La bonita Ley de Cambio Climático que, en realidad, arruinará España
El 19 de mayo, el Gobierno del socialista radical Pedro Sánchez envió a las Cortes (el parlamento español) su proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), para su estudio y eventual aprobación. Pinchando aquí, accederá al texto del proyecto de ley, en la web del Ministerio.
La relevancia que el Gobierno concede a esta iniciática legislativa se aprecia en que la emprenda sólo 4 meses después de haberse constituido, y a pesar de encontrarse el país en plena crisis del coronavirus (con varios derechos ciudadanos restringidos, de hecho) y con la actividad parlamentaria a medio gas.
No hay, ni podrá haber ningún otro proyecto de ley en la presente legislatura que sintetice mejor el programa rupturista y anticapitalista de este Gobierno, que se encuentra más a la izquierda y en posiciones más autoritarias de todos cuantos se han formado desde la instauración definitiva de la democracia en España con la Constitución de 1978, hace 42 años.
Basta con repasar la introducción: el proyecto de “Ley pone en el centro de la acción política la lucha contra el cambio climático y la transición energética, como vector clave de la economía y la sociedad para construir el futuro …”.
Actividades industriales, agricultura, ganadería, explotaciones forestales, desarrollo rural, transporte aéreo, naval y por carretera, encarecimiento de la construcción de viviendas, cuestionamiento de todos los proyectos de obras públicas, restricciones al transporte en los centros urbanos, encarecimiento durante décadas de la electricidad y los combustibles, “cambios en los patrones de consumo”, esto es, restricción de la libertad de consumo, todas las empresas deberán llevar a cabo su propia “transición ecológica” … todo se vería afectado por esta ley, negativamente.
“Transformar el modelo económico” e imponer “un nuevo contrato social”
Este proyecto de ley tiene una vocación de totalidad –a la que denominan “transversalidad”-, de todo lo relativo a la economía y la vida social, abriendo el camino a una versión light de planificación central de la economía y de las costumbres sociales y provocando una invasión e intervencionismo del poder político en la vida económica y social de nuestro país, sin precedente desde 1978.
Una de esas “herramientas de planificación” serán los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC) que, cada 10 años, “orientarían las grandes decisiones en materia de política energética y climática y las inversiones públicas y privadas, asociadas a aquella”.
La Exposición de Motivos del proyecto de ley también afirma que “El Acuerdo de Paris [sobre el Clima] de 2015 … y la Agenda 2030 [de Naciones Unidas] … conllevan la transformación del modelo económico y un nuevo contrato social …”
Esta es una de las pocas afirmaciones del proyecto de ley que contiene una verdad: su propósito de introducir “un nuevo contrato social”, esto es unas normas colectivas de tal nivel, amplitud y relevancia que supondría la adulteración, por la puerta de atrás, de la Constitución española, que es el contrato social por antonomasia.
Otra de las escasísimas verdades del proyecto: esta ley “conlleva la transformación del modelo económico”. Una gran verdad.
Si este proyecto de ley resulta ahora aprobado y si el Partido Popular (el principal partido de la derecha en España), una vez más, no se atreve a derogarlo cuando llegue al poder en el futuro, la economía nacional dejaría de ser una “economía social de mercado” (como proclama la Constitución), convirtiéndose en una economía mixta fuertemente intervenida, tipo la de la Rusia actual, y la vida social española quedaría irreconocible.
Si esta ley llega a ser aprobada, el Partido Popular debería revocarla en el futuro, como ha hecho Trump en EE.UU. con leyes y regulaciones muy contraproducentes
En EE.UU., cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, como había sido votado expresamente para imprimir un gran giro político frente al progresismo practicado por su predecesor Barack Obama, derogó infinidad de reglamentaciones que atenazaban a las empresas en general y a las energéticas en particular, liberalizando la economía.
También consiguió Trump que el Congreso aprobara la mayor rebaja fiscal en casi 4 décadas (dejando mucho dinero en los bolsillos de los particulares y empresas), a pesar de la oposición frontal de la izquierda; acometió de forma decidida la supresión de normas en favor del llamado derecho al aborto aprobadas por Obama; defendió –en lugar de atacar, como hizo Obama- la libertad religiosa de las Hermanitas de los Pobres; salvó al país de las muy gravosas obligaciones del Acuerdo del Clima de Paris (de 2015), retirándose del mismo, etc.
Como Trump se atrevió a dar semejante golpe de timón a la política nacional, se creó un decidido sector de ciudadanos incondicionales que, desde luego, volverá a votarle este mes de noviembre y, probablemente, lograrán mantenerle en la Casa Blanca otros cuatro años.
Como dijo el ensayista Joseh Epstein, en 2018: “Los americanos se volvieron hacia Trump [en 2016] para detener la marea progresista” que asolaba el país. Los ciudadanos conservadores se sentían en 2016 muy “marginados” y “extrañados” en su propio país.
“A España no la va a reconocer ni la madre que la parió”
Si los españoles no impedimos que la pesadilla climática salga adelante, como dijo en su día el dirigente socialista Alfonso Guerra, “a España no la va a reconocer ni la madre que la parió”. En esas estamos, aunque gran parte de los ciudadanos aún no son apenas conscientes del grave peligro en ciernes y piensan que es algo bueno “porque tiene que ver con el medio ambiente”.
No puede sorprendernos que la introducción al proyecto de ley destaque que “Resulta por todo ello necesario mejorar la capacidad del Estado para hacer frente a las oportunidades y a los desafíos de la transición ecológica”.
Salida verde de la crisis económica o reactivación económica rápida y sostenida
No sólo en España, en casi todos los países occidentales (empezando por Europa occidental, pero no en centro Europa) se plantea en estos momentos, de manera perentoria, esta disyuntiva que es básicamente excluyente.
1) Bien tomar todas las medidas apropiadas para incrementar la actividad económica cuanto antes y con un impulso continuado, que consiga una vigorosa creación de empleo.
2) O bien, por el contrario, “aprovechar la crisis económica –que es bienvenida por los ecologistas–” para, sirviéndose de la relativa sumisión social que produce el temor de una pandemia, imponer a toda prisa la “transformación del modelo económico”, con las gravísimas consecuencias económicas y sociales que ello conllevaría.
Este segundo, es el camino que ya ha elegido el actual gobierno de España, más que casi ningún otro país y que queda plasmado en el proyecto de ley que comento.
Reactivación débil, exánime, con elevadísimo desempleo de larga duración
Entre dichas secuelas figuraría una reactivación anémica, débil, con elevadísimas tasas de desempleo y muchos millones de españoles dependiendo de subsidios públicos durante dos años o mucho más tiempo.
Entre esos millones de desempleados no pocos estarán deseando reemprender una actividad productiva, ser útiles para ellos mismos y para la sociedad, pero a otros cuantos millones la izquierda les habrá “(mal)educado” en que vivir sin trabajar es una opción tan legítima como decidir trabajar y que “la sociedad tiene que mantenerles, dignamente”, de modo permanente.
Quienes se escandalicen de esta proposición, deberían explicar qué otra cosa ha implicado desde 1984 el Plan de Fomento de Empleo Agrario (PER), como se llamaba, creado por el primer gobierno socialista de la democracia. Se puso en marcha por una sequía, con carácter provisional para 2 años, para Andalucía y Extremadura, ¡y se ha convertido en un privilegio intocable!, 36 años más tarde. Decenas de miles de familias, unas 150.000 personas, reciben lo que equivale a sueldos sin apenas trabajar. Una vergüenza nacional, para la izquierda, claro.
Ahora, el actual gobierno izquierdista, está tratando de poner en marcha el escandaloso plan de una renta mínima vital, de la que se aprovecharían 3 millones de personas más. Después de mentir, lo que mejor sabe hacer la izquierda española es organizar la compra de votos, con el dinero público.
Esta segunda senda, elegida por el gobierno, que conduce a una ruina generalizada, a millones de españoles viviendo en una verdadera situación de pobreza total , únicamente se ha conocido en España durante los pasados 100 años en el periodo de la guerra civil, 1936 a 1939, y a comienzos de la dura posguerra, con el país destrozado.
Ésta será la sociedad moderna, eficiente y sostenible, que anuncia el proyecto de ley.
Medidas del proyecto de ley que obstaculizarían una reactivación enérgica
Como (casi) todo el mundo sabe, no favorece a una rápida recuperación económica ninguna de las siguientes medidas que figuran en el proyecto de ley:
— encarecer fuertemente la electricidad (para empresas y hogares) y los combustibles (gasolina, gasóleo, gas para la calefacción de los hogares), de manera permanente;
— encarecer, retrasar e incluso paralizar durante años todo tipo de obras públicas con “la inclusión … en los pliegos de contratación, de [nuevos] criterios de reducción de emisiones [de CO2]”, como acaba de suceder con el decisivo proyecto de expansión del aeropuerto londinense de Heathrow, que los ecologistas vienen paralizando desde más de 10 años;
— elevar el coste de la construcción de nuevas viviendas, exigiendo “un [muy] alto nivel de aislamiento térmico en las construcciones”;
— encarecer las viviendas ya edificadas, al exigirles también hacer obras para respetar normas muy rigurosas de aislamiento térmico;
— obligar a todas las viviendas, a instalar puntos de recarga para los vehículos eléctricos;
— implantar nuevas obligaciones laborales, como crear “empleo decente”, esto es, retribuir en exceso muchos puestos de trabajo que los sindicatos califiquen de no-decentes;
Desvertebración del sistema financiero que dejará de asignar los recursos de modo eficiente
— nueva obligación de que todas las empresas que coticen en Bolsa tengan que preparar anualmente un “reporte” (sic, querrán decir, un informe) “no financiero … incorporando información … sobre su exposición a riesgos climáticos”. Traducción al román paladino: la finalidad de dicho informe es dificultar la financiación de las empresas que no puedan recibir la calificación de “verde”.
Por ejemplo, las empresas automovilísticas, hasta que fabriquen una mayoría de vehículos eléctricos; todas las químicas, las cementeras, casi todas las empresas que fabrican metales o los transforman, etc. Sería un instrumento más para desindustrializar España.
— “hacer de la sostenibilidad un pilar del sistema financiero”. Traducción: además del informe ya mencionado, se establecerían diversas otras normas (mandatos de obligado cumplimiento), que asegurarían la financiación de las nada rentables energías renovables y de todo otro tipo de “empresas verdes”.
Esto se lograría a consta de obstruir la financiación hacia todos los demás tipos de empresas “contaminantes”, por muy rentables, competitivas y útiles para la sociedad que fueran.
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