencial en otras ocasiones y en diversos asuntos, cuando percibían que no iban a lograr sacar adelante sus propuestas políticas en el Congreso, por falta de escaños.
De todos modos, la sentencia Roe vs Wade ha sido, posiblemente, el caso más emblemático de esta extralimitación de funciones y el que ha tenido una influencia más duradera sobre la sociedad estadounidense. En EE.UU., a esta extralimitación competencial se le denomina “a Court´s overreach”.
La mayoría de los políticos republicanos y, también, no pocos demócratas (ahora en franca minoría, dentro de su partido y en la presente Administración Biden) se preocupan permanentemente por mantener y defender una adecuada división de los poderes del Estado, en vez de alterarlos irresponsablemente ante las necesidades partidistas coyunturales, de cada momento. Por eso, Estados Unidos cuenta con un sistema político sólido y envidiable, aunque Europa no tiene por qué copiarlo en su integridad … ni viceversa.
Los métodos de gobernación “creativos”, “pragmáticos”, mediante “atajos”, a los que acuden con alguna frecuencia los congresistas y magistrados de izquierda, suponen un profundo oportunismo, lo que debilita el sistema político y el delicado ejercicio de las libertades entre instituciones, regiones, grupos de ciudadanos, etc.
En este asunto, los países europeos lo han resuelto mejor
En el caso del aborto, en la casi totalidad de los países europeos democráticos se ha actuado del modo constitucional apropiado: han sido sus parlamentos nacionales los que han decidido crear este “derecho”. Que estas decisiones hayan sido o no correctas en el plano moral o político, es otro asunto. El haber actuado en Europa de un modo constitucional adecuado explica que las decisiones que se tomaron hace décadas hayan sido más aceptadas por una mayoría de la población, que en EE.UU.
No obstante, a nadie se le escapa que, incluso aquí, en Europa, se está levantando también un movimiento que reclama una nueva legislación, acorde con el primordial derecho a la vida, como está ocurriendo en España, Francia, Polonia, Hungría, Italia, Alemania, Austria, etc.
Si, algún día, naciones europeas deciden “echar para atrás”, “poner las cosas en su sitio”, “deshacer los excesos” del pasado medio siglo, habrá de ser -también- a través de sus parlamentos. Salvo que algunos gobiernos se hayan extralimitado en la aplicación de su legislación nacional sobre el aborto, o que las leyes adoptadas -en el pasado- por el poder legislativo -como en España– hayan contravenido normas de rango superior, tal que la Constitución del país, en cuyo caso deberá hacerse intervenir a los tribunales superiores, aunque lleve años conseguirlo.
La situación desde 1973 hasta la actualidad
La sentencia del Supremo de enero de 1973 creó un llamado “derecho al aborto” en todo el territorio nacional.
No obstante, aquel nuevo derecho no era absoluto sino limitado al periodo hasta que el feto adquiriera “viabilidad” propia, periodo que quedó fijado por el Tribunal Supremo en unas 24 semanas (unos cinco y medio meses). Ya entonces, verdaderamente, la viabilidad del feto se alcanzaba bastante antes de dicho plazo. Además, los avances médicos en este medio siglo han reducido mucho más aquel periodo: en torno a las 15 semanas (unos cuatro meses).
Por otro lado, desde 1973 quedaron establecidas unas pocas excepciones al plazo de las 24 semanas: en caso de grave peligro a la salud o a la vida de la madre, así como en los supuestos de violación e incesto, se ha permitido practicar un aborto en cualquier momento de la gestación. Otra cuestión es que la primera de estas excepciones se haya convertido en la práctica en un verdadero coladero en muchos países, como España.
Para mí, aun no siendo creyente desde 1969, dejar morir a un feto viable (como se viene haciendo en cientos de miles de casos, en EE.UU.) constituye un crimen, concretamente un infanticidio, radicalmente contrario a la naturaleza y dignidad humanas. No es sólo la vida y “el cuerpo” de una mujer la que están en juego ante un posible aborto, sino casi siempre dos vidas, viables, y nadie debe poder disponer de otra vida, por su sólo interés o conveniencia, salvadas las excepciones indicadas en el párrafo anterior.
Las 24 semanas han constituido un periodo mínimo
Aquel plazo de las 24 semanas constituía, en realidad, un periodo mínimo, general, en todo el país, para llevar a cabo un aborto. Esto es, ningún Estado podía impedir un aborto en las primeras 24 semanas.
No obstante, -gracias a la autonomía legislativa de los 50 estados- los estados más progresistas, como California, Nueva York y otros, han podido ampliar mucho el plazo para ejercer este “derecho”, hasta prácticamente el momento natural del alumbramiento, a los 9 meses, o algún otro plazo intermedio.
Por el contrario, los estados más conservadores, como Tejas, Florida y otros, se han mantenido en el plazo de las 24 semanas. En realidad, cada estado ha fijado varias normas secundarias propias.
En junio de 2017 expuse, con algún detalle, la evolución histórica de este asunto en EE.UU., lo que comporta cierta complejidad.
Situación si Roe vs Wade es anulada ahora: 50 legislaciones, de muy diverso carácter
Como el Congreso de Washington, D.C. nunca ha legislado sobre el aborto, la sentencia federal del Supremo de enero de 1973 es la única normativa de aplicación nacional, en todo el país.
Por consiguiente, si la sentencia Roe vs Wade fuera anulada, correspondería exclusivamente a los Congresos de cada uno de los 50 Estados fijar las normas aplicables, en cada territorio.
De hecho, cada Estado ya ha ido aprobando sus propias leyes sobre el aborto, durante estos pasados años y décadas, muy diferentes entre unos y otros Estados. Por ello, no es exagerado afirmar que, anulada la sentencia de 1973, se aplicarían 50 normativas distintas en el país, aunque la mayoría de ellas corresponderían a una orientación -predominantemente- conservadora o progresista del asunto.
Esto implica que la sociedad de cada Estado legislará en función de su propia inclinación particular y, además, serán las cámaras legislativas, representativas de cada Estado, las que adopten las nuevas normas. Por tanto, el procedimiento será plenamente democrático y, por decirlo de algún modo, descentralizado, en vez de un mismo modelo de zapatos para los 328 millones de personas que habitan EE.UU., constituyendo el tercer país más poblado del Planeta.
La única forma en que el aborto pudiera quedar prohibido en toda la nación sería que el Congreso nacional aprobase una ley de estas características, lo que resulta casi imposible que llegue a ocurrir.
Leyes de los estados, pendientes de que se derogue la sentencia de 1973
Docenas de leyes estatales sobre el aborto que ya han sido aprobadas, como las que establecen la prohibición total de practicar el aborto, salvo en las tres excepciones ya mencionadas, llevan años sin poder aplicarse, en sus respectivos territorios, por chocar contra lo dispuesto por la sentencia del Supremo de 1973. Pero, en caso de que dicha sentencia sea revocada, automáticamente podrán entrar en vigor.
Según nos informa el principal diario nacional conservador de EE.UU., el Wall Street Journal (WSJ), “22 Estados, incluido Tejas y Michigan, disponen ya de leyes [hasta ahora, “bloqueadas”] que prohibirán el aborto en la mayoría de los casos si [la sentencia] Roe vs Wade es revocada”. “Algunas de ellas, se tratan de leyes “durmientes” que proceden [incluso] desde antes del año 1973, mientras que otras son -digamos- leyes “desencadenantes” [trigger] que [en la actualidad no se aplican, pero] que entrarán en vigor tras una eventual sentencia del Supremo [revocando Roe vs Wade]“.
Entre los Estados en la situación restrictiva anterior, figuran muchos del Sur, centro (Midwest) y oeste del país: Misisipi, Luisiana, Oklahoma, Arkansas, las 2 Dakotas (la del Norte y el Sur), Wisconsin, Georgia, las dos Carolinas, etc. Muchos de estos territorios fueron colonizados en su día por la Corona de Castilla.
Por el contrario, unos 15 Estados y el (muy progre) Distrito de Columbia (D.C.) tienen ya aprobadas leyes para “defender los derechos reproductivos”, ante la eventualidad de que Roe vs Wade sea derogada. Se encuentran, principalmente, en ambas costas oceánicas: California, Oregon y el estado de Washington en el Oeste (junto a Nevada, donde está Las Vegas). En la costa atlántica, Nueva York, Nueva Jersey, Maryland y casi toda Nueva Inglaterra: Massachusetts, Connecticut, Maine, etc.
Otros artículos de mi blog sobre el aborto en EE.UU.
La cuestión del aborto en la historia de Estados Unidos. 12 de julio de 2017.
Trump y Obama ante el aborto. 17 de mayo de 2017.
La revocación de Roe vs Wade afianzaría la apertura de una nueva etapa conservadora en Occidente
Aunque para la inmensa mayoría de los europeos esté pasando inadvertido, sumidos en el agobiante buenismo imperante en el Viejo Continente y en sus medios (salvo en la parte oriental de Europa, en las antiguas repúblicas de la órbita soviética, que “tienen los pies en el suelo”), la realidad es que desde 2016 se ha abierto ya una incipiente reacción conservadora occidental.
Aunque aquí no hay espacio para extenderse en ello, el éxito del referendo -democrático- en Reino Unido en favor del Brexit, en junio de 2016 y la posterior victoria -igualmente democrática- de Donald Trump en las elecciones de noviembre, marcaron -más allá de cualquier duda- el comienzo balbuceante de una revuelta conservadora en Occidente, con la ambición de acceder al poder y emprender toda otra vía de evolución para nuestras sociedades; desde las instituciones legales vigentes, pero sometiéndolas a ciertas reformas.
Que en dicha trascendental reacción general se hayan cometido errores no sólo es comprensible, sino verdaderamente inevitable, aunque en todo momento se deban hacer esfuerzos por limitarlos.
Resurgir de la contestación conservadora en Francia
Un tercer momento relevante de esta nueva etapa en nacimiento ha sido la campaña presidencial en Francia, que ha culminado en abril de 2022. Macron, efectivamente, ha revalidado su mandato por cinco años (durante los que se seguirá agravando la crisis del sistema político francés), pero hay dos hechos relevantes que no deben ser marginados, como el poder y los medios establecidos pretenden:
1) en la segunda vuelta (el 24 de abril), la candidata de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, obtuvo el 40% de los votos nacionales, el porcentaje más elevado de ningún candidato de la derecha no convencional en Francia. Aunque en España -bajo el habitual predominio progre- se sigue pensando que quienes votan a Le Pen son “fachas”, esto es fascistas, ¿quién puede defender seriamente esta afirmación? ¿El 40% de los franceses es fascista? La propaganda les funciona porque -casi- nadie se atreve a cuestionarla, aquí.
Además de los propios votantes de la Agrupación Nacional (casi el 24% en la primera vuelta), le dieron su voto los ciudadanos de otras opciones de derecha: casi todos los del nuevo partido ¡Reconquista!, del antiguo polemista Eric Zemmour (7% en la primera vuelta), parte del histórico partido gaullista (ahora llamado Los Republicanos, LR), otros partidos de derecha (como “Francia, en pie”) y, por otro lado, un pequeño porcentaje de tradicionales votantes de la izquierda dura, descontentos.
Eric Zemmour
2) En apenas 8 meses, desde el verano de 2021, se puso en marcha un nuevo partido (¡Reconquista!) de lo que denominan allí derecha nacional, cuyo candidato – Eric Zemmour- ha cosechado la nada despreciable cifra del 7% del escrutinio nacional, en la primera vuelta de las presidenciales. Nada igual había ocurrido nunca en Francia.
Rechazo de la deconstrucción nacional y del multiculturalismo
La veterana y “viajada” periodista del principal diario conservador de Francia, Le Figaro (fundado en 1826), Laure Mandeville (que ha sido corresponsal en Washington, DC, Moscú, etc.), en un libro que ha publicado coincidiendo con las presidenciales, afirma lo siguiente sobre este nuevo partido y su líder, Eric Zemmour.
“El fulgurante ascenso [de Zemmour] en la campaña presidencial … no es fortuito. Se trata de una ola que procede de tiempo atrás y que desborda las fronteras de Francia. Es una ola popular occidental que se nutre de los fracasos … de las élites políticas [occidentales] y que no deja de promover al primer plano [de la política nacional] a personajes ajenos a sus filas [esto es, a “outsiders”, como Donald Trump y Eric Zemmour], para expresar sus reivindicaciones y sus profundas angustias … “.
Y la Sra. Mandeville prosigue de la siguiente manera: “Zemmour … pone de manifiesto la ruptura de una parte del pueblo francés con las élites [convencionales] a las que se juzga incapaces de resolver el incuestionable desafío [prácticamente, existencial] que supone la inmigración descontrolada y el lugar que el islam [debe ocupar] en nuestras democracias, así como -de un modo mucho más amplio- [que ha de hacerse con] la globalización [de todas nuestras economías]”.
Además, “el escritor periodista [Zemmour] canaliza la rebelión de una parte del país contra determinados valores “progresistas” [woke] que están empeñados en deconstruir toda nuestra base republicana [en el sentido francés], incluida la institución familiar tradicional”.
[Nota: la nueva obra de la Sra. Mandeville se denomina “Les revoltés d´Occident. De Trump à Zemmour que se passe-t-il vraiment?”. Editado en abril 2022, por Editions de l´Observatoire (Paris); 315 págs. El título puede traducirse por “Los rebeldes -o contestatarios- de Occidente”]
Descalabro en las legislativas
Desgraciadamente, esta significativa revuelta ciudadana en Francia, de momento, ha acabado mal. En la primera vuelta de las elecciones legislativas de ayer (12 de junio), el partido ¡Reconquista! no ha conseguido pasar a la definitiva vuelta en ninguna de las circunscripciones. El futuro político de este partido ha quedado seriamente comprometido.
Esto se ha debido tanto a algunos errores del propio líder, Eric Zemmour (quien, por ejemplo, apoyó al Presidente ruso Putin hasta que éste comenzó la invasión de Ucrania el 24 de febrero), como a la cerril y sectaria postura de la líder del partido tradicional de derecha dura, Marine Le Pen, quien se ha negado rotundamente a aliarse con el partido de Zemmour y con otros pequeños grupos conservadores, a pesar de que el sistema electoral vigente (mayoritario, de dos vueltas) premia a las coaliciones y castiga a las candidaturas en solitario de un solo partido.
Si hubiesen concurrido los dos partidos en alianza, las encuestas indicaron que habrían obtenido la tercera parte de la Cámara Baja, en vez del 5% de diputados que es la previsión actual para la Agrupación Nacional, de Le Pen. Como dije, el partido de Zemmour ha quedado ya fuera del parlamento nacional.
Rechazo de la deconstrucción nacional y del multiculturalismo
A pesar de este lamentable y triste descalabro, que nadie se equivoque: sea por cambios en el partido de Marine Le Pen (de hecho, formalmente ya se ha apartado hace unos pocos meses de la presidencia de su formación), sea por medio de la -muy difícil- reconstitución del partido ¡Reconquista! o por otra vía diferente, el pujante movimiento conservador en Francia volverá a recuperar fortaleza y protagonismo en los próximos años.
La rebelión popular que se está fraguando contra las políticas del Presidente Macron (como las políticas energéticas “verdes” y el encarecimiento de la gasolina) y que estallará en menos de 24 meses -de modo análogo a la revuelta de los chalecos amarillos de 2018 – 2019-, alimentará aquel proceso de recomposición política de la derecha francesa.
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